- Divisa imposible
El dolor y la ira de los familiares de las 43 víctimas del “Caso Ayotzinapa” son comprensibles. Son legítimos... Por una parte, la muerte de los estudiantes que habían secuestrado varios autobuses -“cosas de muchachos”, se diría- para participar, en México, en una manifestación relacionada con los episodios de 1968, y que fueron atacados y arrestados por la policía de Iguala, entregados a la de Cocula y por ésta, supuestamente a instancias del entonces gobernador, a un cártel delincuencial. Por la otra, la convicción de los mismos familiares de que no hay pruebas fehacientes de que todos los jóvenes fueron asesinados e incinerados, ni en las pesquisas se cumplió escrupulosamente el debido proceso, ni se cree que todos los implicados en la (supuesta) matanza han sido procesados y serán sancionados conforme a la ley.
-II-
Ahora bien: el más reciente capítulo de esta historia que comenzó en septiembre de 2014, pinta para convertirse en un ejemplo perfecto de las “cosas malas que parecen buenas”…
La resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de que la Procuraduría General de la República (PGR) no realizó una investigación “pronta, efectiva, independiente e imparcial”, como supuestamente debió hacerla, y la consiguiente de disponer la creación de una “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia” para este caso particular, con participación de representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones nacionales e internacionales, más el Ministerio Público Federal, pasa por encima de dos preceptos constitucionales: el Artículo 13, que establece que “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”, y el 21 que señala (párrafo segundo) que “La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial”.
Se comprende, así, que, aun a sabiendas de que en México son excepcionales los procesos judiciales impolutos, libres de irregularidades, la PGR se inconformara formalmente contra la resolución del tribunal referido, lo que abre, ipso facto, un vericueto más, de orden estrictamente procesal, en el laberinto que ha sido la búsqueda de la “verdad histórica” del caso; un laberinto, además, contaminado por demasiadas cucharas que se han metido a menear el atole, no siempre animadas por sanas intenciones.
-III-
Además de que el tiempo transcurrido será un enemigo, el más poderoso es la obcecación de quienes han comprado el pleito, y hecho de un imposible su divisa: “Vivos se los llevaron… y vivos los queremos”.