Mientras en Washington las delegaciones de Estados Unidos y México negociaban un acuerdo para acometer la migración ilegal proveniente de Centroamérica, el éxodo proveniente de esa región persistía en llegar a la Unión Americana para pedir asilo o cruzar de forma irregular. Durante ese periodo, las autoridades mexicanas apuntalaron los operativos para detener el flujo de caravanas y extranjeros que viajaban por su cuenta, mediante el trabajo conjunto del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional. Activistas denunciaron maltrato de parte de los uniformados, mientras que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó su sospecha por aumento en la cifra de indocumentados que ingresaron a Chiapas en coincidencia con los diálogos en la capital estadounidense.
