Para reducir la carga laboral y mejorar en los indicadores, el presidente del Poder Judicial en Jalisco, Ricardo Suro, pide un incremento presupuestal para la puesta en marcha de 10 nuevos juzgados en materia familiar, los cuales podrían operar en el tercer piso de la Ciudad Judicial del Estado.Este año tienen asignados mil 475 millones de pesos, mientras el Gobierno de Jalisco proyecta mil 664 para el siguiente año, una cifra insuficiente para incrementar la infraestructura y el personal.Ricardo Suro, quien pretende reelegirse en el puesto, remarca que también existe incertidumbre sobre las condiciones estructurales de la Ciudad Judicial, por lo que urge un estudio para determinar la viabilidad de los nuevos juzgados.Por otra parte, revela que entre 2017 y 2018 han sancionado a 12 jueces, 21 secretarios, cuatro notificadores, un auxiliar y un actuario.De lograrse el presupuesto solicitado para 2019, proyectado con un incremento de mil 061 millones de pesos con respecto al de este año, el Poder Judicial del Estado estaría en condiciones de poner en marcha 10 juzgados en materia familiar, los cuales podrían ser albergados en el tercer piso de la Ciudad Judicial del Estado. Sin embargo, se teme por las condiciones del inmueble inaugurado en 2013.“No sabemos cómo estén los cimientos de Ciudad Judicial, espero que no estén tan mal, pero no queremos en el Consejo (de la Judicatura) meterle más peso. No queremos poner en riesgo ni a la gente ni al propio inmueble”, destaca el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves.Aclara que hacer un estudio de mecánica de suelo cuesta dinero y este año no tuvieron presupuesto, “si hacemos un estudio de mecánica de suelo y vemos que está bien cimentada o que tenemos que ponerle algo, hablaremos con el Ejecutivo”.Reitera que lo positivo es que todo el tercer piso cuenta con espacios para abrir los juzgados, pues este nivel se había proyectado para las salas de juicios orales, “incluso se pensaba cerrar las oficinas de la Judicatura para no pagar esa renta (que son poco más de un millón), para irnos a Ciudad Judicial”.Reitera que en este inmueble de repente hay hundimientos en el piso y se quiebran los cristales. Comenta que el tema ya fue abordado con las autoridades estatales y se proyectaba hacer el estudio, pero no se ha concretado.Para el próximo año, el Poder Judicial solicita un presupuesto de dos mil 330 millones de pesos y una bolsa adicional de 206.3 millones (un total de dos mil 536 millones), frente a los mil 475 millones que recibió este año. Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 del Ejecutivo se prevén sólo mil 664 millones para este Poder, que podría cambiar durante la discusión que se dará en el Congreso.Esa bolsa propuesta por el Gobierno del Estado representa la misma cantidad que se solicitó sólo para el Consejo de la Judicatura, donde se tienen las principales carencias, pues el Supremo Tribunal de Justicia “vivimos al día, pero vivimos bien”.Subraya que se requiere un incremento en el presupuesto para abrir más juzgados: “¿Por qué la insistencia de abrir juzgados? Porque si la carga de trabajo baja en materia familiar, los juicios van a ser mucho más rápidos y no estamos sobrecargando a los jueces y al personal de los juzgados familiares”.Además, con el incremento presupuestal, el Poder Judicial podría renovar el parque vehicular, contratar a 14 jueces que se sumarían a los 171 activos, y se abrirían más juzgados de oralidad en Tonalá y Puerto Vallarta.Debido a que en enero de 2019 concluye su periodo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves buscará la reelección. “Es el más alto honor que he tenido en mi vida… será el reflejo de lo que hemos hecho. En su momento, (será una decisión) de los compañeros magistrados; obviamente, sea quien sea, vamos a seguir trabajando por el Estado de Derecho”.Considera que en estos dos años ha logrado mejorar la imagen del Poder Judicial. Esto, luego del caso de Luis Carlos Vega Pámanes, quien solicitó licencia al cargo en octubre de 2016 tras darse a conocer que tenía antecedentes penales y, recientemente, fue inhabilitado por el Congreso para ocupar cargos públicos durante los próximos nueve años. “Lo que estoy seguro, convencido plenamente, es que levantamos la cara. Nos levantamos del suelo, porque, desafortunadamente, previo a esta nueva administración, fuimos objeto de muchos señalamientos… de una crítica y un menosprecio al Poder Judicial que nos cimbró. Nos dimos cuenta que estamos en deuda de credibilidad ante la sociedad y que teníamos que levantar la cara”.Asegura que esto los hizo entender que se debe hacer un cambio radical, con el objetivo de que el Poder Judicial sea un orgullo para el Estado. Sin embargo, aclara que eso no se logrará en dos o cuatro años. “En su momento dije: ‘Mínimo 10 años para ser el Estado del cual se sienta orgullosa la gente. Y eso no es fácil”.Cuestionado con relación a si el gobernador electo, Enrique Alfaro, respalda su reelección, responde que es una pregunta para el próximo mandatario estatal, pero agrega que mantienen un diálogo abierto, “el Poder Judicial, su servidor, tiene más coincidencias con el gobernador electo que diferencias. Insisto, en el tema del diálogo”.Sobre el tema de la “refundación” propuesta por Alfaro Ramírez acentúa que desde hace dos años comenzaron a trabajar para cambiar al Poder Judicial, “lo que estamos cimentando ahorita no lo debe cambiar nadie. Por eso me interesa la reelección, para seguir trabajando”.Debido a que la “refundación” del gobernador electo incluía quitar a todos los magistrados, considera que eso quedó atrás, “pero lo que sí se dijo, y estamos conscientes y dispuestos a sumarnos, es que va en serio la transformación o refundación. El cambio va en serio”.Sobre la posibilidad de que Gerardo Octavio Solís sea nombrado como fiscal general del Estado, se limitó a responder que confía en que se elegirá a uno con el que puedan trabajar, “con el que podremos seguir con este diálogo que es fundamental por el Estado”. A pesar de todas las fallas que han sido denunciadas en los primeros años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Jalisco, Ricardo Suro asegura que ha mejorado la coordinación y capacitación entre los involucrados.