La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, presentó una contrapropuesta de reforma judicial, con la intención de que sea analizada por el Congreso de la Unión.Mientras ayer se discutió en el Senado el dictamen impulsado por Morena y aliados —que contempla principalmente la elección de juzgadores por el voto popular—, la ministra Piña informó sobre la publicación de dos propuestas: una que expresa la visión de la Judicatura y la otra que pone en la mesa las visiones de legisladores, organizaciones civiles, la academia y estudiantes.“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia”.En el documento se exponen puntos como promover la desmilitarización y fortalecer el acceso de las autoridades en labores de seguridad, promover la justicia penal, el acceso a la justicia y los derechos humanos, el acceso a la justicia frente al fenómeno de la desigualdad, los procesos y recursos judiciales efectivos y la creación de la Ley General de Defensorías Públicas, entre otros puntos.Señaló que la propuesta surgió desde la Judicatura en un “proceso reflexivo y autocrítico” de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados, además de personal de los órganos jurisdiccionales y los sistemas de justicia locales. Explicó que el objetivo “es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia”.Aprovechó el mensaje para reiterar su llamado “respetuoso, pero firme a los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, porque podemos cambiar las cosas”.Dijo que entre los Poderes de la Unión “debemos escucharnos” y escuchar a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. “Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”.Las declaraciones llegan mientras el Senado inició la discusión de la polémica reforma, en medio de protestas de trabajadores judiciales, estudiantes y miembros de la oposición, que buscan frenar la iniciativa. También hay advertencias de organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch, así como entidades financieras como Citibanamex, Morgan Stanley y UBS, incluyendo a las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.Ayer, tras más de siete horas de debate, Morena y sus aliados no se salieron de su guión y aplicaron su aplanadora para aprobar la reforma judicial en comisiones de la Cámara Alta, con 25 votos a favor por 12 en contra.El dictamen fue enviado al pleno. El martes se le dará primera lectura y el miércoles se inicia con el debate y votación. Miles de trabajadores, estudiantes universitarios e integrantes de la oposición se congregaron ayer en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Senado mexicano para intentar frenar la polémica reforma judicial previo a la discusión en el Senado.Desde primera hora, los inconformes se congregaron en diferentes puntos del Centro de la Ciudad de México para manifestar su rechazo contra la iniciativa impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone, entre otras cosas, la elección de jueces por voto popular.Al grito de “Sin poder judicial ¿quién te va a amparar?” y “El Poder Judicial no va a caer” y pancartas con leyendas como “Es falso que la votación le haya dado a la 4T el poder de reformar la Constitución”.Entre los manifestantes se pudieron ver a algunos políticos, además de un contingente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quienes con gritos de “Poder Judicial aguanta, la UNAM se levanta” mostraron su inconformidad por la propuesta.“Es parte de un proyecto político totalitario, no es sólo venganza, es la manera de poder ejercer ese proyecto sin contrapesos, antidemocrático”, zanjó un estudiante.La reforma al Poder Judicial ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa, lo que orilló a los legisladores a llevar a cabo la sesión en una sede alterna, ya que los accesos al Palacio legislativo fueron bloqueados por los inconformes.El Universal Comisiones del Senado ayer aprobaron en lo general el dictamen de reforma del Poder Judicial, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que busca elegir a través de voto popular a jueces y magistrados, entre otros puntos.La aprobación, que se dio sin modificaciones, ocurrió con 25 votos a favor de la alianza oficialista conformada por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT); y 12 en contra provenientes de la oposición.Ahora, la iniciativa será discutida en lo particular para ser enviada al Pleno donde se prevé su discusión y votación el próximo miércoles.Además de la elección de jueces por voto popular, el dictamen reduce de 11 a nueve ministros y ministras los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como su duración en el cargo de 15 a 12 años.Además, dispone que ninguna persona que haya sido ministro pueda ser electa para un nuevo periodo, que la Presidencia de la SCJN se renueve cada dos años, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, y que ésta corresponda a quienes alcancen mayor votación.Al finalizar la sesión hubo reacciones entre los legisladores, entre ellos Waldo Fernández González, del PVEM, subrayó que es falso que se “destruya” la carrera de los trabajadores del Poder Judicial y que cualquier persona se pueda inscribir para ser ministro, magistrado o juez.Por su parte la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, manifestó que artículos del dictamen contravienen a otros artículos de la propia Constitución, así como a diversas disposiciones convencionales y tratados internacionales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lo que pone en peligro la economía.El dictamen de reforma se aprobó en medio de protestas, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa.Agencias CT
