Siete años -cumplidos entre ayer y hoy- después de la masacre (por definición, “matanza de personas”) de Ayotzinapa, la tragedia continúa...El clamor de familiares y allegados de los 43 estudiantes normalistas, de que “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, carece, según todos los indicios, del mínimo asidero con la lógica. La comisión creada por decreto presidencial en 2018 con la sana intención de desarticular la “verdad histórica” y sustituirla por la verdad sin apellidos, ha logrado -en palabras del abogado de los familiares de las víctimas- avances “mínimos”. Ni los autores intelectuales ni los materiales de aquella carnicería han sido plenamente identificados o sancionados.-II-Hechos (según el informe del fiscal especial, Omar Gómez Trejo):1) De los restos encontrados en 53 lugares diferentes, se ha logrado la identificación plena de tres estudiantes.2) En los siete largos años transcurridos, “han fallecido o han sido ejecutadas 21 personas vinculadas con el caso”.3) Todas las personas señaladas en 2014 por la PGR como autores materiales de la desaparición y ejecución de los estudiantes, fueron exoneradas por resolución judicial, por haber indicios de que habían sido torturadas.Del hecho adicional de que -según declaraciones del abogado de los familiares, Vidulfo Rosales- no se ha logrado cumplimentar ninguna de las 40 órdenes de aprehensión vigentes a partir de la creación de la comisión y la fiscalía especial, se llega a la conclusión (del propio Rosales en declaraciones a la prensa, el sábado que los familiares tuvieron audiencia con el Presidente López Obrador en Palacio Nacional) de que la Fiscalía General es “un elefante blanco que no camina”.-II-La noticia -o, mejor dicho, la falta de noticias; el estancamiento de un asunto que se ha empantanado entre las la bullanga estéril de las manifestaciones y la estridencia igualmente estéril de la palabrería- coincide, casualmente, con el informe de la encuesta del INEGI sobre delincuencia e inseguridad, según el cual 92.9% de los delitos que se cometen en México no se denuncian, por razones de sobra conocidas: excesiva burocracia, desconfianza, miedo a represalias de los delincuentes, temor a extorsiones, actitudes hostiles de las autoridades, etcétera.Si del 7.1% que sí se denuncian, alrededor de 94% ni se esclarecen ni -en consecuencia- se sancionan, la desoladora conclusión es que México sigue siendo, a despecho del discurso oficial (y quizá, de las buenas intenciones de algunos funcionarios que, por desgracia, sólo excepcionalmente se traducen en hechos), el paraíso de la impunidad. (Fin).
