Jueces, los más investigados por corrupción

En la pasada administración, Antonio tuvo un percance vial con un taxi en avenida Américas. El peritaje de la Secretaría de Movilidad salió a su favor, pero como el otro se negó a pagar los daños, ambos interpusieron recursos ante la Fiscalía.

Sin embargo, le sorprendió que el análisis del Poder Judicial resolviera que tenía la culpa. “Me dijeron que a mi abogado lo sobornaron. Me pidieron 25 mil pesos para el juez y cinco mil para el secretario de juzgado. Preferí darles ese dinero porque de otra forma me saldría en más de 70 mil pesos el conflicto”.

Vía Transparencia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco informa que hay 249 carpetas de investigación contra servidores públicos del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia por su presunta responsabilidad en la comisión o participación de un delito.

Los jueces lideran la estadística, con 154 expedientes. El segundo sitio es de los secretarios (43) y el tercero de los magistrados (16).

Las cifras son preliminares, ya que en una carpeta de investigación puede estar involucrada más de una autoridad, precisa la Fiscalía Anticorrupción.

Bogar Salazar Loza, presidente de la Asociación de Jueces del Estado, dice que desconoce las investigaciones, pero remarca que algunos abogados podrían usar este recurso para ejercer presión en los juicios. “Es muy sencillo que cualquiera que se sienta ofendido (al perder un caso) presente una denuncia bajo ese esquema. Y, al terminar la investigación, resulta que no se trató de algún acto de esa naturaleza, sino que fue por un tema que debió haberse manejado dentro del procedimiento”.

En las presuntas anomalías se acentúa el caso de los peritos. El Consejo de la Judicatura detalla que entre 2010 y 2019 recibió 57 quejas ciudadanas por la actuación de los auxiliares de la administración de justicia: 35 están relacionadas con peritos valuadores.

Alfonso Partida Caballero, académico de la UdeG, resalta que el trabajo de los peritos es fundamental en el sistema acusatorio penal, ya que la prueba pericial es la concluyente.

Jorge Tejada, investigador del ITESO, recuerda que los peritos son científicos o expertos en artes u oficios que ayudan al juez a entender, por ejemplo, si una firma es falsificada o las causas de muerte, por lo que su trabajo es fundamental para garantizar que un juicio sea justo y se eviten actos de corrupción.

Se duplican investigaciones por corrupción contra Poder Judicial

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco reporta que en un año se han duplicado las carpetas de investigación relacionadas con servidores públicos del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia, en donde los señalados son presuntos responsables de la comisión o participación de un delito.

Vía Transparencia indica que suman 249 carpetas. En sólo 2018 abrieron 80 (56 involucran a jueces, 16 a secretarios y cinco a magistrados, entre otros puestos). Por otra parte, de 1 de  enero al 20 de noviembre de 2019 van 169 carpetas (98 involucran a jueces, 27 a secretarios, 11 a magistrados y ocho a notificadores. También figuran puestos como actuarios, defensores de oficio, peritos, auxiliares y administradores).

Sin embargo, la Dirección de Control de Procesos y Audiencias de las Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía precisa que todavía “no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado”.

Este medio publicó que, de febrero de 2018 a octubre de 2019, la Fiscalía inició dos mil 157 carpetas de investigación por presuntos hechos de corrupción. De esa cantidad concluyó 155, pero todavía no hay señalados tras las rejas, solamente vinculados a proceso.

Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal Anticorrupción, detalla que el concluir una etapa de investigación no quiere decir que acabe totalmente la indagatoria, ya que los casos tienen muchas vertientes y líneas a seguir, con delitos independientes.

Los servidores públicos del Poder Judicial de Jalisco, del Instituto de Pensiones, de la Secretaría de Salud, de la Fiscalía General y de los Ayuntamientos figuran entre las entidades públicas con más investigaciones por presuntos actos de corrupción.

Una de las constantes solicitudes del fiscal es el incremento en el presupuesto, con la intención de incrementar la plantilla laboral y mejorar los tiempos de resolución de cada carpeta de investigación.

Tras quejas, transparentarán designación de los peritos

Debido a que los ciudadanos consideran que los jueces del Poder Judicial designan a los peritos de manera discrecional y opaca, se firmó un compromiso para crear un nuevo modelo de la selección y designación de peritos auxiliares de justicia, el cual debe estar listo a más tardar el 22 de agosto de 2020.

La intención es que los jaliscienses tengan confianza y certidumbre en la selección de los aspirantes a formar parte de la lista de peritos, en el proceso de designación imparcial y el costo de los servicios periciales a cubrir por parte de los usuarios. Al final lanzarán un micrositio para transparentar la función de los auxiliares de justicia.

