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Que no termine la indignación
Que no termine la indignación
Desde que inició la mal llamada guerra contra el crimen organizado al arrancar el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006, han pasado muchos episodios de violencia que han sacudido e indignado a la sociedad mexicana. El descubrimiento de una matanza, de una fosa clandestina, una desaparición masiva o el descubrimiento de un centro de exterminio, como ahora ocurre con el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, desatan la ira, el dolor y la indignación de partes importantes de la sociedad.
En el pasado nos hemos escandalizado, conmocionado e indignado por episodios como la matanza y la fosa clandestina donde se encontraron a los migrantes en San Fernando, Tamaulipas; por el horror de la brutal matanza de Los Zetas perpetrada contra cientos de personas en Allende, silenciada durante varios meses; o por los hornos crematorios funcionando al interior de la prisión estatal de Piedras Negras.
Hacia el final del sexenio de Felipe Calderón, buena parte de todas estas tragedias que conmocionaron a la sociedad se encauzaron a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia, víctima él mismo de la violencia criminal que alcanzó a su hijo Juan Francisco y a otros tres amigos asesinados en Temixco, Morelos, el 28 de marzo de 2011.
Producto de las movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el presidente Calderón se vio obligado a convocar a los diálogos con los representantes de las víctimas de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”. Tan mal llamada “guerra contra el narcotráfico” que en esos diálogos del gobierno con las víctimas participaba Genaro García Luna, enjuiciado en Estados Unidos por trabajar para el cártel de Sinaloa.
Otro momento crucial de las oleadas de indignación por la violencia estructural y la guerra informal que vivimos en México ocurrió con la trágica Noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se desapareció a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. La conmoción que implicó este episodio de desaparición masiva logró convocar a algunas de las manifestaciones más nutridas que se hayan registrado en el país durante este periodo de guerra informal que vivimos en el país desde 2006, y que ha atravesado tres sexenios de tres distintos partidos: PAN, PRI y ahora Morena.
Gracias a las manifestaciones sociales que se dieron en la mayoría de las ciudades del país, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto se vio obligado a aceptar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsable del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), autores de tres informes que cuestionaron la “verdad histórica” construida en torno a la desaparición de los 43 normalistas por el ex procurador de la república, Jesús Murillo Karam.
El impulso de la movilidad social en torno a la exigencia de justicia para el caso Ayotzinapa alcanzó el inicio del primer gobierno de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador, que aceptó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso de los 43 normalistas desaparecidos y de una Fiscalía Especializada que avanzó en la investigación. Lamentablemente, hacia el final del sexenio, López Obrador traicionó su promesas de conseguir verdad y justicia en este caso, y aceptó plegarse al poder militar.
Ahora, la conmoción que ha generado la revelación de un centro de entrenamiento y centro de exterminio en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, ha despertado nuevamente la indignación de miles de personas en México y el mundo, y esta indignación que se manifestó en la “jornada de luto nacional por Teuchitlán” el pasado 15 de marzo ha logrado generar una presión política lo suficientemente fuerte para que el Gobierno federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum por fin le dé la importancia que merece la crisis por desaparición de personas. Gracias a la presión social, la Presidenta anunció un plan de seis puntos para mejorar la política en contra de las desapariciones, aunque ha sido calificado de insuficiente por los colectivos de familiares.
Por eso es necesario seguir manteniendo la indignación y convertirla en manifestaciones políticas de distinta índole, para que más allá de la pelea entre partidos por cómo designan lo que se encontró en el Rancho Izaguirre, las instituciones públicas hagan todo lo necesario para mantener la crisis por desaparición de personas en el centro de la agenda nacional y para visibilizar y respaldar el trabajo de las madres y colectivos de buscadoras para atender sus demandas. Por ello, es necesario que la indignación social no se detenga.
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