Criminales que se entreguen recibirán beneficios

Aunque no “irán a buscar a los delincuentes”, el próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla la reducción de penas a los integrantes del crimen organizado que se entreguen o colaboren para incidir en la reducción de la violencia e inseguridad, confirma Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad. “Aquellos criminales que se entreguen, que colaboren con la justicia, que reparen el daño… podrán recibir alguna rebaja en la pena. Hay restricciones en el derecho internacional, no es que salgamos a buscar criminales, es que aquellos que quieran colaborar con la justicia pudieran recibir algún beneficio”.

Remarcó que este tipo de mecanismos legales ya existen, como la figura del testigo protegido o colaborador. “No tenemos por qué asustarnos de que tomemos una iniciativa de esta naturaleza, que nos permita desestructurar las redes criminales que tienen al país en estos niveles de violencia”.

Puntualizó que la amnistía podrá enriquecerse y debatirse para la consolidación del Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado el miércoles pasado por el Gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. En el sexto punto del proyecto, denominado Emprender la construcción de la paz, subraya la siguiente pregunta: ¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? Y enlista cuatro soluciones: un aumento en la esperanza de vida, la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos, la oportunidad de que encabecen negocios legales y regulares, así como alcanzar la respetabilidad social.

El plan contempla la creación de la Guardia Nacional. Sobre este tema, Durazo aclaró que el 1 de diciembre próximo, los marinos y soldados que actualmente están en las calles serán reemplazados por policías militarizados de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Ante las críticas de que las calles continuarán militarizadas, suavizó que los próximos integrantes del mando único tienen una formación distinta a la tropa, pues están capacitados para trabajar de cerca con la ciudadanía.

Tras reunirse ayer con López Obrador, acentuó que la sustitución “será paulatina”, hasta alcanzar que la Guardia sume 150 mil efectivos en 266 zonas repartidas estratégicamente en el país para lograr la pacificación.

La próxima administración iniciará con 43 mil efectivos militares (35 mil del Ejército y ocho mil de la Marina, aunque se sumarán otros policías federales). Prevén que la Guardia iniciará 2019 con un presupuesto de 12 mil millones de pesos para el reclutamiento, capacitación y adiestramiento de los nuevos elementos que se incorporarían. Tendrán sus propios estatutos, jerarquías y uniformes.

Para la Guardia Nacional se requieren reformas constitucionales, que en breve serán presentadas al Congreso.

Suprema Corte batea ley de seguridad interior de Peña

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por nueve votos a favor y uno en contra, declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior impulsada por Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión.

Esta legislación pretendía regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero nunca fue aplicada porque diputados federales, senadores y algunos organismos de derechos humanos y partidos políticos presentaron acciones de inconstitucionalidad contra ésta.

Durante la discusión, que se extendió por tres sesiones, tres de los 11 ministros manifestaron que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior, mientras que ocho señalaron que no, ya que es algo reservado al Presidente de la República.

Varios ministros también dijeron que, en el modelo Constitucional actual, la intervención militar en el combate a la delincuencia sí es posible por orden del Ejecutivo, pero tendría que ser excepcional, temporal, fundada y motivada, y bajo mando civil.

“México requiere contar con una Fiscalía General y con un fiscal que atienda los retos que en esta materia enfrentamos día con día todos los mexicanos, en un reclamo de paz y justicia”.

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, coincidió en que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para legislar sobre el tema, pero señaló que la emisión de esa ley tiene vicios de origen, por lo que se debe declarar inconstitucional en su totalidad; de lo contrario, podría generar un mal mayor a las Fuerzas Armadas..

Organizaciones civiles celebraron el fallo, ante las evidentes violaciones a los derechos humanos; sin embargo, mostraron preocupación por el plan de seguridad anunciado el miércoles por Andrés Manuel López Obrador, en el que se pretende crear la Guardia Nacional, que sería integrada por el Ejército, la Marina y la Policía Militar.

“La Guardia Nacional viene a oscurecer el muy importante triunfo de la sociedad civil con la invalidación de la Ley de Seguridad Interior”, indicó Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien pidió al Presidente electo que las organizaciones se sumen al proyecto para crear la Guardia Nacional.

Avala Senado Fiscalía General; critican que no será autónoma

El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que será un órgano público autónomo encargado de las funciones otorgadas al Ministerio Público Federal y que sustituirá a la Procuraduría General de la República.

Con 70 votos a favor y 47 en contra se avaló el dictamen, cuya finalidad es reglamentar la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la nueva Fiscalía como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público.

