Vicios privados, virtudes públicas, una película italiana del director húngaro Miklós Jancsó (1976) retrata la decadencia de la nobleza que tiene una cara pública y otra muy distinta al interior del palacio. Algo similar, toda proporción guardada, sucede con nuestra clase política que en lo público grita, alega y desenvaina la espada en defensa de la pureza en el manejo financiero, y en lo privado hace todo lo contrario.El escándalo derivado de la quiebra de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), propiedad de Luis Oswaldo Espinoza Marín, no pasaría de ser un mal negocio entre particulares que no debería llamar la atención de la opinión pública (malos negocios y fraudes hay muchos y todos los días), de no ser porque entre los inversionistas que perdieron dinero en este estrato de esquema financiero hay muchos miembros de la clase política jalisciense. No hablamos de los que se tomaron la foto, eso es un asunto bastante nimio y maximizado por ser quienes son (el gobernador, Enrique Alfaro, y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus), sino de los inversionistas, aquellos políticos que depositaron su dinero en una empresa que más allá de que pudo haberlos engañado, claramente se manejaba en los márgenes de la ley. Me cuesta trabajo pensar que alguien supuestamente informado, que ejerce una cargo público, que sabe que está recibiendo un interés exorbitante fuera de toda lógica y mercado, acepte un esquema financiero no regulado y luego se llame a engaño, pero no hay que olvidar la máxima que dice que no debemos tratar de atribuirle a la mala fe lo que pueda explicarse por simple estupidez.Será interesante ver cuánto y cómo los políticos involucrados reclaman sus inversiones, pues de entrada claramente hay un problema fiscal y también cotejar si esas inversiones corresponden a las declaraciones patrimoniales que han presentado a lo largo de su vida pública. Esa información dependerá en gran medida de la investigación que haga la Fiscalía General del Estado, misma que hasta ahora ha mostrado poco interés en hacer su chamba: algunas de las denuncias tienen más de un año de haber sido presentadas y no fue capaz de detener al personaje ni el fraude.El interés público de este caso no está en el morbo de conocer quién perdió cuánto ni quién se tomó la foto, sino en lo que pueda aportar en el modus operandi de una trama de blanqueo de dinero y ocultamiento de propiedades de políticos. Fueron muchos años de ejercer sistemáticamente un método que bien puede ser solo un fraude cometido entre particulares que termina de la peor manera posible para ambas partes o algo mucho más grande y delicado, vicios privados envueltos en virtudes públicas, que los jaliscienses merecemos saber. diego.petersen@informador.com.mx
