Justo dos semanas después del brutal asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y César Mora Salazar, cuando el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, que también asesinó el narco, se quiso refugiar en la parroquia de la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y en medio de las fuertes tensiones que ese episodio detonó entre el clero y el gobierno federal, vino el lunes pasado el anuncio conjunto de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), de la Compañía de Jesús y de la Asociación de Religiosas y Religiosos, de la realización de las Jornadas de Oración por la Paz, que iniciarán el próximo domingo.Esa fue la primera gran consecuencia de lo que llamé la “inflexión jesuita”, ya que el asesinato de los religiosos a manos de José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, líder del grupo criminal que opera en la Sierra Tarahumara, visibilizó como nunca la crisis desbordada de inseguridad y violencia que en lo que va del sexenio se ha traducido en más de 126 mil homicidios, cifra mayor a los que ocurrieron en todo el sexenio del panista Felipe Calderón.Por la forma hostil en la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó inicialmente las condenas y las peticiones de la comunidad jesuita y el clero mexicano de revisar su estrategia de seguridad, la relación del gobierno de la 4T, no sólo con la Compañía de Jesús, sino con toda la Iglesia Católica mexicana se trastocó y se tensó como nunca en la historia reciente de México.Todavía el lunes de esta semana AMLO reprochaba que había “mano negra” en los reclamos de obispos católicos y sacerdotes jesuitas, a los que ya los había tildado de “apergollados”, hipócritas y de desoír al Papa Francisco.Una de esas voces críticas fue la del Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien expresó que los sicarios sólo sabían de balazos y muy poco de abrazos. Incluso en ese mismo contexto, reveló que había sido retenido en retenes de narcos en la Zona Norte de Jalisco y que las mafias cobraban derecho de piso a los organizadores de las fiestas patronales.Eso provocó que al igual que el Presidente, el gobernador Enrique Alfaro abriera un frente con la iglesia al desmentir al prelado y cuestionarlo por no haber presentado una denuncia formal. Esta postura de polarización, fue corregida primero por el mandatario estatal que buscó un encuentro con el Cardenal el fin de semana pasado, mientras que el Presidente celebró el martes la convocatoria del CEM, por considerar que tenía “otro tono”.Lo cierto es que ambos personajes hicieron sus cálculos políticos y cayeron en la cuenta que era de alto riesgo ponerse con la Iglesia al “tope donde tope”. Ojalá estas posturas perduren y abonen para buscar una mejor salida a la emergencia de inseguridad y violencia que se padece en Jalisco y en el país. jbarrera4r@gmail.com
