La buena noticia es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece estar decidida a hacer valer la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha mostrado con creces un profundo desprecio por los contrapesos como el de los organismos constitucionales autónomos que nos costaron años construir como sociedad.Prueba de ello es el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar Morales, en el que propone declarar inconstitucional la solicitud que hizo el Presidente, a través del Senado de la República, para realizar una consulta popular en la que se pregunte si se debe o no enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.Los ministros de la SCJN ya dieron una primera muestra de su independencia al invalidar en mayo pasado la llamada “Ley Bonilla”, que el gobierno de la autollamada cuarta transformación apoyaba calladamente en público y abiertamente en privado como lo hizo la ex ministra y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La Corte echó abajo esa Ley con la que el gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, electo en 2018 para gobernar sólo por dos años, pretendía ampliar delincuencialmente su mandato a cinco años, por considerarlo un fraude a la democracia, a la Constitución y a los votantes de Baja California, y que era un claro experimento para medir reacciones ante un eventual proyecto de ampliación de mandato que denotaba francas tentaciones reeleccionistas.Como ya había comentado aquí, la ocurrencia de la consulta para enjuiciar a los cinco últimos ex presidentes, que no tuvo el eco ni el respaldo popular que esperaban en la recolección de firmas para convertirla en iniciativa ciudadana y que abriría un absurdo y estéril debate, constituía el nuevo distractor para sustituir la también malograda historia de la fraudulenta rifa del avión presidencial.Además del manejo faccioso que el gobierno de la 4T ha hecho de la Fiscalía General de la República con el contraste de la justicia sin gracia en el manejo del caso Rosario Robles; la laxitud sin límites otorgada al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya; y aún más con el silencio cómplice que ha mantenido en el caso de su hermano Pío López Obrador, quien fue pillado recibiendo dinero ilegalmente para Morena, el tratar de condicionar la impartición de justicia a la que está obligada la Fiscalía con la aportación de pruebas en contra de quien presuma actos delictivos, al resultado de una encuesta no sólo lesiona más gravemente la lucha anticorrupción prometida por el tabasqueño, sino que pone al país en una ruta de regresión al volver a los tiempos de los juicios sumarios que dicte la voluntad popular. Por eso habrá que celebrar que la inadmisible justicia por aclamación que propone López Obrador tenga un primer freno con el proyecto del ministro Aguilar, y sea rechazado el próximo 1 de octubre por las y los 11 ministros, y el Presidente sepa que aunque en este caso “no solamente interviene un ministro” como dijo ayer, hay Corte libre para eliminar su nuevo distractor.jbarrerar@gmail.com
