Me entero con mucha preocupación. El Gobierno federal va a desaparecer 1,887 cargos de director general adjunto. O sea, todas las creadas desde la presidencia de Felipe Calderón. El Gobierno las llamó direcciones injustificadas (a las cuales ya también se les bajó el sueldo). En efecto, se crearon muchas direcciones generales adjuntas desde entonces, algunas por necesidades operativas y otras debido a la necesidad de contar con direcciones de área (un nivel más bajo que las generales adjuntas) bien pagadas. Es ya conocido: el error de fijar como máximo en sueldos, el del Presidente, no fue puesto en la Constitución por López Obrador, sino propuesto por Calderón. Además, este último tomó la decisión de no aumentar ni siquiera al equivalente de la inflación, los salarios de los funcionarios de confianza. Por ello, y con la finalidad de mantener el talento dentro de la administración pública a pesar de la tontería de Calderón, crearon muchas direcciones generales adjuntas para pagarle adecuadamente a funcionarios en puestos de direcciones de área.En otras palabras, el maltrato a los funcionarios públicos viene desde hace dos sexenios. No es nuevo. Tampoco con Peña hubo aumentos. Lo nuevo ya es el remate. De acuerdo con información de El Financiero, 400 corresponden a la SHCP, 240 a Segob, 106 a Medio Ambiente, 95 a Comunicaciones y Transportes, 85 a la Función Pública, Bienestar 70, no sectorizados 60 y el resto de las dependencias 831. En otras palabras, hay revuelto de todo en esas direcciones generales adjuntas. Unas lo son en la práctica y otras son direcciones de área bien pagadas. Unas con buenos funcionarios, otras quizá las menos con malos. Algunas siguen siendo necesarias, otras requieren escindirse, fusionarse o reasignarse incluso en alguna otra unidad administrativa, otras para poner orden, asignarles la dirección de área correspondiente, y otras en efecto eliminarse. Pero de todas formas llegar a hacer una “reingeniería” a machetazos es un nuevo error, ya que en su mayoría, ya sean adjuntos o de área son puestos clave en la administración pública.Si a lo anterior agregamos la bajada de sueldos general, la eliminación de prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores y por separación, el aumento de la jornada laboral a 6 días, cambio de adscripciones y el despido en masa de mandos medios operativos, la administración pública se encontrará en mucho peores términos de como está. Esto no es un plan de austeridad. Un bien pensado plan de austeridad no pasa por desaparecer la operatividad del Gobierno. Todo lo contrario, por un análisis bien hecho para posteriormente tomar la decisión correspondiente, fusionando, escindiendo y todo lo dicho arriba, amén de no disminuir todos sus beneficios, ni rebajar sueldos no aumentados en dos sexenios. López Obrador ha sido terriblemente injusto al tratarse en su mayoría gente cuyo camino al cargo ha sido el mérito. Funcionarios capacitados, entendidos y con experiencia. Imagine usted lector, hasta nuestros negociadores de tratados fueron despedidos (todo lo pendiente en tratados internacionales se quedó volando), por no hablar de PROMÉXICO que tan bien funcionó el sexenio pasado para atraer inversiones.No entiendo así, cuál es la finalidad del Presidente de tener un Poder Ejecutivo débil y vulnerable, solo por “ahorrar” para efectos comparativos unos centavos. Se está dando dos balazos, uno en cada pie.