La nueva ley fue respaldada por las bancadas del Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social, quienes destacaron la importancia de este marco legal para abatir la impunidad en el país. Mientras, los senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano consideraron incompleta dicha ley, ya que el fiscal general dependerá del titular del Ejecutivo federal.

En tribuna, la senadora Olga Sánchez Cordero, del Partido de Morena, expuso que “México requiere contar con una Fiscalía General y con un fiscal que atienda los retos que en esta materia enfrentamos día con día todos los mexicanos, en un reclamo de paz y justicia”.

Añadió que “es lamentable que, en ocasiones, la procuración de justicia ha sido utilizada como instrumento de persecución entre adversarios políticos. Morena defiende la Constitución y las reformas. No podemos seguir dando prioridad a negociaciones política e ignorando las necesidades del país y sin escuchar a la sociedad civil”, acentuó la próxima secretaria de Gobernación.

Claudia Ruiz Massieu, senadora y presidenta del PRI, contestó que con esta reforma “no están proponiendo una nueva institución, están proponiendo una institución con otro nombre que replica las viejas deficiencias, que justamente son las que queremos superar”.

Según la priista, “si quisieran una verdadera autonomía no tendrían una visión patrimonialista del fiscal respecto del futuro presidente. La Fiscalía que proponen afecta también a la ciudadanía, porque le dificulta el acceso a la justicia”.

El senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, criticó la reforma, pues “el fiscal puede ser removido por el presidente de la República cuando incurra en alguna de las causas graves que establece la ley”, por lo que, a su parecer, la Fiscalía carece de autonomía porque no se establece claramente el procedimiento para dicha remoción.

Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, subrayó que “es un retroceso… ignora cientos de estudios, diagnósticos y propuestas, y manipula las demandas de la sociedad civil organizada por un sistema de procuración de justicia plenamente autónomo. Creíamos que iba por buen puerto ante la reconfiguración política del país. Hoy nos topamos con un obstáculo inesperado: el cambio de intereses y prioridades de Morena”. Añadió que: “Entendemos por autonomía de la Fiscalía, contar con una institución no solamente libre de ataduras políticas y partidistas, sino eficaz en su funcionamiento y capaz de revertir el ciclo de impunidad que vive México. Ésta ley no lo permite”.

Celebran invalidación de Ley de Seguridad Interior; preocupa Guardia Nacional de AMLO

Las organizaciones civiles celebraron ayer que la Suprema Corte invalidara la Ley de Seguridad Interior, una de las normas más polémicas del Presidente Enrique Peña Nieto, aunque señalaron que este logro quedó opacado por el plan de seguridad del mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador.

Nueve de los 11 ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron a favor de declarar inconstitucional la norma, promulgada a finales de diciembre del año pasado. Sin embargo, el plan de seguridad de López Obrador, anunciado ayer, “viene a oscurecer el muy importante triunfo de la sociedad civil” que se ha dado, subrayó el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.

El aspecto más polémico de este nuevo plan es la creación de una Guardia Nacional formada por agentes de las Policías Militar, Naval y Federal, a cargo de las Fuerzas Armadas, y de la que López Obrador ya había hablado en anteriores ocasiones.

Para las organizaciones civiles, esto es una continuación con lo referido en la Ley de Seguridad Interior, que trataba de establecer un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, en las que participan desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

No obstante, Aguirre precisó que el anuncio del presidente electo “se presentó como una posición que está dispuesta todavía a consideración de la sociedad”, por ello esperan un “debate pausado, abierto y plural”, que tenga en cuenta las consideraciones de la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior.

Varios de los ministros de la Corte hicieron referencia a que el Congreso mexicano no tiene “competencia” para legislar sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad; asimismo, aludieron a varias fallas en el procedimiento normativo.

El único integrante del pleno de la SCJN que defendió la ley fue Jorge Pardo Rebolledo, ministro responsable del proyecto creado a partir de varias acciones de constitucionalidad interpuestas, y que abogaba por avalar la norma.

Pardo Rebolledo señaló que la ley “es muy necesaria en nuestro contexto y realidad social”, y que da “un marco regulatorio a las Fuerzas Armadas para que sepan cuáles son los límites”.

Al respecto, Aguirre acentuó que México ya cuenta “con el andamiaje legal necesario” en materia de seguridad, y que más bien haría falta “un programa para el regreso paulatino de las Fuerzas Armadas (a los cuarteles) y un programa de fortalecimiento de las policías”.

