La Cámara de Diputados notificó ayer a los 500 legisladores federales que las siguientes discusiones en el pleno son la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos (18 de septiembre) y los cambios para que la Guardia Nacional pase al mando del Ejército (19 de septiembre). La anterior es una de las reformas constitucionales que no pasaron en la anterior Legislatura, pero ahora que Morena y aliados tienen mayoría calificada en el Congreso de la Unión será cuestión de trámite para aprobarse y entrar en vigor.Tras avalar la reforma judicial, la siguiente polémica está relacionada con la operación de la Guardia Nacional. Hay críticas de organismos civiles —como “México unido contra la delincuencia”—, quienes afirman que la propuesta significa la militarización total y permanente de la seguridad pública, al dotar a la Guardia Nacional de un carácter militar en su mando, composición, entrenamiento y régimen disciplinario.La iniciativa se presentó desde el 5 de febrero pasado. El Gobierno federal presentó un dictamen que modifica 12 artículos de la Constitución, con los objetivos de poner a la Guardia Nacional bajo el mando y control total de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para reconocerla formalmente como una nueva corporación de la Fuerza Armada Permanente, para facultar al Presidente de la República y disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de manera ordinaria, para conceder la posibilidad del fuero militar a los guardias nacionales que cometan delitos y violaciones a derechos humanos. Y para eliminar a los últimos elementos civiles de la corporación: los policías federales.En términos de empoderamiento, la reforma aumentaría a más de 118 mil elementos nuevos bajo su control. Y contempla que los recursos presupuestarios, financieros y materiales de la Guardia Nacional sean transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional.La iniciativa se pretende avalar esta semana en la Cámara de Diputados y podría aprobarse también en el Senado, para luego pasar a los Congresos estatales, en un procedimiento similar a la reforma judicial. Al resolver un recurso de queja, un Tribunal Colegiado ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta que un juez de Distrito resuelva si concede la suspensión definitiva a una asociación civil que impugnó el dictamen aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados.Por unanimidad de votos, los magistrados del colegiado declararon fundada la queja de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, contra los efectos de la suspensión provisional que un juez les otorgó en el amparo que tramitó para que no se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma judicial en las cámaras de Diputados y Senadores.En consecuencia, los magistrados consideraron procedente modificar la resolución del juez y otorgarle a la asociación la medida cautelar, pues la publicación y entrada en vigor de la reforma ocasionaría daños y perjuicios de imposible reparación.“Por resultar parcialmente fundados los agravios hechos valer, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja y modificar los efectos de la suspensión, para que las autoridades responsables no materialicen los actos reclamados, esto es: Que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución, en las Cámaras de Diputados y Senadores”, indicaron en un comunicado.“Que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución en las legislaturas de los Estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México, en específico el tema jurídico relativo al Poder Judicial”, dice su resolución.“En caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe, por las autoridades responsables, el decreto respectivo no se publique en el Diario Oficial de la Federación”.Los magistrados señalaron que la pretensión de la reforma judicial es clara en cuanto a que tiene como fin o efecto “desaparecer el Poder Judicial de la Federación como fue establecido por el Poder Constituyente en la Carta Fundamental”.Por su parte la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma se publique en el DOF.El Universal Voz del experto Adolfo Gámez, abogado penalistaEl abogado penal, Adolfo Gámez, consideró que, tras la suspensión de un tribunal para no publicar la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el proceso legal seguirá ante instancias internacionales.“Aquí en México se va a votar el procedimiento judicial que existe, en este caso, es la ley de amparo vigente, por lo tanto, si se agota este procedimiento constitucional yo pienso que se van a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para después llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el abogado penalista. En Latinoamérica hay antecedentes de países que tuvieron que resolver problemas legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: se trata de Honduras por una situación de dignidad. Aunque Gámez recordó que México todavía tiene que resolver el tema de la prisión preventiva oficiosa: “Nosotros en México todavía tenemos algunos problemas con la Corte, por ejemplo con la Prisión Preventiva Oficiosa. Debemos de realizar esta reforma constitucional porque es contraria al Pacto de San José que sí puede obligar al Gobierno mexicano a modificar su Constitución”, indicó sobre las bases legales. El abogado penalista cuestionó que hayan desaparecido a la Defensoría legal que permitía que todos los mexicanos contaran con un abogado por derecho pagado por el Estado para hacer frente a temas legales. Voz del experto Isaac López Medina, abogado postulantePara Isaac López Medina, quien es abogado postulante, la suspensión que ordenó un tribunal para que no se publique la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación no es viable, ya que no tiene efectos. El abogado explicó que, al aprobarse la reforma en al menos 17 congresos estatales de la República y que el Senado la declarara válida, cualquier recurso legal no supondrá efectos para impedir su publicación en el Diario Oficial ni su avance.“No pudiese surtir efectos un amparo cuando está el Congreso Constituyente permanente, es lo que está pasando en este momento. Por ese motivo, no pudiera entrar en un tema de orden judicial para suspender el acto de la publicación de dicha reforma”.Incluso, consideró que el Congreso Constituyente permanente ignorará cualquier recurso legal y la reforma seguirá adelante: “Para mi punto de vista, es que el Congreso constituyente no le va a hacer caso por las dos premisas, que es la ley y que está superior al Congreso constituyente que reforma cualquier tipo de reforma a la Constitución”. López Medina cuestionó que la oposición haya presentado recursos legales para frenar la reforma judicial y apelando a la invasión de poderes. “Se emitió una declaración por parte de la CIDH que es una autoridad internacional, donde manifiesta que no se debe de haber una invasión de poderes, que creo yo que también es una mala información y que la oposición está tratando de presionar por otros mecanismos internacionales para que la reforma no se lleve a cabo en la publicación”, indicó. Decenas de manifestantes impidieron el paso en el Puente Internacional Córdova-Américas, también conocido como Puente Libre, en la frontera entre Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, y El Paso, Texas, Estados Unidos, en protesta contra la reforma judicial, para la elección de juzgadores por voto popular.El bloqueo, provocó una significativa interrupción en el tráfico vehicular y peatonal entre ambos países.Los manifestantes sostuvieron que la reforma representa una amenaza para la independencia del Poder Judicial y acusan al Gobierno de intentar controlar las decisiones de los jueces. A pesar de los llamados de las autoridades para liberar el paso, los inconformes señalaron que mantendrán el bloqueo hasta que su reclamos sean escuchados. CT
