Economía

Argentina anula resistido impuesto flotante a exportaciones alimentarias

La decisión pondrá en marcha nuevamente el mercado cerealero externo -que junto con manufacturas agroindustriales representan unos 35 000 millones de dólares anuales

BUENOS AIRES. El Gobierno argentino anuló el viernes un  impuesto flotante a las exportaciones de cereales y oleaginosas, que provocó  una larga rebelión de agricultores y una resonante derrota del proyecto en el Congreso, donde la presidenta Cristina Kirchner tenía mayoría propia.

La decisión está acompañada de un llamado a debatir una nueva política  agropecuaria para los pequeños agricultores.

El Gobierno esperaba recaudar este año unos 11.000 de los 24.000 millones  de dólares que genera la cosecha de la soja, sólo por tarifas aduaneras, sin  contar otros impuestos, pero la nueva medida puede significar que el fisco  reciba, como el año anterior, unos 9.000 millones de dólares.

La decisión pondrá en marcha nuevamente el mercado cerealero externo -que  junto con manufacturas agroindustriales representan unos 35 000 millones de  dólares anuales- que estaba paralizado desde hace 130 días por el conflicto con  los agricultores en rebelión fiscal y favorece a los productores que aún  retienen 28 de los 46 millones de toneladas de soja cosechadas.
 
La decisión del Gobierno implica que la tasa aduanera de las llamadas  'retenciones' o tributos a las ventas externas volverá a ser de 35% fija para  la soja, y no a 48%; de 32% para el girasol; 28% para el trigo y 25% para el  maíz.

"Esto nos conforma. Ahora hay que dedicarse a carnes, leche, y economías  regionales", dijo Hugo Biolcatti, uno de los líderes de la protesta agraria que  cumplió 130 días y segundo jefe de la Sociedad Rural, que nuclea a los 10.000  más grandes propietarios de la tierra y productores del agro.

No obstante, Eduardo Buzzi, líder de la Federación Agraria, que agrupa a  los agricultores de menor porte, dijo que "el Gobierno hizo la lectura correcta  de lo que decidió el Sendo, pero aún falta reducir el impuesto para los  pequeños y medianos productores".

Los agricultores de menor tamaño, como los representados en la Federación,  habían sido beneficiados por el proyecto del Gobierno con una compensación  tributaria que les fijaba una tasa de 30% para la soja, pero ante el voto del  Senado también ha quedado anulada.
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