La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que cada trimestre publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siempre ha revelado que los servidores públicos más desprestigiados son, junto con los agentes viales, los jueces que representan a parte de los corrompidos Poder Judicial Federal y los Tribunales estatales, en los que el de Jalisco ocupa un muy deshonroso sitio. Por eso los resultados de las tres encuestas de Morena para medir la reputación de estos funcionarios, que pidió desde la semana pasada la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aportan pocas novedades y más bien parecen un insumo más para simular el cumplimiento del “amplio debate” que prometió luego de resultar ganadora de la elección, para tratar de dar tranquilidad a los inversionistas que ven con temor que la reforma al Poder Judicial erosione aún más la certidumbre jurídica en México. Esa intención política de las encuestas, que según explicó la propia futura Presidenta, al presentar ayer los resultados, las hicieron las casas encuestadoras cuyos pronósticos electorales fueron los más cercanos a las cifras finales de la elección presidencial, quedó clara cuando expresó que el mensaje más claro que dejaban estos ejercicios de opinión pública era que la mayoría de los mexicanos estaban de acuerdo en que jueces, magistrados y ministros deben elegirse por medio del voto popular.El próximo insumo que se anunció ayer para discutir la reforma al Poder Judicial, que la semana pasada el Presidente juzgó implícitamente innecesaria porque ya “todos los mexicanos saben que el Poder Judicial está podrido”, son los foros públicos a los que podría convocar el Poder Legislativo federal este mismo martes.En medio del ruido de estas simulaciones, calientan ya los motores de la aplanadora morenista en San Lázaro para ponerla en marcha en septiembre con la mayoría calificada de las y los nuevos diputados Morenistas y aliados, y empezar la ejecución del “Plan C” contra la Corte que ha anulado varias iniciativas del Presidente por considerarlas anticonstitucionales.Justo ese espíritu revanchista que está detrás de esta reforma que quieren pasar en fast track en el último mes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es lo que hace dudar que la iniciativa tenga un auténtico espíritu de terminar con la corrupción en el Poder Judicial.Porque está claro que los votos no erradican ese lastre. En México ni luego de la alternancia democrática hace 24 años el voto ha servido para acabar con la corrupción de Presidentes, senadores, diputados federales y locales, gobernadores o alcaldes. Por eso dejar al pueblo la elección de ministros, magistrados y jueces para acabar con la corrupción del Poder Judicial es sólo una coartada para un ajuste de cuentas de López Obrador contra una Corte que no se le dobló.
