Familiares de migrantes desaparecidos en México rechazaron la Ley de Seguridad Interior, debido a que consideraron que ayudará a acrecentar la situación de violencia, deshumanización y riesgo para los migrantes.Integrantes de la XIII Caravana de Madres Centroamericanas afirmaron que a pesar de diversos reportes e investigaciones a nivel nacional e internacional que concluyen que la militarización del país ha provocado el aumento de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, e impunidad, el Gobierno mexicano ha decidido continuar con esta política.“Las víctimas principales son los más vulnerables, entre ellos, los periodistas, defensores de los derechos humanos y por su dimensión numérica, los migrantes en tránsito por México”. Los familiares de los migrantes desaparecidos en el país consideraron que la Ley de Seguridad Interior los obliga a reafirmar su oposición a las políticas de militarización por parte de los gobiernos de México y de Estados Unidos, por lo que exhortaron a estos gobiernos a “dejar de utilizar sus amplios recursos en perseguir migrantes y atacar las raíces del desplazamiento forzado”.Por su parte, el Gobierno de la República aseguró que la Ley de Seguridad Interior permitirá contar con un marco jurídico en la materia para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad en distintas zonas del país y dotar de un marco legal a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las Armadas.Enfrascado en un debate que se alargó hasta la madrugada, el pleno del Senado de la República se aprestaba a aprobar el dictamen de la polémica Ley de Seguridad Interior, que tiene por objeto regular la función de fuerzas federales y militares para preservar la seguridad pública en estados y municipios.“Nos van a imponer la Ley de Seguridad Interior, pero daremos un debate fuerte”, había asegurado el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Miguel Barbosa.Tras la votación en lo general, los legisladores pasarían a la discusión en lo particular, ya que la oposición en el Senado reservó los 42 artículos de la iniciativa.La oposición en la Cámara Alta señaló que la minuta de la Ley, aprobada el miércoles con nueve cambios y un artículo transitorio por las comisiones unidas de Gobernación; Defensa Nacional; Marina y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, había recibido cambios meramente “estéticos” y no se había atacado el fondo de los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos.Tanto la organización Amnistía Internacional como senadores perredistas calificaron las modificaciones como una “simulación anunciada”.Entre los cambios destaca un artículo transitorio para que seis meses después de la entrada en vigor de la ley, entidades estatales y municipales donde las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad, presenten un programa con plazos, acciones y presupuesto necesarios para el fortalecimiento de las policías locales.Asimismo, las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral, bajo ninguna circunstancia serán consideradas amenazas a la seguridad interior.