Para llegar al objetivo, que forma parte del segundo plan del Gobierno Abierto Jalisco 2019-2020, se fijaron 21 acciones y cada una tiene un plazo de cumplimiento. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) y miembros de la sociedad civil son los encargados de la supervisión.

Aunque el diagnóstico se entregó el pasado 8 de noviembre, casi dos meses después del plazo fijado, eso no retrasa el resto de las acciones, afirma Lucía Almaraz Cázares, coordinadora del comité de seguimiento de este acuerdo.

Recalca que el atraso fue porque se pidió un documento nuevo que cumpliera con los requisitos, “no porque no lo hubieran hecho. Veo de manera muy positiva que el Poder Judicial se abriera en este tipo de ejercicios. No había pasado… es un ejercicio inédito y han estado muy colaborativos, abiertos. Sí reconocen cuando tienen una debilidad institucional”.

Actualmente está en proceso la aprobación del proyecto del acuerdo final por parte del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia. En este escrito se contempla la estimación de los honorarios de los peritos, “que por la especialidad de la materia deban sujetarse a alguna ley arancelaria”.

El diagnóstico realizado indica que, para el periodo 2019-2020, aprobaron una lista de 687 peritos distribuidos en los 32 partidos judiciales y 180 áreas del conocimiento. El Consejo de la Judicatura publica una convocatoria con los requisitos para ser perito. Tras recibir la documentación, emite la lista de los auxiliares que los jueces podrán designar en los juicios.

El Consejo de la Judicatura detalla que, entre 2010 y  2019, recibió 57 quejas ciudadanas por la actuación de los auxiliares de la administración de justicia.

GUÍA

Buscan “sensibilizar” el costo de las pruebas

• Lucía Almaraz Cázares, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado, remarca que el acuerdo se impulsa por la percepción de la sociedad civil de que los jueces designaban al mismo perito por una cuestión de corrupción, aunque esto puede ocurrir por diversos factores. “Lo que me explican es que algunos jueces elegían a ciertos peritos porque elaboraban buenos dictámenes, por eso preferían no cambiarlo. El argumento es que lo nombraban por confianza del peritaje más que por una situación de corrupción; sin embargo, para evitar sospechas decidimos entrarle a este compromiso”.

• Por otro lado, subraya que las personas solicitan mayores opciones en cuanto al costo. Actualmente, dice, lo que ocurre es que el órgano jurisdiccional designa a los peritos, pero el pago económico corre a cargo de las partes involucradas. Aunque el Poder Judicial tiene un listado de peritos disponibles y capacitados, solamente cubren honorarios del área penal. “En la materia mercantil, civil o familiar, el costo lo absorben las partes o la parte que lo está solicitando. Hay que ver cuál es el mecanismo ideal para sensibilizar a los peritos en cuanto a los costos”.

• Cuando la persona no puede pagar el peritaje, enfatiza, no accede a esa prueba. Los honorarios dependen de la materia y del número de peritos, ya que algunas especialidades son más onerosas.

Resalta que otro objetivo es mejorar el nivel de preparación de los peritos, ya que muchas personas acusan que hacen dictámenes con la misma estructura y solamente cambian algunos datos.
Acentúa que este proyecto ayudará a mejorar la percepción que se tiene del Poder Judicial.

“Compraron a mi abogado”

Antonio acepta que formó parte de un proceso de corrupción, pero justifica que no le quedó otra opción. Explica que, aunque tenía la opción de rechazar el peritaje que lo señalaba como culpable del accidente automovilístico en el que participó, su abogado no le ayudó a conseguirlo. “Me dijeron que compraron a mi abogado. Primero me enojé porque me querían hacer pagar por los daños del choque, cuando ellos me golpearon. Después solté los 25 mil pesos para el juez y cinco mil para el secretario. Tienes que dar dinero… la justicia funciona así”.

El hombre responde que no pensó en reportar o interponer una queja al respecto porque le urgía arreglar su auto, ya que no tenía otro vehículo y lo necesitaba para trabajar. También menciona que se dio cuenta que los abogados de los taxistas tienen una mayor relación con los juzgadores, por lo que es más fácil que ganen los casos.

“No solamente funciona así en el ramo de lo civil, también en el comercial las cantidades que reciben son más grandes. No creo que una queja hubiera servido, lo que funcionó y lo comprobé fueron los 25 mil pesos que entregué”.

