La desaparición de personas, sea por entes públicos o particulares, es uno de los dispositivos de represión y violencia más brutales y más dolorosos que puede padecer una persona y su entorno familiar, afectivo y social. Una desaparición violenta a la persona privada de su libertad, pero también agrede y produce un dolor brutal a sus familias y entornos. Como se ha repetido hasta el cansancio, las familias no pueden cerrar un duelo, no pueden resignarse a tener un espacio donde visitar, orar o conmemorar a su familiar ausente. Es un “tiempo suspendido” para una vida y sus entornos, ha escrito el historiador Camilo Vicente Ovalle. Dice: “La desaparición forzada fue, en primera instancia, una acción que buscó suspender al sujeto de su estructura histórico-social: suspenderlo de su mundo (…) Esta suspensión produjo una nueva experiencia de tiempo. Hacia dentro, un tiempo infinito (…) Hacia fuera, en ese mundo fracturado por la acción de la desaparición, el tiempo producido es indeterminado, a la espera de ser reinstaurado: un día, un mes, un año, la vida entera”. Y México es en este momento el país con más desapariciones en el mundo en una nación que no tiene una guerra con otro Estado o atraviesa una guerra civil. Y sin embargo, en México vivimos una guerra, la guerra por evitar desaparecer o evitar morir. Hasta antier, y en medio de un intento deliberado del Gobierno de la Cuarta Transformación por rasurar las cifras mediante un censo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 113,291 “vidas suspendidas”. Y el epicentro de esta crisis por desaparición, lo hemos repetido una y otra vez, es el Estado de Jalisco. A pesar de la maniobra para reducir la cifra de personas desaparecidas en el actual Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, el registro nacional registraba 14,915 casos y el registro estatal (Sisovid) contaba 14,415 “vidas suspendidas”.Por la magnitud y profundidad del dolor y el daño que genera, la crisis por desaparición de personas es el principal problemas social y político de Jalisco y del país o al menos así debería considerarse por una cuestión básica: defender la vida en todas sus acepciones. Por eso, ante el tamaño de esta tragedia humanitaria, social y política sorprende e indigna que el problema de las desapariciones no sea una prioridad en la agenda de los candidatos de las fuerzas políticas que se disputarán el poder público en las elecciones generales del próximo año.Parecería que hay una excusa legal que los podría justificar: según la ley electoral vigente, los partidos y sus candidatos están en tiempos de precampañas que les impiden hacer propuestas específicas, las que corresponden al periodo ya de campañas electorales abiertas. Pero es una coartada falsa, pues en los hechos las candidatas, tanto del bloque oficialista como del bloque opositor, han hablado e insinuado propuestas de gobiernos para temas tan diversos como la seguridad, el nearshoring o la Inteligencia Artificial. ¿Por qué no han anunciado que el combate a la crisis por desaparición de personas es una prioridad nacional? Esta disonancia entre los principales problemas de la sociedad y las prioridades de los precandidatos es más ancha todavía para los aspirantes al Gobierno de Jalisco, tratándose de la Entidad con más desaparecidos en todo el país. No he escuchado hasta ahora a los actuales candidatos Pablo Lemus (MC), Claudia Delgadillo (de la alianza que encabeza Morena) o a Laura Haro (de PRI, PAN y PRD) pronunciarse por la crisis de desaparición que aqueja a Jalisco y anticipar que su combate será una prioridad si ganan las elecciones. Es lamentable que la desaparición de personas no sea uno de los temas prioritarios de las campañas de los candidatos y sus partidos, mostrando, por el contrario, que los asuntos relevantes para la sociedad no lo son para quienes viven de la política profesional.