“Tenemos un avance que, a lo mejor, no es tan tangible en números, pero sí es un avance significativo en cómo nos estamos conduciendo y en cómo estamos trabajando las Policías Municipales, la Fiscalía y el Poder Judicial”.Esto se logró, dice, gracias a los conversatorios que se implementaron para conocer en dónde se presentaban los problemas para evitar que delincuentes continuaran en las calles.Este medio publicó que durante el primer año de la implementación del nuevo sistema, tan sólo en el Distrito Judicial 1 se registraron cinco mil 154 detenciones, lo que significó un aumento de 43% en comparación con los 12 meses anteriores en los municipios que lo conforman, cuando se registraron tres mil 599. Sin embargo, sólo uno de cada tres llegó ante un juez de control, debido a que en la mayoría de los casos no se contaba con los elementos necesarios para determinar que la detención fue legal.Para hacer frente a las fallas, reitera que se iniciaron las mesas de trabajo, en las que Jalisco fue pionero, y desde entonces no se ha visto tanto reparto de culpas, que anteriormente se repartían entre los agentes del Ministerio Público, los policías y los jueces.“Ahora la Fiscalía nos dice en qué se equivocaron los jueces y nosotros le decimos en qué se equivoca la Fiscalía. Les decimos a los policías, que son el eslabón más débil, en qué están mal o en qué los podemos ayudar”.Además, el gobernador Aristóteles Sandoval autorizó la capacitación de más de cinco mil policías, la cual es implementada por los jueces, quienes conocen las fallas en las que incurren los elementos durante su función como primer respondiente.En estos conversatorios se acordó tener un acercamiento con el Consejo de la Judicatura Federal para tener diálogos jurisprudenciales, “en los que vamos a platicar con jueces federales, con magistrados federales, no sólo de tercer Circuito que es Jalisco, sino enviados por el Consejo de la Judicatura Federal. Los jueces, a su vez, van a replicar esas pláticas con los policías municipales. Hubo un ejercicio similar con los mandos militares del país”. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia ve como inviable la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que en el país, ninguno de los servidores públicos de los tres Poderes gane más que el Presidente de la República, el cual tendrá un sueldo de 108 mil pesos mensuales.“En qué problemas nos vamos a meter en todo el país, se me hace una cuestión muy delicada, muy peligrosa”.Comenta que ha recibido información con relación a que en el país hay 216 magistrados de circuito esperando para jubilarse. “Nos preguntamos: ‘¿Quién va a llegar a esos espacios? ¿Qué magistrado va a llegar ganando 90 mil pesos?’ Un buen magistrado federal creo que ganaría más en un despacho y, peor, ese magistrado nuevo que va a llegar tiene la certeza de que lo van a cambiar de Estado, porque así también está la reforma”.Insiste en que la propuesta para fijar un tope salarial no debe aplicar al Poder Judicial, el cual goza de autonomía: “Se me hace muy delicado que el Estado de Derecho se pueda ver mermado con esa reducción salarial”.En el caso de Jalisco, los magistrados tienen un sueldo de alrededor de 188 mil pesos mensuales, es decir, 80 mil pesos más de los que ganaría el Presidente de la República.Subraya que, a diferencia de otros servidores públicos, los magistrados federales, por ejemplo, no pueden tener otro trabajo. En el caso de los de Jalisco, la única vía de obtener otro ingreso es la docencia.Cuestionado con relación a si impugnarán esta medida, contesta que es una decisión que deberá tomar el pleno del Supremo Tribunal.Tras la otra reforma constitucional aprobada en 2016 por el Congreso de Jalisco, para que en el Estado ningún servidor público gane más que el gobernador, ya se ha intentado que los magistrados se reduzcan el sueldo. Sin embargo, la medida sólo ha sido acatada por algunos magistrados que recibieron el nombramiento posterior a esta modificación.El presidente del Poder Judicial remarca que es una reducción salarial que está prohibida por la Constitución, “y no suena a excusa, pero el Poder Judicial es independiente”.Sin embargo, reconoce que sí se debe hacer un ejercicio de austeridad adicional al que ya se aplicó en los dos años de su gestión, “tenemos que eliminar gastos, puede haber gente que, con toda razón, puede decir que son excesos, tenemos que hacer ese ejercicio y estamos conscientes todos los magistrados”.Aclara que se deben analizar cuáles son los derechos adquiridos por los servidores públicos, para determinar a qué privilegios se puede renunciar. Actualmente, en el Poder Judicial mantienen el seguro de gastos médicos. 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