Urge abatir sobrepoblación en Puente Grande: ombudsman

GUADALAJARA, JALISCO.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó ayer el “Informe especial sobre la supervisión en los reclusorios del Estado 2009”, el cual se emite por cuarto año consecutivo. Aunque hay avances, la sobrepoblación continúa siendo el principal problema en los reclusorios de Puente Grande.

“En el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria en toda la república, la calificación promedio fue de 6.48. En el diagnóstico de 2007, Jalisco se ubicó en el undécimo lugar; en 2008 ascendió al quinto sitio, y en 2009 obtuvo un nuevo ascenso al cuarto lugar con una calificación de 7.96, sólo por debajo de los estados de Aguascalientes, Tlaxcala y Coahuila”, precisó el presidente del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien emitió diversas recomendaciones a las autoridades estatales. “Las autoridades realizaron acciones que se vieron reflejadas en una mejoría en los centros al momento de ser evaluados y han sostenido el esfuerzo para cumplir su compromiso. El ascenso en la calificación obtenida en 2009 se debe a los avances en diversos rubros, como el mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria, la mejoría de algunos espacios en diversos centros, el esfuerzo del personal penitenciario y las respuestas que dieron los internos al momento de ser entrevistados respecto a las condiciones en las que se encuentran y el trato que reciben. La calificación obtenida en Jalisco, de 7.96, no indica la excelencia. Es urgente abatir la sobrepoblación en los tres reclusorios de Puente Grande; ese problema trae como consecuencia que exista hacinamiento y la insuficiente atención de las áreas técnicas por falta de personal, lo que implica afectaciones a los derechos humanos de los internos”.

Al  gobernador Emilio González Márquez emitió las siguientes recomendaciones:

Primera: disponga de lo necesario para que los Ceinjure de Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno, Chapala, Tequila, Ameca y Autlán de Navarro cuenten con áreas adecuadas para talleres y aulas de clase tanto para mujeres como para hombres.

Segunda: se amplíen las instalaciones de las áreas femeniles de dichos centros, con el fin de que las internas dispongan de espacios suficientes para ingerir sus alimentos, realizar actividades deportivas, recreativas, productivas y educativas; recibir a su visita en un lugar apropiado y que puedan disfrutar de los mismos servicios que los varones.

Tercera: se adecuen los centros de Ameca, Tequila y Lagos de Moreno, a fin de que las internas tengan el servicio telefónico a su alcance.

Cuarta: agilice la construcción y entren en funcionamiento a la brevedad los centros integrales de justicia regional de Ocotlán y Colotlán, así como el reclusorio metropolitano de Puente Grande.
Quinta: gire instrucciones para la creación de un pabellón psiquiátrico que permita atender a la población penitenciaria con problemas mentales, que cumpla con las disposiciones de la Ley General de Salud y la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica.

Sexta: disponga lo necesario para que a través de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social del Estado se elaboren y pongan en marcha programas de capacitación laboral y oportunidades de trabajo para los reclusos y reclusas, con el propósito de contribuir a su reinserción social.

Al secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, las recomendaciones fueron las siguientes:

Primera: amplíe la plantilla de personal de custodia y vigilancia en el Centro de Readaptación Social del Estado, Reclusorio Preventivo del Estado y Centro Preventivo y de Readaptación Social Femenil.

Segunda: amplíe la plantilla de personal para las áreas técnicas de los reclusorios ubicados en Puente Grande. En tanto esto se efectúa, se gestione la suscripción de convenios de colaboración y apoyo con las universidades locales a efecto de que los alumnos con carreras afines a las áreas jurídica, médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica y de trabajo social puedan realizar sus prácticas profesionales y su servicio social.

Tercera: se garantice la presencia de criminólogos en todos los centros penitenciarios a cargo del Gobierno del Estado, a fin de que se realice una adecuada clasificación criminológica de todos los internos.

Cuarta: se garantice el abastecimiento constante y suficiente de agua corriente y potable purificada a todos los internos de los tres centros ubicados en Puente Grande.  

Quinta: en tanto se construyen los Centros de Observación, Clasificación y Diagnóstico, y los de atención integral juvenil en los municipios de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Ocotlán, que se acondicionen espacios adecuados para la custodia de los adolescentes en los Ceinjure.

Carencias en atención a enfermos mentales

En los tres centros penitenciarios de Puente Grande, el informe destaca que se apoya a los adultos mayores y se atiende a las personas que padecen VIH/sida con medicamentos.

“Para los adictos a las drogas se dispone de una clínica de desintoxicación, a la que los internos pueden ingresar voluntariamente. Pero el problema de las malas condiciones en las que se encuentran los enfermos mentales no ha sido resuelto, no obstante que fue señalado por este organismo en el informe especial de 2008, pues ninguno de los tres tiene un espacio especializado para albergarlos. Este organismo de nuevo hace un llamado urgente al gobernador para que en la zona metropolitana se cree un centro hospitalario especializado para los internos con ese padecimiento”.

Para saber

Los reclusorios se clasifican en tres grupos:
Los seis centros integrales de justicia regional (Ceinjure), que funcionan como preventivos.

Dos que funcionan como preventivos y de readaptación social.
Los ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el núcleo penitenciario de Puente Grande.

¿Qué se analiza en las cárceles?

Se supervisa el respeto de los siete derechos fundamentales establecidos en la legislación nacional y en diversos instrumentos internacionales: su situación jurídica, estancia digna y segura, integridad física y moral, desarrollo de actividades educativas y productivas, vinculación social, mantenimiento del orden y aplicación de medidas disciplinarias, y grupos especiales.

Para la presente evaluación, además de la inspección directa, fueron entrevistados los directores o responsables de los 11 centros visitados y los titulares de las áreas médica, psicológica, de trabajo social y jurídica, así como internas e internos, a quienes se les practicó un cuestionario para que manifestaran su opinión en relación a los diferentes temas.