Tren parlamentario

Cuando el país vuelva de la Semana Santa, entonces dos asuntos de peso completo barbotarán a su paso con el ímpetu borrascoso de esos vientos y lluvias que han comenzado a desajustar diversas y amplias zonas de la República Mexicana.

Los dos fueron anunciados ayer, en San Lázaro. Uno consistirá en la aparición bronca de lo que desde ahora se le ha dado en llamar el “predictamen” del PRI y el PAN de la Ley de Seguridad Nacional; el otro, el reinicio de movilizaciones prohijadas desde la izquierda para advertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “en sus manos está” detener el saqueo de la Nación mediante el frenado de los contratos incentivados que el Gobierno de Felipe Calderón ha comenzado a ofrecer, desde marzo, a compañías petroleras multinacionales sobre la exploración, extracción y explotación de pozos de crudo mexicano maduros.

Muy temprano, en la Cámara de Diputados, el diputado Gerardo Fernández Noroña ponía el grito en el cielo. Que está prácticamente listo el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, declaraba. Y que pretenden priistas y panistas dar un “albazo” la semana posterior a la Semana Santa. Un albazo mediante el cual ahora intentarán los legisladores de esos dos partidos políticos otorgar al Presidente de la República facultades que le permitirían declarar estados de excepción a costa de las garantías individuales.

Algo así afirmó el perredista Agustín Guerrero, más tarde, cuando dijo: “Desde mi punto de vista (ese proyecto de Ley de Seguridad Nacional), lesionaría gravemente las garantías individuales al legalizar los retenes, al legalizar la suspensión de garantías en situaciones de emergencia; establecería el estado de sitio como un recurso de parte de la autoridad militar y policial en el combate al crimen organizado en las consideraciones que ellos así lo consideren pertinente”.

Y advertía también el perredista: “Ya le encontraron la maña de, en lugar de reformar la Constitución, se van a una ley secundaria; en este caso la ley de seguridad, para restar derecho de ciudadanos, a los habitantes de nuestro país, con el pretexto del combate al crimen organizado y al narcotráfico”.

Hacía unos minutos, ahí mismo, en San Lázaro, el diputado federal priista que insufla el proyecto, el peñanietista Alfonso Navarrete Prida, hubo informado que por derivación de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (o sea, del peñanietista Francisco Rojas y Josefina Vázquez, principalmente), se ha conformado a partir del viernes reciente un grupo de trabajo de legisladores de todos los grupos parlamentarios para que estudie técnicamente el dictamen de la iniciativa de marras. Y acordaron que el lunes próximo se pudiera entregar a la Junta un predictamen, para que ésta lo procese “en el tiempo que consideren oportuno”, insistía.

En la conferencia de Navarrete aseguraba que han acordado con los diputados de la mesa de trabajo que si, alguno de ellos, descubriera que hay un artículo del proyecto que contraríe la defensa de las garantías individuales, o que vaya en sentido contrario a lo mandatado en la Constitución, entonces su partido, el PRI, no la avalaría.

Pues precisamente de eso hablan petistas y perredistas: que es un proyecto amarrado entre el PAN y PRI, que desembocará en la violación de las garantías individuales; y, por tanto, en la violación de la Constitución Mexicana.

Uno de los elementos jurídicos que incorporarían con esta ley al derecho positivo mexicano consistiría, precisamente, en la opción de que se declare estado de sitio de acuerdo con criterios militares y policiales.
En torno de estos argumentos se debatirá a partir del lunes, en San Lázaro. De entrada, uno de ellos afloró ayer: de que la Ley de Seguridad Nacional (una ley secundaria) estaría planteándosele a contrapelo de la Constitución, lo que daría pie a que vuelva a solicitársele a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su intervención para que interprete si fuera una ley constitucional o inconstitucional.

El otro gran asunto anunciado para el lunes, consiste en torno de la controversia constitucional que la Cámara de Diputados solicitó el jueves pasado a la Corte, en el sentido de que resuelva si los contratos incentivados que el Gobierno de Felipe Calderón ha comenzado a firmar con multinacionales, son legales o ilegales.

En el reglamento que el Ejecutivo Federal hizo afincado en la Ley General de Petróleos Mexicanos, que los diputados aprobaron el 28 de octubre de 2008, aquel hizo una interpretación tramposa, plagada de chicanerías, según los diputados, porque interpretó Calderón que están autorizando los contratos incentivados cuando los legisladores del PRI, PRD, PT y Convergencia juran que no es así.

Diputados con una gran ascendencia en el tema de la energía como Laura Itzel Castillo Juárez, del PT, han avisado este lunes que el lunes próximo un grupo de legisladores de la oposición y gente movilizada por las calles se apersonarán ante la SCJN para recordarles que ellos ya, en otra controversia, resolvieron que los contratos incentivados están a contra natura de la Constitución. Y que el país esperaría de ellos una resolución acorde con los intereses de la Patria, como ocurrió con la Corte de 1938, cuando resolvió que las petroleras extranjeras tenían que pagar a los trabajadores, dando con ello pie para que iniciase el movimiento de la expropiación del petróleo mexicano.