En las últimas semanas se ha insistido en redes sociales, en espacios informativos y en incontables charlas de café, en un rompimiento entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco. Enrique Alfaro Ramírez confrontado con Raúl Padilla López. ¿Las causas? Diferencias de opinión sobre el proceso de reactivación económica y eventos como la elección, en el Congreso estatal, de los tres nuevos integrantes de Consejo de la Judicatura, pues con la alianza entre Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN), ninguna posición le tocó al Grupo Universidad.Es una lectura apresurada y superficial de la complicada realidad que está viviendo el Estado de Jalisco.El pasado viernes 26 de junio, en entrevista con el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, tuve la oportunidad de preguntarle específicamente sobre el famoso rompimiento. “Tenemos diferencias de opinión”, dijo. “La Universidad de Guadalajara está obligada a dejar clara su postura (…), la responsabilidad de decidir la tiene el Gobierno del Estado”.El rector agregó que con madurez política, se sostienen estas diferencias de opinión que no significan ningún rompimiento.La situación es meridianamente clara: los diferentes factores de la economía jalisciense llevan semanas ejerciendo presión sobre el Gobierno estatal y el gobernador mismo. Les urge regresar a sus actividades y mover la rueda de la economía. Incluso este lunes 29 hubo una manifestación de meseros y organizadores de eventos que insistieron en que les permitan trabajar. Es un escenario difícil y tiende a empeorar no sólo para este sector, sino para muchos otros.Por su parte, la Mesa de Situación de la UdeG presenta los elementos científicos que permiten prever un mayor número de contagios de COVID-19 y por tanto, más hospitalizaciones y riesgo de que la cifra de fallecimientos crezca. Su postura es inequívoca: primero la salud y después las actividades laborales. Por eso, el rector Villanueva insistió en su petición de que no se permitiera la apertura de teatros, cines y parques públicos a partir de esta semana.Pero la responsabilidad de decidir recae en el Gobierno estatal y en el gobernador Enrique Alfaro, y no atendieron la sugerencia de los especialistas médicos que asesoran al rector universitario.Esto trasciende, y por mucho, un desencuentro político.Las diferencias de carácter político y las pugnas por los espacios de poder son reales y continuarán. Si el Grupo Universidad no consiguió en esta ocasión una de las tres plazas en el Consejo de la Judicatura, seguramente presionará para ocupar otros espacios en futuros procesos. Lamentablemente, ha sido imposible que las fuerzas partidistas representadas en el Congreso estatal dejen de repartirse, literalmente, los cargos públicos que les toca elegir. Mejorar los procedimientos de selección es una tarea que seguirá pendiente.Por otra parte, en las batallas electorales y presupuestales que vienen, tanto el grupo político del gobernador Alfaro como el de la UdeG, tienen muchos incentivos para aliarse y enfrentar a su adversario natural: el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.Cada cosa en su tiempo. Por ahora, lo que más le conviene a los jaliscienses es que en medio de la pandemia, la crisis económica y otras amenazas como la violencia creciente, la Universidad siga aportando argumentos sólidos para atender los riesgos de salud, y el Gobierno estatal asuma con conocimiento su responsabilidad al decidir qué hacer, sabiendo qué se gana y qué se pierde.
