Vivimos la era de la conciencia de los derechos. Nunca, como ahora, las comunidades y las personas han tenido tan claras las prerrogativas que pueden hacer valer frente a los demás y ante las autoridades. Dicho de otra forma, las personas se sienten seguras del derecho que les corresponde. La defensa de la ley expresada en la Constitución significa entonces la lucha por los derechos propios y los de los demás. El Estado asume como tarea principal asegurar que se cumplan las expectativas establecidas en la ley fundamental. Ésa es la piedra angular de la democracia constitucional que ahora parece amenazada por una ola de populismos en el mundo que, de manera abierta o encubierta, pretenden someter los principios constitucionales a la voluntad política mediante toda clase de artilugios legales, políticos o de comunicación.El juicio político contra el presidente Trump, las maniobras de Evo Morales en Bolivia, los recovecos del proceso de Brexit en el Reino Unido son sólo una muestra de esas manifestaciones. Sin embargo, como es claro, hay muchas diferencias entre cada caso, porque una de las cuestiones clave es la solidez de las instituciones que permiten la acción de los contrapesos. En el caso de Estados Unidos o el Reino Unido, los parlamentos están haciendo su labor y los tribunales por su parte actúan sistemáticamente.En el caso de Bolivia las cosas son distintas y requieren de una inspección externa ante lo que parece una elección fallida. En México se ha planteado un desafío que adquiere dimensiones simbólicas: la elección del gobernador de Baja California, convocada para cubrir un periodo de dos años y que pretenden ampliarlo a cinco mediante otro de esos artilugios que atentan contra los principios democráticos consagrados en la leyes, de las que ahora tenemos mucha más conciencia.La actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso significa mucho más que resolver un caso más; será un símbolo que puede convertirse en una señal de debilidad ante las presiones políticas o una acción que afirme un cierto grado de autonomía.El argumento que sostiene la ilegalidad de las maniobras del Congreso de Baja California para extender el mandato es intachable y desestimarlo sería no solamente una decisión cuestionable desde el punto de vista jurídico, sino una aberración política que abriría las puertas a mayores atropellos.Esto resulta aún más delicado si se considera que nuestro máximo tribunal se encuentra ahora mismo sujeto a presiones que pueden socavar aún más su autonomía, tanto por factores políticos, como por las consecuencias de una purga interna que puede fortalecer o debilitar su posición frente a factores reales de poder como el narcotráfico y las autoridades locales.En ese contexto habrá de resolverse el caso de la llamada “Ley Bonilla”, que por el bien de nuestra democracia debe terminar por invalidar la pretensión de extender el mandato del gobernador electo y someter a las autoridades estatales al cumplimiento estricto de las normas constitucionales.Ahora mismo, la conciencia del derecho que tenemos todos hace mucho más evidente la arbitrariedad política y pone en evidencia a quienes pretenden colocarse potencia de la ley para gobernar.
