Reforma penal enfrenta problemas

CIUDAD DE MÉXICO.- Gobernadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), afirmaron que la Reforma del Sistema Penal Mexicano era necesaria y es viable, pero consideraron que su aplicación enfrenta problemas de financiamiento, confianza y políticas partidistas.

Los mandatarios de Nuevo León, Chihuahua, Morelos, Estado de México, Jalisco y el jefe de Gobierno del Distrito Federal participaron en los trabajos del Foro sobre Seguridad con Justicia, a un año de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia penal.

Los gobernadores opinaron que lo primero que debe generarse en el marco de las acciones contra la impunidad y la delincuencia, es un ambiente de confianza entre los gobiernos y las instituciones que promueva la recuperación de credibilidad de las corporaciones.

En la mesa de trabajo denominada “¿Qué hemos aprendido?. Lecciones y retos de la reforma”, los gobernadores del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Morelos, Marco Antonio Adame, así como el mandatario capitalino Marcelo Ebrard, externaron diferentes puntos de vista sobre costos, financiamiento y recursos federales para su aplicación.

Según Ebrard Casaubón, “se generó una reforma constitucional cuya aplicación tiene costos para los gobiernos estatales, y no se le dio sustento en el presupuesto federal, lo que constituye una limitante”.

Otra de las razones que se argumentaron como freno para la aplicación de las reformas, es la discrecionalidad con que se brindan los apoyos a los gobiernos estatales.

Peña Nieto sostuvo que los criterios de apoyo de la Federación tienen que ver con cuestiones partidistas y regionales, posición que fue respaldada por el mandatario de Chihuahua, José Reyes Baeza, aunque mencionó que es posible avanzar cuando hay voluntad política.
A su vez, Marco Antonio Adame reconoció que sí es necesario un apoyo del Gobierno federal, pero estimó que debe brindarse de acuerdo con el impulso que los gobiernos estatales den a la implementación del sistema.

Los mandatarios estatales reconocieron que el sistema que perduró por décadas en materia de justicia penal está rebasado, es obsoleto y no responde a las condiciones de la sociedad actual.

El gobernador de Chihuahua recordó que desde antes que surgiera la reforma constitucional, el 18 de junio de 2008, se aplicaron en esa Entidad cambios en la forma de impartir justicia.

Precisó que en Chihuahua es una realidad la eficacia de la conversión del sistema penal inquisitorio al de juicios orales y acusatorios
Coincidió con el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, al señalar que con la adopción del nuevo sistema de justicia penal es posible abatir el rezago judicial.

Sin embargo, los mandatarios estimaron que el cambio de leyes en el sistema penal no resolverá por sí solo la impunidad ni la alta incidencia delictiva, y que esto se verá sólo hasta que haya una plena y estricta aplicación de las leyes.

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo que la coordinación en ese proceso de justicia penal es determinante para el éxito, y aclaró que una buena comunicación ofrecerá resultados exitosos, pero requiere de mucho trabajo previo.

Advirtió que sin confianza entre los gobiernos no puede haber coordinación, y que la urgencia de la aplicación de la ley es acabar con la impunidad.

González Márquez insistió en que hay muchos aspectos legales que aún con la reforma constitucional no necesitarían cambios, lo verdaderamente importante, subrayó, es la aplicación cabal de la norma.