Los procesos de justicia transicional pueden ser la solución a los retos en materia de graves violaciones de derechos humanos en el país, pero no son una panacea, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien añadió que mantener a las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad podría obstaculizar el resultado esperado.El ombudsperson encabezó la presentación del "Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de Justicia Transicional", elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la CNDH, el cual será entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob).Comentó que el estudio es una hoja de ruta "si se quiere entrarle en serio" a la justicia transicional, conjunto de herramientas que contempla el nuevo gobierno dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad.González Pérez destacó que "la justicia transicional puede ser una vía que permita solucionar muchos de los retos que enfrentamos como país, pero no es una panacea o receta única para tales efectos".Indicó que de acuerdo con el estudio, para iniciar el proceso no es necesario realizar reformas constitucionales, aunque es necesario que haya claridad en las implicaciones jurídicas y fines de las medidas que se implementen. Mencionó que es importante limitar la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad, porque mantenerlas en las calles podría provocar que los resultados del proceso de justicia transicional no sean los esperados.El retiro gradual de las Fuerzas Armadas "es uno de los elementos en la hoja de ruta, los avances no serán en la misma dimensión que pretendemos, porque potencialmente hay riesgos, no por otra cosa"."Hay que respetar a las instituciones y yo respeto a la Defensa Nacional y al Ejército Mexicano, pero están preparados para enfrentar y acabar con el enemigo, es decir, hay una formación diferente, se han dado muchos cursos, pero ahí están también violaciones graves de derechos humanos", señaló.Sergio López Ayllón, director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y coordinador general del estudio, afirmó que "hoy vivimos una oportunidad histórica", porque el nuevo gobierno ha presentado una hoja de ruta diferente para enfrentar el problema y lograr la pacificación del país. "La justicia transicional no puede resolverlo todo", señaló, pero tiene aspectos que pueden contribuir a mejorar la situación nacional.De ahí surgió la idea, explicó, de retomar y revisar algunas de las herramientas que conforman el proceso de justicia transicional, que incluye amnistías condicionadas y programas de desarme, entre otras. Mencionó que la justicia transicional es "un campo específico de actividades, mecanismos y procesos que buscan atender el fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala".Indicó que está compuesto por cuatro aspectos: los procesos de verdad, llevar ante la justicia a los responsables, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, sin embargo, recordó que el fenómeno en la República es de naturaleza criminal, por lo que la situación es diferente a la que hay en otros países.Jacobo Dayán, consejero de la Comisión Mexicana de Derecho y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que el tipo de violencia que hay en México está "vivo", lo que hace diferente el proceso a los que ha habido en otros países. Explicó que "México decidió empezar al revés que otros procesos", porque comenzó con la reparación a las víctimas, labor que ha realizado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.No obstante, se mencionó que se debe definir el universo de víctimas a atender, porque actualmente se atiende a diversos tipos de agraviados, cuando tendrían que ser sólo a aquellos que sufrieron violaciones graves de derechos humanos. Destacó que la Comisión de Verdad no será la única respuesta a la violencia que hay en el país, por lo que será necesario hacer otras para casos emblemáticos y crear informes sobre diversas temáticas de violencia.Marie Claire Acosta, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, indicó que un proceso como éste busca una "salida civilizada" a la violencia que se registra en el país.Señaló que la creación de la fiscalía especial para movimientos políticos y sociales del pasado fue un ejemplo de un intento fallido de aplicar algunos de los mecanismos de la justicia transicional. Por eso, "si no se hace desde una conceptualización integral de los pilares de la justicia transicional, de manera improvisada o caótica, se pueden incluso incrementar las situaciones de violencia".La transición a la que se refiere la justicia transicional en México consiste "transitar desde un estado de violencia de alto impacto", propiciado por la aplicación de políticas anteriores, hacia la posibilidad de lograr condiciones para construir un Estado democrático de derecho. Para que sea exitosa, no puede consistir en políticas aisladas, sino coordinadas que se refuercen mutuamente, finalizó.CE
