El PAN aboga por el IEyPC; en duda el pago a Castellanos

GUADALAJARA, JALISCO.- Mientras las renuncias de José Luis Castellanos González como presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ), y de Rosa del Carmen Álvarez López como consejera, siguen atrayendo la controversia contra el organismo, ayer el secretario general del Gobierno del Estado, Fernando Guzmán Pérez Peláez, puso en duda cualquier pago por concepto de indemnización para el ahora ex presidente, alegando que su renuncia fue “lisa y llana”.

En tanto, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Antonio Elvira de la Torre, rechazó la razón “que alegan” los argumentos respecto de una “caída” del organismo electoral tras las renuncias de José Luis Castellanos González y Rosa del Carmen Álvarez López.

“Si algunas personas no supieron cumplir con las funciones que aceptaron voluntariamente al asumir un cargo, eso no quiere decir que el órgano esté incumpliendo con sus obligaciones”, apuntó el representante panista, al tiempo que subrayó, ante señalamientos de que el PAN es responsable de la partidización que “todos los partidos políticos avalaron el incremento en el financiamiento a los partidos y la reforma electoral que determinó la creación del nuevo Instituto”, lo que también contempló la salida de los actuales consejeros electorales y el nombramiento de siete nuevos miembros de este órgano.

Millonaria indemnización, cuestionada

En cuanto a la postura del Gobierno del Estado sobre lo que acontece con el instituto responsable de organizar las próximas elecciones en Jalisco, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán, anotó:

“La decisión que están tomando algunos consejeros, en este caso el consejero presidente, se informó por él mismo a través de algún comunicado y tenemos conocimiento que es una renuncia lisa y llana; eso es lo que sabemos.

“Por lo que hace a la consejera Rosa del Carmen (Álvarez López), ella renuncia y hace referencia a que se acoge a los beneficios previstos en la reforma electoral. Sin embargo, esta reforma precisa que el proceso de posible sustitución de los consejeros debería arrancar a los 30 días de haber entrado en vigor la reforma; han pasado 90 días. No se ha convocado por parte del Congreso, formalmente, a este proceso de renovación y en este marco se están dando estas dos renuncias”.

El funcionario subrayó que están “atentos a la evolución del asunto. Entiendo que la renuncia del consejero presidente, pues tal como se ha dado a conocer, pues no está sujeta aparentemente a ningún pago y la renuncia de la consejera Rosa del Carmen pretende pago, pero no está precisando el mismo y los alcances jurídicos tendrán que documentarse adecuadamente, con base en la Ley que ha sido aprobada precisamente por el Congreso”.