Jalisco es México. La frase, más allá del eslogan publicitario, aplica para los tiempos políticos que vivimos. En un sentido más amplio define ese fatal parecido entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro -dicen que por eso, juntos, sacan chispas: son tan iguales que no se soportan. Como si se hubieran puesto de acuerdo, ambos organizaron sendas contramarchas este fin de semana contra sus opositores. El Presidente atiborró el Zócalo capitalino como respuesta a la movilización masiva en su contra por la desaparición del INE. El gobernador, en una escalada más de su disputa personal con el ex rector Raúl Padilla, movilizó a manifestantes y a su grupo político, incluidos secretarios y diputados, durante la inauguración de la FIL Guadalajara tras la megamarcha universitaria. La particularidad de estas contramarchas radica en que son impulsadas desde el poder público. Su valor, por tanto, no se basa en la búsqueda de una conquista democrática de la sociedad sino en su utilidad para legitimar a un poderoso. Este año, el Presidente opera un presupuesto de más de 7 billones de pesos y Alfaro administra un gasto de 137 mil millones. La diferencia con cualquier manifestante que toma las calles, por ejemplo, el familiar de un desaparecido, un ambientalista, el padre de un niño con cáncer, un maestro o un universitario e incluso la oposición, consiste en que estos últimos exigen al poder público que se garanticen derechos o demandas específicas: justicia, medicinas, presupuesto o un cambio de rumbo en las políticas o decisiones de Gobierno. La concentración masiva de AMLO y la movilización de MC Jalisco tienen eso en común: colocan al centro de sus exigencias la defensa de un poderoso y su gobierno, en este caso el Presidente y el gobernador. En el fondo, se usa el disfraz de la protesta social para arropar las pugnas personales y ambición electoral de dos mandatarios. En la protesta contra el INE y en la marcha de los universitarios había ciudadanos ejerciendo su derecho político a la libre manifestación, a la crítica y a la exigencia de demandas puntuales. También había, desde luego, políticos de oposición ejerciendo su derecho a criticar al poder -si no es la UdeG, qué oposición habría en Jalisco-.Por eso las marchas de AMLO y el gobernador tienen esa rareza casi antidemocrática. Mientras López Obrador utiliza a impresentables de la política que asistieron a la marcha del INE para descalificar toda la protesta, Alfaro se refería hace unos días así a la contramarcha del Presidente: “Me da pena que, en este país con tantas necesidades, el presidente esté pensando en organizar marchas”. El poder está para garantizar los derechos, entre ellos a la crítica, a la libre expresión de ideas y el derecho a disentir. No para usar esas garantías y así intentar neutralizar, silenciar o amenazar a sus adversarios políticos.jonathan.lomelí@informador.com.mx
