A 23 días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los pobladores alrededor del Río Santiago, ni el Gobierno federal, ni el estatal, ni los municipios han dado respuesta o acciones concretas a ellas, pese a que solo se les dio un periodo de 15 días.Por ello, especialistas como el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Luis Antonio Rocha Santos, y el servidor de la Unión de pueblos de la cuenca Lerma-Santiago-Chapala, Enrique Lira participaron en el coloquio "Violaciones de derechos humanos y medidas cautelares de la CIDH" en el que urgieron a las autoridades a atenderlas.Al mínimo, avance en las plantas para sanear el río SantiagoEstas implican proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas como beneficiarias -pobladores de El Salto, Juanacatlán, Chalpicote, San Pedro Itzicán, Agua Caliente y Mezcala-.Por ello pidió al país atención médica para los pobladores, concernir las medidas que tomen con los beneficiarios y que se informe sobre ellas."Tienen que trabajar los tres niveles de gobierno en conjunto, no solo el federal o el estatal. Se tiene que atender verdaderamente el problema, porque muchas veces pasa en este país es que se comienza a trabajar unos días y luego se olvidan de darle seguimiento", señaló RochaAgregó que lo que se debió hacer desde que se dictaron las medidas fue instalar una mesa de trabajo para atender a los afectados. Además de una brigada médica para que se elaboren diagnósticos individuales de quienes padecen enfermedades relacionadas a la contaminación del río.De seguir sin atenderse, el investigador indicó que el Gobierno federal corre el riesgo de que la población se queje en la Comisión y haya una especie de llamada de atención. Por ahora, al no atender el periodo para notificar avances, procede un requerimiento.Por su parte, Lira indicó que desde los pueblos exigen que se reformen los artículos 102 B de la Constitución federal así como el 10 de la Estatal, ambos sobre las facultades de la Comisión de Derechos Humanos, para que sean vinculantes y no solo para emitir recomendaciones.Además de insistir en una declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria con el fin de que organismos internacionales apoyen al país en atender a los afectados, pues, señaló, se están viendo rebasados.LS
