Espionaje y reforma

Hace apenas semana y media, cuando realizaba una gira de trabajo por Guadalajara, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, externaba su confianza en que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, lograría, de la mano del Gobierno federal, acuerdos con al menos otras cuatro fracciones partidistas para sacar adelante la reforma en materia petrolera que propuso el Presidente Felipe Calderón al Poder Legislativo.

Decía el titular de Segob que los senadores panistas no buscaban sólo sumar votos de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino integrar en una suerte de coalición legislativa a otros tres partidos minoritarios, para dejar en claro que al actual Gobierno le interesa que las iniciativas de gran calado sean aprobadas por el mayor número de fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, como ocurrió con las reformas fiscal, la de la Ley del ISSSTE y el Presupuesto de Egresos del presente año.

El optimismo de Mouriño aquel miércoles 2 de julio (justo cuando se cumplía el segundo aniversario de la polémica elección de Calderón) muy pronto se vería empañado por un escándalo político que ese día apenas asomaba su rostro. Se trata de los casos de espionaje a legisladores de oposición, presuntamente cometido por alguna instancia gubernamental, según lo denunció por aquellos días nada menos que el coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones.

Los señalamientos del legislador del PRI, que ya han sido respaldados por una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), han tenido eco en otros en el mismo sentido externados por diputados y senadores del propio partido tricolor y de otros grupos parlamentarios. El escándalo ha crecido al grado de merecer una declaración del Presidente Calderón pidiendo que se investigue a fondo si los políticos opositores están siendo espiados, incluso en su vida privada y las de personas de su entorno cercano.

El primer efecto de estas denuncias públicas parece haberse producido ya. Senadores de distintos signos partidistas han dicho que es prácticamente imposible un periodo extraordinario de sesiones para dictaminar las iniciativas de reforma en materia petrolera, lo que ha complicado en primera instancia el escenario de negociaciones que buscaban el Gobierno y su partido.

No debiera empañarse un proceso legislativo sobre una reforma crucial para la economía del país por escándalos como el del espionaje. Pero al parecer alguien no está haciendo bien su trabajo desde el lado de la administración federal, como para dar armas a la oposición para frustrar los cambios que el país requiere.