Se debe anteponer la política al vandalismo e ilegalidad: Gamboa

CIUDAD DE MÉXICO (07/ABR/2013).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Emilio Gamboa, afirmó que la política se debe anteponer al vandalismo y a la ilegalidad, y consideró reprobable e intolerable que con el pretexto de la reforma educativa se altere el orden social.

En un comunicado, el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que se debe de privilegiar la política para solucionar el conflicto magisterial.

"El grupo parlamentario del PRI está convencido que en el México de hoy no siempre deben ganar quienes se movilizan y protestan por el simple hecho de hacerlo; creemos que debemos ganar los que tenemos la disponibilidad de diálogo, los que anteponemos la política al vandalismo y a la ilegalidad", puntualizó.

Sostuvo que la mayoría de los mexicanos piensan de esa manera, pues nadie tiene derecho a poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones, con quienes se tiene la obligación de una educación de mejor calidad.

Por ello, Gamboa Patrón afirmó que los senadores del PRI "nos seguiremos esforzando en promover mejores leyes, que cumplan con las exigencias que demandan las circunstancias actuales".

"Hoy, los tiempos de la impunidad, el chantaje y la ilegalidad son pasajes de un México que ya no existe, hoy estamos obligados a cumplir con los límites de la legalidad y reconocer que en nuestro país hay orden y mando", agregó el legislador federal.

Afirmó que es un hecho que la reforma constitucional en materia educativa fue un proceso transparente, de frente a la ciudadanía y al magisterio, cuyo resultado está avalado por ambas Cámaras del Congreso y los congresos estatales, conforme lo marca la Constitución.

Gamboa Patrón aseveró que la reforma educativa ya es constitucional, y no se va a permitir retroceso en su aplicación, porque "nadie puede estar conforme con la calidad que hoy ofrece la educación pública, y es inmoral pretender que las cosas se mantengan igual".

Las demandas deben tener como límite el marco de la legalidad y ser atendidas a través de una política de Estado, no con el formato de que quien protesta gana, subrayó.

Es decir, se debe aplicar una solución conjunta entre el gobierno federal y los estados con la finalidad exclusiva de resguardar el Estado de derecho, concluyó el senador.