En una de sus últimas decisiones relevantes como presidente de Guadalajara, antes de dejar el cargo para buscar el ascenso en la escalera del poder, Enrique Alfaro Ramírez impuso su visión de cómo debe reorganizarse la ciudad con la actualización de 53 planes parciales de desarrollo en la ciudad.El gobierno de Movimiento Ciudadano justificó la actualización de las normas urbanas ya que cuatro administraciones precedentes no lo hicieron, con el imperativo de darle “rumbo y orden” al crecimiento de la ciudad y con la estrategia de fomentar Desarrollos Orientados al Transporte, ahora con la próxima línea 3 del Tren Ligero.Tiene razón Alfaro en apostar por una estrategia distinta a la fracasada política de vivienda de Vicente Fox y Felipe Calderón: “Es un modelo que lastimó, generó hacinamiento, marginación, y que esta ciudad se volviera distante, dispersa y durante tres décadas vivimos un proceso de crecimiento sin rumbo y sin orden”. Pero su apuesta urbana no corrige sino que refuerza lo que critica de la anterior política de vivienda.Y ya en su estilo personal de ejercer el poder, descalificó de modo ramplón a quienes cuestionan sus políticas. “Hoy Guadalajara, le duela a quien le duela, tiene una nueva visión y un nuevo rumbo, tiene una ruta trazada. Y por supuesto que habrá otro lugar en el basurero de la historia para quienes lo único que saben hacer es atacar, denostar, ofender y criticar sin argumentos; cada quien que vaya al sitio que le corresponda en el juicio de la historia”. En esta visión manipulada de la realidad, él está del lado correcto de la historia y sus críticos, en el basurero. Es una postura dogmática e intolerante que no respeta la crítica y visiones distintas a la suya. Más allá de las palabras y discursos del alcalde, lo que quedan son sus acciones y sus consecuencias. Alfaro encabezó un gobierno que diseñó un proyecto de reconversión de la ciudad, de la cual la actualización de los planes de desarrollo es apenas la parte normativa. En la estrategia completa debe incluirse las decisiones para limpiar al Centro Histórico y otros espacios públicos del comercio ambulante y callejero; la política recaudadora por violación a reglamentos (banquetas, limpieza, ruido); las “intervenciones” públicas (megaproyectos urbanos) como delimitación de zonas a renovar; la privatización de terrenos públicos que, vía empresas inmobiliarias, pasan a formar parte de los circuitos de la especulación. Si uno pone en un mapa el despliegue de estas decisiones e intervenciones del gobierno de Alfaro, se visualiza de inmediato un mapa urbano de conflictos sociales y políticos. La virulenta imposición de este modelo no resolverá los problemas de la anterior política urbana, porque en ninguna parte se contempla la vivienda para los sectores de más bajos ingresos. Casi todos los proyectos de inversión inmobiliaria anunciados o por anunciarse (como en La Normal-Avenida Alcalde), las viviendas son para sectores de altos ingresos (clases medias altas y clases adineradas). De modo que se construye una ciudad que no da cabida a los más pobres, condenándolos a su expulsión, o rentas en zonas sin servicios de calidad. Más que desarrollos orientados al transporte, lo que Alfaro está dejando como legado a la ciudad, es un desarrollo orientado al capital inmobiliario, a sus deseos y búsqueda de grandes ganancias.
