El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), generó posibles daños al erario por 143 millones 251 mil 249.84 pesos, derivado de la adquisición de cuatro contratos con diversas empresas del ramo tecnológico, algunas de ellas con indicios de ser fantasmas, y que fueron pagados a sobreprecio.La información revelada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señala que dichos contratos fueron firmados por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SCT, cuyas autoridades gastaron durante 2020, 293 millones 701 mil pesos para servicios integrales de infraestructura de cómputo, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, así como mantenimiento y conservación de bienes informáticos.El 01 de enero de 2020, el INM pagó 113 millones de pesos a Comercializadora Antsua, S.A. de C.V por el arrendamiento de equipo informático de escritorio, que incluía servicios de mantenimiento y soporte técnico, sin embargo, la ASF determinó que de ese total, se pagaron 107 millones 747 mil pesos por el arrendamiento de equipo por el periodo de un mes, "lo cual es 42 millones 700 mil pesos superior al precio de 65 millones 46 mil pesos, al que éste adquirió los equipos con los fabricantes DELL y HP". Dicho sobreprecio no fue justificado.Además, se determinó que dos mil 682 equipos proporcionados por el proveedor "no cumplen con las características mínimas de velocidad de procesamiento y de disco duro establecidas en el anexo técnico", mientras que de una muestra de mil 331 equipos, "no se acreditó la existencia de 260 (19.5% de la muestra), por los que se realizaron pagos por seis millones 988 mil pesos".En la investigación de la ASF se descubrió que la Comercializadora Antsua S.A. de C.V. podría operar con empresas fantasma ya que entre noviembre de 2019 y junio de 2020 recibió pagos por 231 millones 696 mil pesos de entidades del gobierno federal y estatal, de los cuales distribuyó 146 millones 79 mil pesos entre seis empresas (segundo nivel) que a su vez distribuyeron 127 millones 778 mil pesos a un grupo de 15 empresas (tercer nivel)."De las 21 empresas de segundo y tercer nivel se observó que sus operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM", señala la auditoría de cumplimiento número 2020-5-04K00- 20-0011-2021 de la ASF.Asimismo, se identificó que ocho de estas empresas se encuentran vinculadas entre sí, toda vez que tienen los mismos socios accionistas, quienes reportaron domicilios fiscales, números telefónicos o correos electrónicos iguales en el Registro Federal de Contribuyentes o fueron constituidas en las mismas fechas o ante el mismo corredor público.Adicionalmente, 19 de estas empresas, incluyendo al proveedor adjudicado, "no reportaron movimientos relacionados con sueldos y salarios ni empleados durante los ejercicios de 2019 y 2020; 20 de ellas son de reciente constitución (incluyendo al proveedor adjudicado) y 10 no reportaron ingresos o no presentaron declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria durante el ejercicio de 2020".En otro de los contratos, el C CVS/INM/132/2019 contraído el 01 de enero de 2020 con la empresa Tecnología en Sistemas de Apoyo, S.A, se pagaron 53 millones de pesos por un servicio de seguridad informática y monitoreo de red, sin embargo "se identificaron diversos incumplimientos en la prestación de los servicios de filtrado de contenido, el servicio perimetral para correo electrónico, el servicio de seguridad para aplicaciones web, el servicio de seguridad de base de datos y el servicio de supervisión de la red del INM", por lo que se estiman pérdidas por ocho millones 133 mil pesos.Con la revisión del contrato número CS/INM/087/2020 cuyo objeto fue prestar servicios de seguridad de la información, celebrado con IQSEC, S.A. de C.V., se determinó que de cinco mil 500 licencias de softokens proporcionadas, solamente se utilizaron 315 (5.7% del total), y no se implementó la herramienta para la administración de identidades solicitada en el anexo técnico, servicios por los que se pagaron siete millones 659 mil pesos con recursos del ejercicio 2020 y un millón 135 mil con recursos de 2021.Finalmente, la Auditoría detectó irregularidades en el contrato CS/INM/083/2020 firmado el 27 de julio de 2020 con la empresa Nemecisco, S.A. de C.V., para la expedición de tarjetas de identificación de condición migratoria (visitante, residente, visitante regional y visitante trabajador fronterizo) (ETICM2020), y por el que se pagaron más de 81 millones de pesos.La ASF determinó que el dinero que se desembolsó por ese trabajo, fue 72 millones 608 mil pesos superior al costo que significó para el proveedor la prestación del servicio, "considerando que por los insumos reportó pagos por ocho millones 591 mil pesos y no informó que hubiera incurrido en costos adicionales de personal ni de operación".Nemecisco, S.A. de C.V. también podría haber incurrido en evasión fiscal, toda vez que entre noviembre de 2020 y julio de 2021 recibió pagos por 92 millones 675 mil pesos con recursos federales y estatales, de los que distribuyó 84 millones 499 mil en tres empresas nacionales y tres internacionales, ubicadas en Panamá, Hong Kong e Israel, además de cuentas en diversas instituciones bancarias en el extranjero, en países como Estados Unidos, Israel, Suiza y Panamá, cuyas operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM.JM
