Titular de penales afirma: “El Mike” era líder positivo

Industriales exigen responsables tras fuga de directivos

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2010).- Rodeado de legisladores y reporteros, y justo al lado del secretario de Seguridad Pública en Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el comisario de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (Digpres), José González Jiménez, declaró que el autogobierno que imperaba en Puente Grande no es sino un “liderazgo positivo”.

Arguyendo que la naturaleza humana demanda asociaciones, el director de reclusorios en la Entidad dijo que el autogobierno no es privativo de Puente Grande, dado que “todos los penales del país son susceptibles de este problema”.

En un recorrido guiado al Centro de Readaptación Social (CRS), en el cual se permitió el acceso a los medios de comunicación, se evidenció que un reo en particular, llamado Alejandro Mena Quirarte, goza de beneficios que no se observaron entre otros internos de la población.

Ayer, tres diputados de extracción panista acudieron al complejo carcelario de Puente Grande para dar un recorrido y evidenciar las carencias en materia de reinserción social que se tienen ahí; éstas resultaron ser bastantes.

Aunque se tenía previsto que diputados de la fracción priista participaran en la visita, los legisladores del partido tricolor se rehusaron a asistir, en protesta por la falta de medidas después del operativo del viernes pasado, en el que se hallaron armas de grueso calibre y drogas en el centro penitenciario.

En el Penal de Sentenciados hay otro jefe de ''autogobierno"

Pese a que existe la figura de un interno que, se presume, funge como el “jefe del autogobierno” en el área de sentenciados del Penal estatal de Puente Grande (CRS), las autoridades carcelarias de ese centro penitenciario descartan que éste individuo, de nombre Alejandro Mena Quirarte, sea un “líder” en el poder, como lo era Miguel Ángel Zazueta Ontiveros, alias “ El Mike”, en el Penal Preventivo.

En contraste con Zazueta Ontiveros —quien contaba con cinco dormitorios para realizar cualquier acción que deseara, además del agregado de armas, drogas y una pandilla a su servicio—, Mena Quirarte se encuentra en una celda de dimensiones exactas a las de cualquier otra; la única diferencia es el lujo de un baño con vitropiso y una televisión, así como gran orden en el aseo de su “casa”, que tiene servicio de agua... algo de lo cual no pueden jactarse muchas otras.

No obstante, para la autoridad dicho agregado guarda relación con el “buen comportamiento” que ha mostrado desde que inició su estadía en el centro penitenciario, según mencionó el director de ése sitio, Jorge Pérez Migoni.

En una visita guiada a las instalaciones del Penal, en la que varios medios de comunicación lograron acceder al área de celdas, el funcionario explicó que ese agregado en su dormitorio —donde Mena Quirarte no se encontraba cuando la prensa entró—, es algo que ganó tras participar en tratamientos de reinserción social.

“La Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco establece como facultad, tanto del director del Establecimiento, como del consejo técnico-interdisciplinario, generar estímulos a aquellos internos que observan buena conducta y tienen participación en el tratamiento que ha de conducirlos a alcanzar la readaptación social para una adecuada reinserción”.

Tras la visita guiada, encabezada por el comisario general de Prevención y Reinserción Social en el Estado, José González Jiménez, se logró constatar que el hacinamiento en el complejo carcelario es grande. Los propios representantes del lugar reconocieron que, al menos en esa área, se cuenta con una sobrepoblación del 158 por ciento.

A decir del titular de reclusorios, el CRS cuenta con dos mil 87 estancias, pero tiene un total de cinco mil 394 sentenciados. A esta debilidad se suma la poca cantidad de custodios, a quienes se les encomienda garantizar el control total de esa prisión.

Varias trabas en reinserción social

El hacinamiento, la falta de personal operativo, el tráfico clandestino de drogas y el poco presupuesto para abatir estas problemáticas son parte de las trabas con que cuenta el sistema carcelario y de readaptación actual.
Aunque los titulares del área de sentenciados del Centro de Readaptación Social (CRS), Jorge Pérez Migoni, y del reclusorio femenil, Claudia Lozano Alcaraz, coincidieron en que ésos son los mayores obstáculos para cumplimentar con éxito el proceso de reinserción social, tampoco dejaron de reconocer que la labor que se realiza en estos momentos “es óptima”.

De acuerdo con ambos funcionarios, quienes mostraron a la luz pública el modo de vida de los internos en sus respectivos centros carcelarios, su trabajo en el área de la readaptación ha resultado “eficiente”, sobretodo en el penal femenil, donde la misma directora conoce al total de las internas por nombre, y a quien ellas tienen la confianza —o al menos así sucedió frente a los medios— de acercársele para externar sus inconformidades.

