En foros organizados por el Congreso de la Unión, académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) discutieron sobre la autonomía universitaria.“La autonomía universitaria conlleva la libertad de decisión, de investigación y de administración de los recursos, y no una subordinación a agentes gubernamentales o empresariales”, afirmó el académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Adrián Acosta Silva, durante su participación en el foro “Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo: los agravios”.En la segunda mesa de trabajo, “Las amenazas a la autonomía y los riesgos de la rectoría del Estado”, el especialista señaló que desde hace tres años el tratamiento presupuestal y el acoso político a las universidades y centros de investigación muestra “una clara contradicción gubernamental” tanto a nivel federal como estatal en varios casos, en cuanto a lo que se planteó al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para buscar disminuir las desigualdades entre las instituciones educativas.“Las políticas de austeridad y la gestión de la crisis sanitaria y económica han funcionado ‘como anillo al dedo’ para un acoso presupuestal a las universidades y centros de investigación, igual o peor al que el gobierno lopezobradorista denunció como producto de la política neoliberal”, expresó.Agregó que es necesario defender el derecho a la autonomía universitaria y reconocer que ésta no opera en el vacío social, sino que es una autonomía vinculada con la sociedad y que genera beneficios tanto para las universidades y centros de investigación como para las poblaciones y territorios donde actúan.En otra mesa de trabajo, titulada “El presupuesto como mecanismo de control político”, el coordinador general Académico y de Innovación de la UdeG, Carlos Iván Moreno Arellano, afirmó que el presupuesto de la educación superior ha caído respecto al Producto Interno Bruto (PIB) “de manera dramática”, pues mientras en 2015 la inversión federal era de 3.9 por ciento, ahora alcanza 3.14 por ciento.Esta disminución significa 200 mil millones de pesos menos para el Sistema Nacional de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Federal, un monto superior a todo el presupuesto de todas las universidades del país, más lo destinado a la ciencia y la tecnología en un año, explicó.Destacó que pese a que la ley marca, desde hace diez años, que debe de haber una inversión no menor a 1 por ciento en educación superior, la administración federal pasó de destinar 0.7 por ciento del PIB en 2015, a 0.5 por ciento en 2021, lo que representa 50 mil millones de pesos, es decir, el presupuesto de la UNAM en un año.Aseguró que colocar a la educación como eje del desarrollo nacional “implica más que palabras y leyes, implica inversión pública y, ante todo, confianza en el valor de las universidades, las y los académicos y científicos. Las universidades sin recursos y en crisis financiera no pueden ser genuinamente autónomas; aunque existan leyes y salvaguardas constitucionales no pueden cumplir con la misión que se les ha encomendado”.Destacó los 140 millones de pesos que ya habían sido aprobados y etiquetados en el presupuesto estatal y que el gobernador de Jalisco reasignó, evitando la conclusión del Museo de Ciencias Ambientales de esta Casa de Estudio.JM
