La construcción de megaproyectos sin consulta previa, el desplazamiento forzado, la violencia, y el acceso a la justicia son algunas de las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas en México, afirmó Victoria Tauli-Corpuz, relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien destacó que el cambio de gobierno representa una oportunidad para incluir a ese sector en las propuestas de mejora.La relatora presentó su informe sobre la visita que hizo en México del 8 al 17 de noviembre de 2017, en la que visitó la Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y Chiapas, y se reunió con autoridades de los diversos niveles de gobierno.Alertó que los pueblos indígenas del país continúan enfrentando violaciones a sus derechos humanos, puesto que padecen un contexto de profunda pobreza y desigualdad. Destacó que "la implementación de megaproyectos, los desplazamientos forzados, la violencia, la impunidad y el acceso a la justicia son preocupaciones relacionadas con el entorno social de los pueblos indígenas". La relatora dijo que aunque se han realizado consultas para la realización de proyectos que afectan a las comunidades, éstas no han contado con los estándares internacionales y se hicieron después, no previamente, como debe ser. Ante ese panorama, alentó a los pueblos indígenas y exhortó a las autoridades a implementar otros mecanismos de consulta, los cuales deben ser elegidos por las comunidades.Durante la visita, "recibí denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, de hidrocarburos, eólicos, de energía industrial, agroindustriales, infraestructura y turismo que fueron aprobados y ejecutados sin su consultas previas y culturalmente adecuadas", afirmó.Habló también del desplazamiento forzado, que se da por la violencia generada por el crimen organizado, por los megaproyectos y por conflictos territoriales. Alertó que faltan medidas que faciliten el retorno de esas personas a su lugar de origen. "Una de las principales conclusiones de mi informe es que se debe crear una nueva relación entre las comunidades indígenas y el Estado, basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación", enfatizó.Tauli-Corpuz subrayó que "teniendo en cuenta el cambio de administración en el país, se presenta una importante oportunidad para incorporar las visiones y propuestas de los pueblos indígenas para el mejoramiento de su actual situación".En el evento estuvo presente Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien mencionó que 623 municipios son considerados indígenas y 85.7% de ellos reportaron marginación en nivel alto y muy alto."La brecha entre ser indígena y no serlo es enorme", afirmó, al indicar que de ese sector de la población 31.6% presenta rezago educativo, 77.6% carece de seguridad social, 56.3% no tiene servicios básicos en su vivienda y 30.5% no cuenta con acceso a la alimentación. Urgió a los tres niveles de gobierno para que elaboren políticas públicas que establezcan un mejor acceso a la justicia y combatan el racismo.Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que la presentación del informe representa una oportunidad para poner sobre la mesa los derechos de las personas indígenas, tanto para el gobierno actual como para la administración entrante.Señaló que en México hay al menos 4 mil concesiones en tierras indígenas, lo que viola algunos de los derechos de ese sector de la población, como la consulta libre e informada. Aunque las consultas se empezaron a hacer desde hace un tiempo en el país, dijo que "no se están haciendo de forma apropiada", lo que provoca efectos negativos como la división en las comunidades.
