Este miércoles, el alcalde de Jocotepec, Hugo David García, dio a conocer que ya es de conocimiento del ayuntamiento, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), han iniciado una investigación para analizar las posibles afectaciones derivadas de la intervención hecha por el ayuntamiento en un predio contiguo al Malecón de San Juan Cosalá, en la Laguna de Chapala, considerada como Área Natural Protegida (ANP) y sitio Ramsar (título que se le da a los manglares más importantes a nivel internacional por la biodiversidad que alberga).Ante ello, aseveró, que acatará las determinaciones que las autoridades federales lleguen a tomar, pues insistió, únicamente se trató del seguimiento de un proyecto de administraciones anteriores que dijo, data del 2015 y se llevaría a cabo en tres etapas en busca de ampliar el Malecón con fines turísticos, e indicó que nunca antes se habían tenido problemas por ello, apuntando a que “es posible que haya intereses particulares que están moviendo el caso”.“Lo que queremos es que el lago recupere su nivel, que se vea más bonito. Entonces, somos los principales interesados en eso y claro que sabemos que es un impacto ecológico, pero vuelvo a lo mismo, no lo estamos haciendo, o no lo iniciamos nosotros, esto es la continuidad. Lo vamos a parar por toda la situación, vamos a tratar de ver qué solucionamos ahorita al respecto”, afirmó el alcalde.Las acciones del “relleno”, dijo, estaban a cargo del delegado de Jocotepec, Rodrigo Serrano Zamora, quien “de buena fe” se ofreció a recolectar el escombro y llevarlo a esta zona de la laguna, pese a ser delito federal.“Él tiene una empresa de maquinaria, él está metiendo su maquinaria y él lo está haciendo de iniciativa propia”, dijo el alcalde. Aunque se buscó su postura a través del ayuntamiento de Jocotepec por tratarse de un funcionario municipal, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.Hugo David apuntó que no se trata de un desconocimiento de las normas y leyes en la materia, sino que el delegado “se confió” de que las y los habitantes de Jocotepec lo conocen “y saben que las acciones emprendidas son en beneficio de la zona y del turismo”.“Más que ignorancia se confió de que nunca hubo este tipo de situaciones. Él tiene más de 20 años trabajando. Él les ha vendido material, les ha vendido cosas a todos los que han construido en toda la ribera de San Juan Cosalá, y nunca se había llevado a cabo algo así. Pero si todas estas personas consideran que tenemos que impartir mano dura de parte de nuestro gobierno, lo vamos a hacer. Digo van a salir raspados el 75% de los dueños de propiedades privadas que están invadiendo la zona y en todo el corredor de zona norte, pero lo que tenga que venir”, manifestó el munícipe.Aseguró que el día de mañana jueves sostendrá una reunión con autoridades de la Profepa para escuchar a la dependencia federal, y aseguró que de ser necesario, incluso el ayuntamiento se encargará de dar reversa a las acciones que ahí se han venido ejecutando. Incluso, puso un mes como plazo para retirar todos los materiales ahí vertidos, si así lo determina la autoridad federal.“Estamos con toda la intención de remediar y hacer todo lo que nos compete para volver a poner en su lugar como estaba. No, pero tal parece que nos quieren cargar todo desde el 2015 a 2025. Son 10 años que han transcurrido. No sé cuál sea la intención de que vengan todos a cargármelo a mí si yo tengo tres meses (en el cargo), lo que se ha hecho ahí en tres meses, podemos iniciar. Si esa es la indicación que se nos hace, en un mes lo tenemos resuelto”, explicó el alcalde.Luego de un recorrido llevado a cabo por este medio de comunicación en la zona de la invasión, se confirmó que los desechos vertidos en el área de la laguna y el manglar, que se recorren hasta la zona de las viviendas, están compuestos por mosaicos, pegamentos, excusados rotos, maletas, botellas de plástico, pelotas y juguetes, entre otros objetos.Ante ello, dijo uno de los vecinos de la zona quien prefirió resguardar su nombre por temor a represalias, es de preocuparse lo que ocurre en esta zona de la laguna con mayor frecuencia desde hace tres o cuatro meses, pues dijo, no solamente hay una invasión a una zona federal y del lago, sino que además los desechos representan un foco de infección que podría agravar una vez que suba el nivel del agua, como suele ocurrir en época de lluvias.“Pero otro agravante es la contaminación que están haciendo, traen escombros cruzados, llantas. Y el escombro sabemos que no es algo higiénico, y esto es parte del litoral del lago. El agua llega a las bardas cuando hay un exceso de agua, y nos preocupa que esto esté contaminando el medio ambiente, y sobre todo sabiendo que esta es una zona federal, y que nadie puede acceder a una zona federal”, manifestó el colono.Por otra parte, este miércoles la Profepa realiza una nueva visita a la zona para analizar los alcances de las acciones, y se espera que más tarde pueda brindar más información sobre las acciones llevadas a cabo este día, así como de los pasos a seguir para determinar responsabilidades. Mientras tanto la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) ya llevó a cabo la clausura del predio, para evitar el paso de los camiones que descargaban el material en la zona.Patricia Moreno, maestra en Derecho Ambiental, explicó que esta situación es de gran gravedad, debido principalmente a que quien está cometiendo estas violaciones ambientales es una autoridad, reconociendo en primer lugar en que el delegado es un funcionario del ayuntamiento y en segundo, que el alcalde reconoce que se está haciendo para un proyecto del propio gobierno municipal. “La autoridad no está exenta de cumplir la normatividad ambiental”, declaró.También, dijo, es grave debido precisamente a lo que representa San Juan Cosalá para los Ramsar y para las ANP. “Lo dice bien claro el Código Penal Federal en su artículo 420-Bis. Que se impondrá de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos”, dijo la especialista.El código federal señala también, que se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días de multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida. “Ante el caso de que quien está infringiendo la ley es una autoridad, dijo la especialista, es necesario comenzar a considerar la existencia de un comité de vigilancia que esté integrado por autoridades, especialistas y ciudadanía, a fin de que todos tengan la misma validez para supervisar y denunciar los actos que se están cometiendo, para que al final del día todos sepan que están vigilándose entre todos”, explicó Patricia Moreno.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV
