La Coparmex Jalisco, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Sección de Jalisco, la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco y el Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresaron su preocupación respecto a las recientes propuestas de modificación a la Ley de Amparo, específicamente a los artículos 129 y 148. “En nuestra consideración, las reformas propuestas representan un retroceso significativo en la protección y garantía de los derechos humanos y colectivos, fundamentales en nuestro marco constitucional. Las modificaciones en discusión limitarían severamente la facultad judicial para emitir suspensiones con efectos generales, lo cual constituye un pilar esencial en la defensa de la justicia y los derechos de los ciudadanos en nuestro país”, coincidieron las organizaciones.Explicaron que la historia jurídica de México ha demostrado la importancia crítica de la suspensión en el juicio de amparo, como mecanismo de protección frente a los posibles abusos de la autoridad y los actos legislativos que podrían vulnerar los derechos fundamentales de las personas. “Restringir esta herramienta judicial es ir en contra de la tradición de protección jurídica, el parámetro de regularidad constitucional y la supremacía constitucional que ha caracterizado a nuestra nación, reconocida internacionalmente por su avanzado sistema de amparo”.En otras palabras, esta medida también es interpretada como una estrategia de Morena y sus aliados para que las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador se libren de amparos en contra.“Hacemos un llamado a las autoridades y los legisladores para considerar profundamente las consecuencias de estas reformas, que parecen socavar la independencia del Poder Judicial y limitar su capacidad para proteger los derechos de los ciudadanos frente a las acciones gubernamentales potencialmente invasivas o perjudiciales”.Apuntan que es imperativo mantener un sistema jurídico que opere con plena autonomía, garantizando la imparcialidad y la protección efectiva de los derechos en todos los niveles. “Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales y el Estado de Derecho, donde la justicia y los derechos humanos sean siempre la prioridad. Instamos a un diálogo inclusivo y constructivo para asegurar que cualquier modificación a la Ley de Amparo fortalezca, y no debilite, la estructura jurídica y democrática de nuestra nación”.Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y la Academia Mexicana de Ciencias Penales también expresaron su rechazo a la iniciativa del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para reformar la Ley de Amparo e impedir a jueces federales otorgar suspensiones de normas con efectos generales. Para la Jufed, encabezada por el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, limitar las suspensiones provisionales o definitivas contra leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión es una “vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables”.La organización consideró que la propuesta de reforma es contraria a la Constitución y afectaría directamente a las personas justiciables, ya que impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, como lo manda la Constitución, el principio de progresividad de los derechos humanos, los cuales, puntualizó, deben aumentar y no disminuir, como lo establecen también las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por México.Indicó que la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, que éstas no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas. “Tal como lo ha sostenido la Segunda Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo permite al juzgador establecer si se han violado o no los derechos humanos, así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general. Previamente a esta determinación, la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, que éstas no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas”.Por eso lanzan un llamado a los legisladores federales para que la reforma “se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales, al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos”.Por su parte, la Academia Mexicana de Ciencias Penales manifestó su “enérgico rechazo” y advirtió que, de aprobarse la reforma, se limitaría gravemente la eficacia del juicio de amparo, además de que se vulneraría el principio de supremacía de los derechos humanos, toda vez que se cancelaría la posibilidad de que los juzgadores valoren si la suspensión que se solicita debe otorgarse para impedir una mayor afectación al interés social. “Así, los jueces quedarían impedidos para otorgar suspensiones con efectos generales contra normas que podrían violar derechos humanos. Consecuencias como las señaladas son inaceptables en el marco de un Estado constitucional”.La Academia Mexicana de Ciencias Penales es una asociación civil que agrupa a más de 30 expertos en distintas disciplinas penales.La reforma se avaló en comisiones del Senado y próximamente se discutirá en el pleno. CT