“(El grado de reincidencia) es mínimo; hemos trabajado en dos libros, que ya fueron publicados, y una revista que saldrá, esperamos, en dos meses, se llama ‘Vida Adentro’”, refirió la también maestra en criminología.

No obstante, tampoco el campo masculino está tan rezagado. Pérez Migoni presentó a la prensa todas las áreas de trabajo de los reclusos (talleres, gimnasio, clínica), los locutorios, el área administrativa, la terraza, e incluso, el área de los dormitorios. Y declaró que, “aún con las limitantes (económicas), el objetivo (de readaptar a los internos) se cumple”. 

Reconocen carencias en Puente Grande

No todo es miel sobre ojuelas en el sistema carcelario jalisciense, pues aunque las autoridades penitenciarias destacaron los valores que inculcan a su población e hicieron esfuerzos al mostrar áreas verdes recién saneadas, las cifras negras también salieron a relucir.

El recorrido a las instalaciones, al que acudieron los diputados Miguel Ángel Monraz Ibarra, Alfredo Argüelles Basave y Margarita Licea González, desveló las grandes trabas en el sistema de Prevención y Readaptación Social, como la corrupción dentro del Penal Preventivo, al cual no se tuvo acceso “por cuestiones de seguridad y para evitar entorpecer las investigaciones que se realizan”, según mencionó José González Jiménez, director de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (Digpres).

Dentro de otras cifras que el titular de la Digpres mencionó, están seis detenciones de custodios en un lapso de dos años, por facilitar la introducción de drogas a las instalaciones. Reconoció, además, que resulta difícil detectar a los visitantes que ocultan alcaloides entre sus ropas, dado que no se cuenta con el equipo tecnológico necesario para ello.

Ello, aunado a las carencias en el área médica, donde únicamente se cuenta con 10 doctores en el CRS, quienes deben realizar chequeos clínicos de rutina, evaluaciones, cuidados en el área de urgencias, e incluso, operaciones de segundo grado a más de cinco mil reos, durante los siete días de la semana y las 24 horas del día.

La solución a corto plazo, precisa José González Jiménez, es disminuir la población de internos cuyos delitos sean del fuero federal. El que las autoridades de la Federación se hagan cargo de ellos, mencionó, sería una gran ventaja, primero, para erradicar el problema de sobrecupo, y después, para atenuar los otros rezagos, dado que se tendrían mayores atenciones para la población restante.

No es autogobierno, es “liderazgo positivo”: titular del Digpres

El que un hombre mantenga el dominio dentro de un complejo carcelario no es autogobierno, para el titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (Digpres), José González Jiménez, eso significa un “liderazgo positivo” que obedece a un “sistema de organización natural en las sociedades”.

“Como en toda sociedad, hay un sistema de organización. Bueno o malo, el ser humano convive en grupo y siempre se forma un líder, un representante. Nosotros le llamaríamos ‘líder positivo’ a aquel que, en el momento, no tenemos idea de que tenga una conducta negativa o que haga algo ilícito”.

En este tenor, el funcionario mencionó que ya se tiene previsto que alguien más tome el sitio que por años ocupó “El Mike”, por lo cual se toman medidas, realizando clasificaciones de internos que, a su vez, “se complican por la falta de espacios”.

Añadió que los “privilegios” de los cuales gozan ciertos internos no son tal, y que algunos de ellos (como el mosaico en el baño del reo Alejandro Mena Quirarte) no se colocaron en el tiempo que tiene a cargo de la Digpres, por lo que el problema lo adjudicó a administraciones anteriores.

“Son internos que tienen años ahí, en el caso de ‘El Mike’, tiene un ingreso en enero de 1993, cuenten los años, no llegó con nosotros. En el caso de Alejandro Mena, tiene alrededor de 17 años compurgando. Hay cosas que ustedes le llaman un privilegio, pero son internos que tienen años ahí”.

No tengo responsabilidad alguna: Luis Carlos Nájera

“Ni legal ni por omisión”, el secretario de Seguridad Pública en la Entidad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, no tiene responsabilidad alguna en el filtro ilegal de armas de fuego, drogas y aparatos electrónicos que Miguel Ángel Zazueta Ontiveros, “El Mike”, recibía en el Penal Preventivo de Puente Grande.

