Jalisco
Urge aplicar justicia alternativa
La creación de un instituto, juicios orales e infractores con dispositivos electrónicos en la calle disminuirían la sobrepoblación penitenciaria en Jalisco
Cárceles de Jalisco tienen 74.4% de sobrepoblación
GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2010).- Aunque se requiere la construcción de más centros de readaptación social para disminuir la sobrepoblación penitenciaria en Jalisco (que asciende a 74.4%), la creación del Instituto de Justicia Alternativa, la aplicación de los juicios orales y la implementación de dispositivos electrónicos en infractores que cometieron delitos “no graves” —con la intención de que cumplan su sentencia fuera de las cárceles— son urgentes para abatir este problema.
La sobrepoblación penitenciaria es un “grave” problema en la Entidad —ocupa el cuarto lugar en el país en este tema, después del Distrito Federal, Baja California y Monterrey, respectivamente—, reconoce José González, director general del Sistema de Readaptación Social de Jalisco. En la década de los ochenta del siglo pasado comenzó el aumento en el número de internos, que en la actualidad le cuestan al Estado cinco mil 010 pesos mensuales cada uno. La manutención de cada uno de los 16 mil presos en Jalisco asciende a 167 pesos diarios.
Las violaciones a la integridad física, psicológica, privación de justicia y seguridad, sumado a los problemas en la alimentación, convivencia familiar e interacción con abogados, son los agravios que sufre un interno diariamente, apunta Sergio García Ramírez, ex procurador general de la República (1982-1988) y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por ello, el diputado Miguel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Prevención y Readaptación del Congreso estatal, enfatiza que la incorporación del Instituto de Justicia Alternativa, los juicios orales, así como el uso de brazaletes electrónicos para el cumplimiento de penas fuera de prisión con actividades comunitarias, son algunas de las propuestas que estudian para abatir la sobrepoblación penitenciaria. “Necesitamos arrancar el Instituto, eso facilitaría los procesos en el Poder Judicial. Con él, por lo menos 50% de los presuntos delincuentes pudiera salir del penal, o pudiera cubrir una sentencia desde sus domicilios.
GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2010).- Aunque se requiere la construcción de más centros de readaptación social para disminuir la sobrepoblación penitenciaria en Jalisco (que asciende a 74.4%), la creación del Instituto de Justicia Alternativa, la aplicación de los juicios orales y la implementación de dispositivos electrónicos en infractores que cometieron delitos “no graves” —con la intención de que cumplan su sentencia fuera de las cárceles— son urgentes para abatir este problema.
La sobrepoblación penitenciaria es un “grave” problema en la Entidad —ocupa el cuarto lugar en el país en este tema, después del Distrito Federal, Baja California y Monterrey, respectivamente—, reconoce José González, director general del Sistema de Readaptación Social de Jalisco. En la década de los ochenta del siglo pasado comenzó el aumento en el número de internos, que en la actualidad le cuestan al Estado cinco mil 010 pesos mensuales cada uno. La manutención de cada uno de los 16 mil presos en Jalisco asciende a 167 pesos diarios.
Las violaciones a la integridad física, psicológica, privación de justicia y seguridad, sumado a los problemas en la alimentación, convivencia familiar e interacción con abogados, son los agravios que sufre un interno diariamente, apunta Sergio García Ramírez, ex procurador general de la República (1982-1988) y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por ello, el diputado Miguel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Prevención y Readaptación del Congreso estatal, enfatiza que la incorporación del Instituto de Justicia Alternativa, los juicios orales, así como el uso de brazaletes electrónicos para el cumplimiento de penas fuera de prisión con actividades comunitarias, son algunas de las propuestas que estudian para abatir la sobrepoblación penitenciaria. “Necesitamos arrancar el Instituto, eso facilitaría los procesos en el Poder Judicial. Con él, por lo menos 50% de los presuntos delincuentes pudiera salir del penal, o pudiera cubrir una sentencia desde sus domicilios.
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