La pregunta parece ociosa: ¿quién no quisiera ver tras las rejas a los ex presidentes que han saqueado, mentido o cometido graves violaciones a las garantías de la sociedad mexicana? Sin duda una gran mayoría diría que sí quiere que se castiguen los crímenes y excesos de quienes han ocupado la presidencia del país.Según una encuesta patrocinada por el diario El Universal en octubre del año pasado, más de 78 por ciento de los mexicanos declaró estar a favor de que se enjuicie a ex presidentes. Este dato podría anticipar que la consulta convocada para el próximo 1º de agosto será un éxito.Pero lo cierto es que aunque la consulta sea un éxito y legalmente válida, es decir que sí vote más de 40 por ciento del padrón electoral, y que se responda afirmativamente a la pregunta, nada garantiza que los ex mandatarios que siguen vivos sean juzgados.En realidad la consulta está planteada en términos tramposos que hace creer que está convocada para juzgar a los ex presidentes, cuando no necesariamente será así. Esta situación confusa, o tramposa, en buena medida se debe a que así lo ha hecho propiciado el actual mandatario, y porque sus seguidores dan por hecho que, tras la consulta, varios de los mandatarios a quienes responsabilizan de la crisis del país, podrían ser juzgados.Como se recuerda, durante varios años de precampaña en busca de la presidencia, López Obrador armó un discurso político básico pero efectivo de señalar que los grandes males nacionales eran culpa de la corrupción propiciada por una mafia del poder en la que mezclaba presidentes, gobernantes y empresarios. Una parte significativa de los 30 millones de votos que lo llevaron a la presidencia el 1º de julio de 2018 se debe a la eficacia de este discurso. López Obrador estaba comprometido a cumplir con la promesa de limpiar la corrupción y castigar a los responsables.Pero ya como presidente electo se pronunció por hacer una especie de borrón y cuenta nueva en la persecución de delitos cometidos en el pasado. Como hábil político que es, al final lo dejó en una supuesta decisión popular. Propuso que se sometiera a consulta la decisión de juzgar o no a ex presidentes. En este contexto López Obrador propuso una pregunta para la consulta donde sí se mencionaba a los ex mandatarios: “¿Está de acuerdo o no con que autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.En paralelo, distintas organizaciones de la sociedad civil propusieron que la consulta se definiera en un sentido más amplio en lo que llaman justicia transicional, y propusieron la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que el Presidente de la República active los mecanismos necesarios, dentro de sus facultades, para que con ayuda de la ONU se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México, a la par de la creación de una gran comisión de la verdad?”Pero al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reformuló la pregunta en octubre del año pasado y quedó así: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”Desde mi punto de vista, esta reformulación no solo parece confusa, sino que jurídicamente puede ser utilizada por los llamados “actores políticos” del pasado (como los ex presidentes) para evadir la justicia, y la pregunta reformulada por la Corte está lejos de apoyar la creación de una “comisión de la verdad” y la justicia transicional que se demandaba desde la sociedad civil. Esto último también se debe a que para el actual presidente todo se centra en el combate a la corrupción, pero parece que nunca tomó en serio la exigencia de víctimas para crear una gran comisión de la verdad para juzgar grandes crímenes (como matanzas, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales) cometidos en el pasado. De modo que la consulta puede quedar en mera confusión que deje a pocos satisfechos. Y puede incluso terminar en un ejercicio tramposo de simulación de considerar a la sociedad en temas que, a juico de otros, ni siquiera deberían consultarse. Investigar y sancionar a quienes saquearon, robaron o reprimieron a la sociedad no debería someterse a consulta. Basta cumplir la ley. rubenmartinmartin@gmail.com