El funcionario mencionó que, el que ciertos actores políticos deseen que ruede su cabeza, “es una incongruencia”, dado que él permitió y en todo momento apoyó la movilización militar, que destapó la cloaca de irregularidades en el reclusorio.

“Es la primera ocasión en que se hace una acción preventiva, se evita una desgracia y se pide la salida del funcionario que está evitando un mal mayor; si esto no se llama incongruencia no sé cómo se llame”.

“El Mike” continúa en el dormitorio 22

Gracias al amparo que el Juzgado Primero de Distrito otorgó a Miguel Ángel Zazueta Ontiveros, éste permanece recluído en el mismo dormitorio en que fue localizado por el Ejército el día del operativo.

“A él se le otorga un amparo y el juez ordena que no se le mueva de lugar, es donde se le detuvo y es donde se le deja”, refirió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

La frase

“En la primer comparecencia que hice ante el Congreso yo reconocí el autogobierno; hemos estado trabajando para abatir este problema (…) hay que recordar que en esa ocasión se dijo que era un liderazgo positivo”,
Luis Carlos Nájera secretario de Seguridad Pública

Legisladores panistas buscan recursos extra

Como parte del proyecto y objetivos que se impusieron la Comisión de Readaptación Social y la Comisión de Derechos Humanos para evaluar el estado en que se encuentran los centros carcelarios de Jalisco, diputados de extracción panista visitaron el complejo penitenciario de Puente Grande. 

La misión del presidente de la Comisión de Redaptación Social, Miguel Ángel Monraz, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Margarita Licea, y el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Alfredo Argüelles, fue revisar a detalle las condiciones en que se mantienen dichos complejos penitenciarios, “desde los inmuebles y sistemas de seguridad, pasando por los alimentos, áreas médicas y los servicios que se prestan a los internos”.

Al final del recorrido, los legisladores coincidieron en que las áreas de reclusión se encuentran controladas, aunque “sabemos que hay problemas, eso no lo vamos a esconder; sobretodo sabemos que hay muchas necesidades”.

De acuerdo con lo que Miguel Monraz mencionó, se pretende otorgar un presupuesto de 400 millones de pesos para el año entrante, a fin de invertir en el sistema penitenciario jalisciense. Especificó que el tema de la preliberación es indispensable, para dotar de espacios dignos a las personas que se hallan recluidas.

“Buscamos etiquetar recursos para proyectos específicos en los centros carcelarios; no sólo que vaya a seguridad, sino en los centros, con los proyectos que nos han comentado las autoridades y los propios internos”.
Para lograr esta meta, dijo, se debe reformar el Código Penal y poner en marcha el Instituto de Justicia Alternativa, “con lo cual podríamos preliberar a la mitad de los ocho mil internos recluidos por delito patrimonial en estos penales”.

El funcionario público concluyó exhortando a sus homólogos de otros partidos a “dejar de lado temas coyunturales y políticos, para que nos sumemos al trabajo en beneficio de los internos y de la sociedad”.

Para saber

Alejandro Mena Quirarte fue detenido hace 17 años; purga una sentencia de 40 años y los delitos que cometió son: homicidio calificado, robo calificado y plagio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que, por cada 500 reos, se debe contar con seis médicos por lo menos; el área de sentenciados de Puente Grande tiene sólo 10, para hacerse cargo de más de cinco mil.

Sólo los internos sentenciados están obligados por ley a ejercer alguna función de provecho en el centro en que se encuentran recluídos (deporte, trabajo, estudio, etc); quienes están bajo proceso pueden abstenerse de ello y gozar únicamente de las prestaciones del penal, como agua, comida y techo.

Un niño que nace dentro de la cárcel puede permanecer tres años con su madre. Al cumplirlos, las autoridades lo ponen bajo cuidado de la familia, o en caso de que no se cuente con el apoyo de ella, a disposición de una casa hogar.

Las celdas tienen una dimensión estándar de tres metros por dos y medio; el protocolo indica que ahí pernocten entre seis y ocho personas, pero en algunos casos esta cifra rebasa los 12. Cuando las camas o “tumbas” están llenas, la población restante duerme en el suelo hasta que son desocupadas cuando su “propietario” recibe libertad. En este caso, el siguiente en salir tomará ese lugar.

A raíz del operativo militar del jueves pasado, al menos 15 custodios del Penal Preventivo fueron reubicados en el Centro Tutelar para Menores, en tanto se llega al fondo de la investigación. José González Jiménez, director del Digpres, reiteró que “todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contario”.


EL INFORMADOR/ ISAAC DE LOZA