Alcaldes y funcionarios michoacanos pueden retornar a prisión

CIUDAD DE MÉXICO (07/OCT/2010).- El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, aseguró que a pesar de que la mayoría de alcaldes y funcionarios de Michoacán fueron puestos en libertad por resoluciones judiciales, puede ser que vuelvan a enfrentar a la justicia “si surgen nuevos elementos en su contra”.

En comparecencia ante diputados federales por la gestión de la Procuraduría en el cuarto año de Gobierno del Presidente Felipe Calderón, Chávez Chávez explicó que las sentencias a favor de la libertad de la mayoría de funcionarios en el “Michoacanazo” están apeladas e impugnadas.

Y ante la insistencia de los diputados federales de oposición, detalló todo el proceso.

Explicó que se obtuvo información por medio de testigos sobre que los alcaldes, funcionarios y el diputado federal electo dotaban y facilitaban de información sobre movimientos y operativos policiacos, a un grupo de la delincuencia organizada.

Dijo que si bien los dichos de los testigos protegidos no son suficientes para asentar responsabilidades, sí son base de una investigación que debe ir acompañada de hechos y pruebas.

“La PGR en su momento consideró que con esos elementos adicionales era suficiente, y primero liberó una orden de aprehensión que fue ejecutada, luego el arraigo concedido a 30 personas, después solicitó el ejercicio de la acción penal en contra de 27, posteriormente pidió una orden de aprehensión en contra de 16, de las cuales se ejecutaron cinco.

“Los indiciados fueron puestos en libertad excepto una, de las 32, en 12 de los casos se revocó el auto de formal prisión, en o más se sobreseyeron por falta de elementos para procesar, en nueve de ellos hubo sentencia absolutoria, y dos de ellos mediante resolución de amparo en contra del auto de formal prisión obtuvieron su libertad. Pero es importante precisar que ninguna de estas causas en concreto significó la presentación de la queja, pues se ha entrado al fondo, lo que dijeron los diferentes jueces fue que los elementos aportados por la Procuraduría no eran suficientes”.

Antes, la perredista Dolores de los Ángeles Mazario aseguró que el “Michoacanazo” evidencia el uso político de la Procuraduría.

“La PGR no logró nunca demostrar ninguno de los delitos que se les acusó, la PGR fue sólo una oficina de trámite con fines políticos. Debería reconocer que se equivocó, y no impugnar las resoluciones judiciales en un claro atentado a la autonomía y funcionamiento del Poder Judicial”, dijo la diputada del PRD.