Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en mayo pasado la llamada “Ley Bonilla”, con la que el gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, electo en 2018 para gobernar sólo por dos años, pretendía ampliar delincuencialmente su mandato a cinco años, por considerarlo un fraude a la democracia, a la Constitución y a los votantes de Baja California, así las y los 11 ministros que son la representación máxima del Poder Judicial deberán batear la última ocurrencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a votación la impartición de justicia.Ya decíamos ayer que el asunto de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no tuvo el eco ni el respaldo popular que esperaban en la recolección de firmas para convertirla en iniciativa ciudadana y que necesitó la intervención directa del Presidente para involucrar al Senado en este absurdo y estéril debate, parecía el nuevo distractor para sustituir la también malograda historia de la fraudulenta rifa del avión presidencial.Lo que faltó decir es que en esta intentona López Obrador vuelve a poner en entredicho una de sus principales banderas políticas como es su promesa de la lucha anticorrupción y contra la impunidad, cuestionada ya por el manejo faccioso que el gobierno de la autollamada cuarta transformación ha hecho de las instituciones de justicia con el contraste del manejo del caso Rosario Robles a la que se trató con absoluto rigor, y la laxitud otorgada al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. Y aún más con el silencio que ha mantenido la Fiscalía General de la República ante el caso de su hermano Pío López Obrador, quien fue pillado recibiendo dinero de parte de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, postulado por el partido Verde, Manuel Velasco, y hasta agosto pasado director nacional de Protección Civil del gobierno de la 4T.El condicionar la impartición de justicia a la que está obligada la Fiscalía con la aportación de pruebas en contra de quien presuma actos delictivos, al resultado de una encuesta no sólo lesiona más gravemente la lucha anticorrupción prometida por el tabasqueño, sino que pone al país en una ruta de regresión al volver a los tiempos de los juicios sumarios que dicte la voluntad popular. La inadmisible justicia por aclamación que propone López Obrador volverá a poner a prueba a la SCJN que deberá demostrar que sigue sin ser infiltrada ni estar convertida en un Poder Judicial a modo del gobierno morenista. La pregunta que les mandó analizar vía el Senado, el Presidente a la Corte no les tiene que llevar más de 20 días para invalidarla y poner fin a lo que será el nuevo pilar distractor de las mañaneras.jbarrerar@gmail.com