Opina que si el proceso hubiera sido justo no hubiera tenido que dar ese dinero. Además, lamenta que ahora enfrenta una acusación de fraude por parte de la aseguradora, ya que el juez firmó un oficio para que se reparara su automóvil, contrario a lo que se había indicado en la prueba.

Destacan apertura institucional

La presidenta del Itei, Cynthia Cantero, quien es coordinadora del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, destaca que el objetivo de la plataforma es visibilizar la designación de peritos para atender una situación que se había señalado por parte de la sociedad, en donde se presentaban posibles hechos de corrupción.

Aunque solamente se pone la lupa en un proceso específico, indica que se trata de un proyecto positivo porque anteriormente no se habían trabajado acciones de “apertura institucional” con el Poder Judicial.

“Nos abre la posibilidad para que no sólo se trabaje este compromiso, sino que sea el punto de partida. El titular presidente del Poder Judicial (Ricardo Suro), mostró completa voluntad… estuvo participando”.

Recuerda que los compromisos surgen en mesas de trabajo con la ciudadanía. Y son los representantes de sociedad civil, los académicos y los empresarios quienes le dan seguimiento, en colaboración con el instituto. “Los elementos de Gobierno Abierto indispensables son transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. Teniendo estos elementos se invita a la sociedad a que participe en proponer soluciones, que evidencien que se están resolviendo esos problemas públicos que se señalaron”.

Indica que la transparencia es publicar información en los portales o en la plataforma nacional, pero si no se utiliza pierde su función. Por eso, el modelo aprovecha los datos para la construcción de soluciones en asuntos públicos.

Ante el retraso que se había registrado en la elaboración del diagnóstico del tema de los peritos, acentúa que cada semana se reúnen los enlaces de las autoridades que están participando en la ejecución del segundo plan de acción de Gobierno Abierto. Los acuerdos deben estar concluidos en agosto de 2020.

Acuerdos

Los siguientes son los acuerdos del segundo plan de acción del Gobierno Abierto Jalisco 2019-2020:

• Plataforma digital de participación ciudadana en construcción y aprobación de leyes.
• Con el Poder Legislativo existe la propuesta de rendición de cuentas y transparencia de los programas sociales. También la creación de la plataforma para la atención de reportes ciudadanos.
• Tlaquepaque debe impulsar un portal de datos abiertos para combatir la corrupción.
• Zapopan tendrá que mejorar la atención en los reportes sobre los servicios públicos.
• Guadalajara se compromete con la certificación de trámites en ventanilla.
• En Tlajomulco está la plataforma incluyente para la atención ciudadana.

LA VOZ DEL EXPERTO

Todos tenemos el derecho del acceso a la justicia

Jorge Tejada (miembro del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO).

Jorge Tejada remarca que es fundamental que en el Poder Judicial existan peritos pagados por el Gobierno, que voluntariamente se registren ante el padrón estatal. “Todas las personas tenemos el derecho humano de acceso a la justicia. Tengo derecho a que el Estado gaste, y si el juez necesita que un perito lo asesore, deben estar contratados peritos oficiales pagados por el Estado”.

De otro modo, explica, piden a los expertos que hagan dictámenes de forma gratuita o desinteresada, lo cual es muy laborioso y requiere de una retribución.

“El juez necesita tener a la mano expertos y científicos que sean imparciales. Considerando que los jueces, por más preparación que tengan, son abogados de profesión, pero necesitan de especialistas que ayuden a entender bien la realidad de las cosas”.

Como en todos los rubros, acota, hay oportunidades de corrupción.

Piden incrementar la seguridad en la Ciudad Judicial de Jalisco

Luego de la agresión en la que perdieron la vida el juez segundo de lo Civil de Primera Instancia con sede en Tlajomulco, Mario Sergio Zúñiga; el secretario de ese juzgado, Cristian Gómez, y Sergio Israel Paredes, quien acababa de dejar su puesto en la Judicatura, hay preocupación en el gremio en Jalisco.

“Esto genera una mayor exigencia de seguridad para que los juzgadores podamos llevar a cabo nuestra labor. En cada uno de los asuntos que nosotros resolvemos hay una parte que gana y otra que pierde… siempre hay alguien que puede quedar inconforme”, subraya Bogar Salazar Loza, presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco.

Por ello, subraya que es fundamental mejorar las medidas de seguridad en la Ciudad Judicial, donde hay 50 juzgados y no se cuenta con detectores de metales en la entrada (a diferencia del edificio del Consejo de la Judicatura Federal).

“Conforme lo que hablé con el fiscal (de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez), me pidió que tuviéramos una reunión la siguiente semana y estaremos llegando a algún tipo de acciones, precisamente con el ánimo de reforzar la seguridad. Hay disposición de todas las partes”.