En este sentido, Amnistía Internacional (AI) respondió en un boletín que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior supone “una oportunidad” para que el Gobierno de López Obrador desarrolle “un plan detallado para el retiro pronto y ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad”.

Para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, ErikaGuevara Rosas, es “preocupante” que el líder de Morena presentara una propuesta que “repite el modelo de seguridad militarizada fallido” y que ha permitido la comisión de “graves violaciones de derechos humanos”.

Plan de paz suma críticas 

El plan de seguridad y paz de Andrés Manuel López Obrador ha desatado una ola de críticas al considerar que mantiene la militarización del país y la estrategia de anteriores Gobiernos.

• “En términos generales es decepcionante para la opinión pública (el plan de seguridad) porque no se ve claramente diferenciada de la estrategia implementada contra el crimen organizado desde hace 12 años”, dijo el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, Khemvirg Puente.

• “Hay un reconocimiento de que la estrategia de seguridad, hasta el día de hoy, no ha sido la acertada. Hay una expresión de voluntad de quererla cambiar, pero el método elegido en realidad es continuista con los métodos que llevaron al fracaso”, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

• “La creación de la Guardia Nacional, conformada por miembros de las Fuerzas Armadas, es una contradicción más del presidente electo. Esta determinación es muy riesgosa. Hemos afirmado que la participación de nuestro Ejército y Marina en tareas de seguridad es necesaria e indispensable, porque son las instituciones que gozan del mayor prestigio social; sin embargo, también pensamos que debe ser de manera subsidiaria y temporal”, Marko Cortés, presidente del PAN.

• “El (plan de seguridad) es ominoso y con mucha demagogia”, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.

• “La propuesta de Guardia Nacional resultó ser un fraude a la sociedad que confió en la elección de julio, en el sentido de que se podía adoptar una política pública de seguridad diferente y una seguridad sin guerra”.
Colectivo Seguridad sin Guerra.

En un máximo de 10 días, Alfaro anunciará estrategia

En un máximo de 10 días, el gobernador electo, Enrique Alfaro, anunciará la estrategia de seguridad que implementará, informó el coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez.

Explicó que la estrategia se ha planeado desde hace meses, la cual se basa en la separación de las funciones de la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública.

Insistió en que el plan debe estar en manos de gente capacitada y que aprobara los controles de confianza. En este sentido, manifestó su preocupación por las pretensiones del próximo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador de darles facultades en materia de seguridad a los coordinadores estatales. “Vemos un riesgo, insisto, no es ninguna dedicatoria personal, es más, me estoy refiriendo a las 32 Entidades federativas. Veo un riesgo que la seguridad de las Entidades estén en estos cuerpos colegiados de seguridad, llamados consejos estatales de coordinación, y que queden en manos de políticos sin que tengan formación en materia de seguridad y sin que estén certificados en pruebas de control de confianza”.

Además, este tipo de atribuciones en los consejos estatales de coordinación serían una trasgresión a la soberanía de las Entidades federativas, por lo que estarán al pendiente de las decisiones que se tomen en el Congreso federal.

En cuanto a la policía militarizada que también se pretende implementar se mostró sorprendido de que se quiera promover a nivel constitucional, pues durante años se ha buscado sacar al Ejército de las calles. “Es una contradicción”.

En cambio, cuestionó que no se haya previsto hasta el momento el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, lo que calificó de un “lamentable olvido”.

“Sigo apostando por el modelo policial de proximidad o de contacto, es fundamentalmente la tarea de las policías locales, las municipales en primer lugar y subsidiariamente las estatales”. 

Voces

"Es lamentable que, en ocasiones, la procuración de justicia ha sido utilizada como instrumento de persecución entre adversarios políticos. Morena defiende la Constitución y las reformas"

Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena.

"Hoy se evidencia el talante de la nueva mayoría y del próximo Gobierno de Morena... parecen dispuestos a ignorar y manipular las demandas de la sociedad civil organizada" 

Clemente Castañeda, senador de MC.

"Si quisieran una verdadera autonomía no tendrían una visión patrimonialista del fiscal respecto del futuro presidente. La Fiscalía que proponen dificulta el acceso a la justicia"

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.

El nuevo fiscal

• Para el nombramiento del fiscal general, el titular del Ejecutivo federal formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.
• Luego, las dos terceras partes de la Cámara Alta deberán designarlo.
• El fiscal general durará en el encargo nueve años y sólo podrá ser removido por el Ejecutivo federal a consecuencia de conductas graves, como participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución mexicana.

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