Pocas reformas legales han levantado tantas pasiones como la eléctrica. Todo o nada, no hay punto intermedio, no hay grises ni matices, como se ha hecho costumbre en los últimos años en este país. O estás con el proyecto nacionalista de rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o en contra de una nacionalización disfrazada; estás con las energías limpias, independientemente de quién y cómo las genere, o contra las empresas transnacionales que están atracando a la nación. Estás con López Obrador o con el bloque opositor.¿Se requiere una reforma constitucional en materia de energía? A decir del actual gobierno, sí, pues la posición de la CFE quedó demasiado endeble tras la reforma energética de Peña Nieto. Su argumento, atendible, es que al abrir el mercado se dejó todos los beneficios a los privados y toda la responsabilidad a la Comisión. Cuando por alguna razón los privados no pueden o no les es costeable generar simplemente se retiran y el problema queda en manos de una empresa paraestatal debilitada en sus capacidades. En su visión, la preponderancia actual de la Comisión no corresponde a sus responsabilidades. Quienes están en contra de la reforma argumentan que la CFE produce energía cara y sucia, por lo que la única forma de transitar hacia la sustentabilidad es dar prioridad a las energías más limpias y baratas que hoy generan los privados.Vamos a dar por buenos ambos argumentos y también podemos coincidir en que el Estado debe tener la rectoría del sector energético, que algo tan sensible para el país no puede dejarse en manos del mercado. Las dudas sobre la reforma planteada por el actual gobierno es si esa rectoría debe quedar en manos de CFE, una empresa con una larga historia de corrupción y burocratización, si ello implicaría un aumento en el costo, y a la larga el precio, de las energías, y, finalmente, si esta vía asegura el compromiso medioambiental.Para la oposición, la partidista y la ideológica, el triunfo es no discutir el tema, dejar las cosas como están y derrotar al presidente en el Congreso. Para el gobierno lopezobradorista la única salida posible es imponer la visión de un Estado representado en sus empresas, pero sobre todo desmontar la reforma energética que fue simbólicamente el momento culmen del Pacto por México, el gran acuerdo neoliberal. Hablar de la reforma energética se convirtió en el equivalente político a agarrar cables pelones en una cantina, una muestra de machismo político, muy claridosamente expresado al ya clásico estilo Paco Taibo II: nos los vamos a fregar. Pareciera que la consigna es materia energética es “se prohíbe pensar”.diego.petersen@informador.com.mx
