La decisión del gobierno argentino de expropiar Vicentín, una de las grandes empresas agroexportadoras del país, revive temores entre empresarios e inversionistas, justo cuando el Ejecutivo de Alberto Fernández intenta reestructurar 66 mil millones de deuda con acreedores del exterior.Cuarto mayor vendedor de cereales y aceites de Argentina, con un volumen anual de negocios de unos 3 mil millones de dólares, la casi centenaria Vicentín está en bancarrota y se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre. Su deuda asciende a unos mil 300 millones de dólares. Tiene 2mil 638 acreedores, muchos de ellos productores.El mayor acreedor es el estatal Banco Nación, con una deuda de unos 255 millones de dólares por créditos que están bajo investigación judicial.El lunes, Fernández anunció la intervención por decreto de esta firma fundada como empresa familiar, y la intención del gobierno de expropiarla mediante una ley que deberá aprobar el Congreso.La medida hizo estallar la polémica."No estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra", justificó el mandatario de centro-izquierda, al aseverar que se trata de rescatar a una compañía con más de 2 mil empleados y 2 mil 600 productores "varados".Su idea es convertirla en una empresa mixta, con 51% de capital estatal y 49% privado, así como evitar que sea adquirida por alguna compañía extranjera. "El Estado tiene un rol que es el de garantizar la presencia de capitales nacionales", declaró Fernández.
