Todavía no cesan los ecos y los efectos del “culiacanazo” del 17 de octubre en el que las milicias del cártel de Sinaloa doblegaron al Estado mexicano, cuando a menos de tres semanas otros hechos violentos en el país y en Jalisco profundizan la crisis de inseguridad, como clara muestra de lo envalentonadas que están las mafias luego del caso Ovidio.Pese a la gravedad, el asesinato de siete individuos cuyos cadáveres fueron abandonados ayer en tres vehículos en una brecha de Tonalá, así como el hallazgo en Tlaquepaque de una nueva casa del terror, palidecen ante la brutalidad del multihomicidio ocurrido en Sonora, cuando 17 mujeres y menores de edad de la familia LeBarón, mormones méxico-estadounidenses que viajaban en tres camionetas, fueron emboscadas por sicarios, dejando un saldo de nueve muertes: tres mujeres y seis menores de edad, entre ellos dos bebés.Estos episodios de severa violencia, además de acrecentar la percepción de inseguridad entre la población, empiezan también a agudizar los sentimientos de indefensión de la ciudadanía que todos los días ve rebasadas a las autoridades y a sus cuerpos policiales frente a los grupos delincuenciales.Más aún, cuando lejos de hacer ajustes en sus estrategias policiales y en la supervisión de sus mandos y elementos, lo único que atinan a decir es que en materia de seguridad “vamos bien” o “por el buen camino” y que los homicidios se deben a las vendettas y disputas por el territorio entre los grupos de la delincuencia organizada, como si no fuera su responsabilidad impedir que el espacio público se convierta en campo de batalla de las mafias, sobre todo porque cada día es mayor el número de víctimas colaterales, entre ellas muchos niños y niñas.En esta inercia cayó el ya muy vapuleado secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), Alfonso Durazo, cuando lo primero que dijo de la masacre es que, al parecer, los vehículos de la familia LeBarón habían sido confundidos con los de otra banda rival, situación que fue desmentida de inmediato por sus familiares como el activista Julián LeBarón.Por el perfil binacional de las víctimas, el caso ha sido ampliamente cubierto por los medios internacionales, sobre todo por la prensa estadounidense, en donde destacó el comentario editorial del The Wall Street Journal, de que ante la clara impotencia del gobierno mexicano de hacer frente a las mafias del narcotráfico no se debía descartar la posibilidad de una intervención militar estadounidense.Esa consideración hizo eco a muchas otras voces de liderazgos de Estados Unidos, empezando por la del presidente Donald Trump, quien el martes le ofreció a su homólogo mexicano tropas norteamericanas para combatir “los ejércitos” de los cárteles.Es claro, pues, que los acontecimientos violentos de las últimas tres semanas y la nula respuesta que han tenido el Gobierno federal y los locales, muestran que las presiones de Estados Unidos para exigir un cambio en la estrategia contra la inseguridad serán crecientes. Pero lo peor es que, ante esta sensación de indefensión entre la población, cada vez hay más mexicanos que no ven tan descabellada la propuesta de abrir a policías y militares estadounidenses la “guerra contra el narco”, al ver cómo la van perdiendo las fuerzas armadas y policías mexicanas. De entrada, ayer el propio Andrés Manuel López Obrador aceptó que se aceptará la cooperación del FBI en la investigación de la masacre de Sonora. Quién lo iba a decir, la indefensión ciudadana está haciendo ya creíble al despreciado Trump.jbarrera4r@gmail.com
