Como los casos de los anexos o albergues clandestinos donde se tortura y se lucra con los adictos, de los que hemos hablado esta semana, las crisis y los escándalos de fraudes cometidos en el ámbito inmobiliario y financiero también se dan de forma periódica en Jalisco porque, pese a todos los desfalcos que implican para los incautos que se dejan seducir por los altos intereses, las autoridades sólo actúan de manera reactiva mientras está vigente el escándalo, pero nada de fondo hacen para evitar que aparezcan nuevos estafadores, como el dueño de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), Luis Oswaldo Espinoza Marín, quien, según la Fiscalía estatal, se suicidó luego de publicar en sus redes sociales un video en el que reconoce los malos manejos que hizo con el dinero y los inmuebles que le confiaban sus clientes. El primer gran asalto a ahorradores en Jalisco ocurrió a finales de la década de los noventa cuando tronó la Caja Popular Puerto Vallarta, a la que miles estaban afiliados. Por este hecho fue llevado a prisión José Ocampo Verdugo, quien desde ahí fundó la Cooperativa que llevaba sus siglas, Juntos Otra Vez Venceremos (JOV). Pese a todo lo ocurrido con la Caja Popular Puerto Vallarta, volvió a burlar a ahorradores y al gobierno y en 2007 cometió un nuevo fraude por 60 millones de pesos que afectó a más de mil 500 socios. Como nunca hubo una recuperación del daño para los afectados. El gobierno estatal destinó un fondo para cubrir el 70 por ciento de lo perdido a cada ahorrador.Más recientemente se han presentado casos de fraude en RYM Capital por más de 500 millones de pesos de casi mil inversionistas; Veston Roi, que estafó a más de 100 por casi 160 millones de pesos; y Wi Capital, donde también 150 clientes perdieron alrededor de 200 millones de pesos.Además de que este nuevo fraude de la empresa AJP podría alcanzar cifras récord en los montos desviados y el número de inversionistas estafados, el alto perfil de algunos de ellos como políticos, figuras del deporte y la farándula, y todas las dudas que expresan los afectados en sus redes sociales respecto a la versión del suicidio de Espinoza Marín, obligan a la Fiscalía a realizar una profunda y ejemplar investigación para hacer el deslinde de responsabilidades, y a las autoridades que regulan las actividades de los ramos inmobiliarios y financieros ponerse de una vez por todas a regular y supervisar estos giros para evitar nuevos desfalcos.jbarrera4r@gmail.com
