Los reportes comienzan a ser cada vez más frecuentes: funcionarios municipales y aspirantes a cargos de representación en lo local son víctimas de atentados que ponen en riesgo sus vidas; y en no pocas ocasiones se ha logrado el cometido de los criminales: asesinarlos y enraizar aún más el clima de miedo y terror en todo el país.En las elecciones de 2024 habrá en juego decenas de miles de cargos municipales: regidores, síndicos y presidentes de los Ayuntamientos; pero a ello se suma la disputa por diputaciones locales que son clave para la gobernabilidad en los Estados y que establecen equilibrios y contrapesos frente a los feudos en que se han convertido los poderes estatales y de las principales zonas metropolitanas del país.A pesar de que no existe un recuento oficial de cuántas personas asociadas a partidos políticos, a cargos de elección popular o sus familias han sufrido atentados en los últimos años, una búsqueda rápida en internet da cuenta de la oscura realidad que enfrenta el sistema institucional mexicano.En efecto, se lee nota de La Jornada, del 11 de octubre de 2023: “Matan a ex alcalde de Gutiérrez Zamora, Veracruz”. En nota del 8 de agosto de 2023, de la Agencia Reforma, se lee: “Asesinan a regidor de Acatlán de Osorio junto a sus hijos en Atexcal, Puebla”. El 12 de octubre de 2023, en El País, se consigna: “Asesinan a balazos a Alejandro Lanuza, regidor del municipio de Salvatierra, Guanajuato”, localidad donde recientemente fueron masacrados 11 jóvenes en una posada navideña. En nota de Grupo Imagen, se reporta el 5 de enero de 2024: “Asesinan a regidor panista de Cuautla, Morelos”.El 21 de diciembre de 2023, en nota de La Silla Rota se informa: “Asesinan a Ricardo Taja, ex candidato a alcalde de Acapulco”; antes, el 18 de octubre de 2023, El Financiero informó”: “Asesinan a balazos al ex alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco”. Y más recientemente, en Excélsior, en nota del 6 de enero de 2024, se reporta el asesinato de dos precandidatos a las alcaldías de Suchiate, en Chiapas, y de Armería, en Colima.Son demasiados casos como para tratarse de un fenómeno aislado; y lo peor es que estos actos condenables preludian un escenario electoral plagado de violencia. Frente a ello es importante destacar que, en los mejores de los casos, se detiene a los presuntos asesinos; pero no existe un informe o un diagnóstico que dé cuenta de cuál es el móvil de estos atentados y quiénes son los autores intelectuales de esos crímenes. Según el conteo del proyecto “Votar entre Balas” que desarrolla la organización Data Cívica, entre 2018 y el inicio de 2024 se han perpetrado 1,546 ataques de violencia criminal contra candidatos o personas relacionadas con sus candidaturas. Los Estados con más ataques son Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Oaxaca; mientras que a nivel municipal Tijuana, Celaya, Chilpancingo y Coyuca encabezan la lista de atentados.Lo que debe quedar claro ante estos eventos es que mayoritariamente se trata de maquinaciones orquestadas por el crimen organizado, ante la realidad de un país donde impera la impunidad, y donde no se ha realizado un trabajo permanente ni homogéneo de fortalecimiento de las fiscalías estatales; además de la cuestionable estrategia de seguridad pública que han tenido las últimas tres administraciones. Este duro escenario implica reconocer que es sólo mediante la construcción de renovadas instituciones civiles de seguridad pública y de procuración de justicia, sobre todo en lo local, como podrá revertirse esta situación que es cada vez más crítica.Para la democracia y para el Estado social de derecho que debemos exigir para nuestro país, el veto que está imponiendo la delincuencia organizada, no respecto de partidos o candidaturas, sino de la propia democracia, es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, pues el hecho de que los cárteles asuman que pueden poner o quitar autoridades, o amenazarlas o incluso, aniquilarlas, es una señal de alarma que debe tomarse con la seriedad requerida.