Además, buscarán fortalecer las estrategias con los comisarios de la metrópoli para que puedan realizar patrullajes alrededor de los domicilios de juzgadores que así lo soliciten.

Por último, considera que se deberían manejar con más respeto las noticias con relación a los fallecidos.

“Nosotros hacemos una labor social para que se mantenga el orden cuando existe alguna dificultad entre dos personas. Pero si esto se rebasa, si el Poder Judicial no logra ese cometido, estamos hablando que lo siguiente es la ‘ley de la selva’. Por eso es muy importante que se tome en consideración el denostar o generar  algún tipo de mala impresión sobre los juzgadores en el Estado”.

Destaca que el Poder Judicial del Estado no tenía ninguna denuncia o antecedente de amenazas contra el juez Mario Sergio Zúñiga, informó el magistrado Ricardo Suro, quien reiteró su repudio al hecho, que calificó como inédito y de suma preocupación a nivel nacional.

Manifestó su disposición para apoyar las investigaciones de la Fiscalía del Estado y entregar la información que requiera sobre la actuación de los funcionarios judiciales asesinados. “Espero que sí (se esclarezca el asunto). Lo que esté por parte del Poder Judicial, de brindar información, hay toda la disposición, somos los más interesados en que se esclarezca y se castigue este crimen”.

No descartó que el incidente pueda estar relacionado con el crimen organizado, aunque pidió esperar el avance de la investigación. Añadió que actualmente ningún juez o magistrado del Estado cuenta con protección especial.

Acusaciones contra jueces, una medida de presión

Bogar Salazar Loza, presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, responde que desconocía de las investigaciones contra juzgadores en la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, considera que algunos abogados podrían usar este recurso para ejercer presión. “El tema de la Fiscalía Anticorrupción es de reciente creación… me parece que, a la mejor, no es utilizada como debería. Finalmente es muy sencillo que cualquiera que se sienta ofendido presente una denuncia bajo ese esquema. Y, al terminar la investigación, resulta que no se trató de algún acto de esa naturaleza, sino que fue por algún tema que debió haberse manejado dentro del procedimiento”.

Menciona que hay abogados que lo hacen porque consideran que podrían ganar o cambiar su situación después de que pierden en varias instancias. “La cuestión jurisdiccional es una, pero el tema de investigación de los actos que pudieran traer la constitución de algún posible delito es otra. Es un tema que tendrá que analizarse, verificarse, y sobre todo darle audiencia al juez para escuchar la otra parte”.

Acentúa que otra posible situación es que, cuando los litigantes no obtienen los resultados que buscan, lo atribuyan a irregularidades. Sin embargo, subraya que no se pueden generalizar todos los casos.

“No dudo que si hay una mala actuación habrá litigantes que puedan advertirlo y darle seguimiento. Finalmente, si todos estamos trabajando por limpiar el Poder Judicial y generar las mejores condiciones, quien esté haciendo algo malo tendrá que asumir sus consecuencias”.

Sobre el proyecto para transparentar la designación de peritos, opina que es positivo que se impulse una modernización en los procedimientos si eso abona a que la sociedad se sienta tranquila. “Nos interesa que tengamos peritos capacitados, que al momento de que tengan que emitir un dictamen, realmente nos saquen de la duda. En muchas ocasiones el tema de que el juez escoge a determinados peritos tiene que ver con la confianza”.

Explica que se nota cuando un perito tiene 20 o 30 años desarrollando o perfeccionando sus dictámenes, en comparación con otro que no tiene tanta experiencia. Sobre la propuesta de peritos pagados por el Estado, destaca que sería mejor, aunque se tendría que cuidar no sobresaturarlos de trabajo.

Gobierno abierto

Compromisos del Poder Judicial de Jalisco para la designación de peritos:

• Establecerán nuevos requisitos para el ingreso, renovación y reincorporación de los peritos.
• Iniciarán mesas de trabajo para la elaboración de un nuevo arancel para peritos, “toda vez que el existente es de 1977”.
• Promoverán en un primer momento la propuesta del modelo de selección de peritos para que, a través de un acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura, se maneje una libreta de turno en la designación de los mismos.
• Realizarán mesas de trabajo con la temática de las reformas correspondientes a la normatividad y para que se designe a los peritos de manera aleatoria mediante un sistema electrónico de turno, en virtud de que actualmente pueden ser designados por el juez libremente.
• Generar un sistema de turno electrónico a través de la creación de un micrositio en internet, con la participación de la sociedad civil, jueces y los peritos.

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