Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía municipal de Huejuquilla El Alto terminó con uno de los oficiales muerto y otros dos heridos. El hecho, que movilizó hacia la zona Norte del Estado a miembros de la Fuerza Única, sucedió apenas el pasado 22 de julio.Al llegar al lugar, los estatales dieron con los empistolados y ambos grupos se volvieron a enfrascar en un tiroteo. Dos de los sospechosos, quienes vestían prendas tipo militar, fueron abatidos. En los últimos seis años, 24 policías de distintas corporaciones (municipales y estatales) han fallecido en 113 enfrentamientos registrados en la Entidad; otros 32 oficiales resultaron con lesiones por arma de fuego.Los datos corresponden a eventos ocurridos en Jalisco entre el 1 de enero de 2012 y hasta el 30 de julio de 2018, de acuerdo con información de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado y de las comisarías de la metrópoli. El 2015 fue el año más letal: murieron 18 de los 24 elementos.Según las cifras oficiales, 20 agentes pertenecían a la Policía estatal, tres estaban en la corporación de Tlajomulco y uno más en Tonalá. La estadística revela que, por cada 10 enfrentamientos, tres oficiales fueron asesinados.Arturo Villarreal Palos, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dijo que a pesar de que puede parecer un número bajo, lo ideal sería que ningún elemento perdiera la vida en el cumplimiento de su deber. El especialista en temas de seguridad explicó que, si bien los enfrentamientos generalmente ocurren de forma sorpresiva, las estrategias de reacción de los policías deben ser perfeccionadas para evitar un saldo funesto. Un robo con violencia a una constructora ubicada en la Colonia Vallarta Norte, justo al lado de una concurrida plaza comercial de la Avenida Vallarta, desató un enfrentamiento entre delincuentes y policías tapatíos, evento que dejó como saldo a un presunto agresor abatido.Luego de atracar la negociación, los asaltantes intentaron abrirse una vía de escape disparándole a los policías. Pero en el fuego cruzado, uno de los delincuentes fue alcanzado por las balas y murió en el sitio.Los cómplices frenaron a dos ciudadanos que iban en sus vehículos y, a punta de pistola, los obligaron a bajar. Los agentes tapatíos se anticiparon y lograron frustrar la fuga. Fueron detenidos.En los últimos seis años han fallecido cuatro de cada 10 delincuentes que se involucraron en enfrentamientos armados contra policías en Jalisco.Según las unidades de Transparencia de la Fiscalía del Estado y de los municipios metropolitanos, entre enero de 2012 y julio de 2018 al menos 180 personas se han atrevido a disparar contra las autoridades, y 70 de ellas han fallecido en esos eventos. Las cifras también incluyen una banda de secuestradores que fue desarticulada esta semana en el municipio de Chapala, y en la que una persona murió y cinco más fueron detenidas. No obstante, la cifra de agresores es mayor, pues no se precisa cuántos de ellos lograron escapar. Lo que sí se reporta es que hubo 110 detenidos por la autoridad y que 34 de ellos tuvieron que ser atendidos antes de abordar una patrulla.De acuerdo con el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jorge Tejada Montaño, el número de elementos abatidos con relación al total de enfrentamientos registrados puede explicarse desde dos perspectivas distintas.Una de ellas es que los policías están excediendo en el uso de la fuerza, al menos en zonas altamente peligrosas; otra es que los delincuentes mismos prefieren morir antes que ser detenidos, pues temen que eventualmente sean “torturados para que las autoridades obtengan más información sobre los grupos criminales a los que pertenecen”.Si bien el personal de las distintas áreas de Seguridad Pública en el Estado cuenta con un Manual de Uso de la Fuerza, los municipios y la Entidad deben construir una ley basada en las especificaciones de ese documento, para que éstas sean vistas como obligaciones.El segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), César Orozco, explica que eso dará una mayor confianza a los elementos para actuar con valentía y sin temor a violar los derechos humanos de los delincuentes.“Entendemos la gran desproporción aparente que existe, porque el delincuente no va a tirar a zonas no letales ni mucho menos va a advertir la proporción de la fuerza porque está violando las leyes y tendrá que ser castigado por eso. Pero el policía no, el policía es un servidor público y debe sujetarse a las reglas”.De acuerdo con Orozco, aunque los protocolos (tanto de Derechos Humanos como de Uso de la Fuerza) no establecen que el policía no debe disparar primero, éste debe sujetarse las reglas con un uso mesurado de las armas que le son proporcionadas, a menos que su vida o la de un tercero estén en peligro.La CEDHJ, dijo, ha recibido varias quejas (no precisó cuántas) por “uso irracional de la fuerza”, en las que se señalan golpes y agresiones por parte de autoridades, incluso con armas de fuego. Sin embargo, la Comisión realiza su investigación para conocer el contexto en el que ocurrieron los hechos y, siempre que las indagatorias garanticen que la reacción fue en legítima defensa, éstas son resueltas a favor de los oficiales.Arturo Villarreal Palos, académico de la UdeG, dijo que ante la coyuntura de violencia, la construcción de una ley en la materia debería ser una prioridad para la nueva Legislatura.Principios básicos sobre el uso de armas de fuegoEl protocolo, instaurado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece en disposiciones generales que:Fuente: Protocolo internacional sobre el uso de armas de fuego para servidores públicos.La Ciudad de México es uno de los estados que cuenta con una ley específica para regular el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública. Y si bien los rubros que hay en ella son similares a los del protocolo nacional, ese sitio establece los niveles de uso y aplicación de la fuerza según el “ordenamiento racional, congruente, oportuno y proporcional al grado de peligro en el que se encuentre el oficial y al que intenta repeler”.El documento norma las condiciones necesarias para que un oficial porte y utilice un arma de fuego, ya sean letales o no letales, entre las que se encuentra un obligado curso de capacitación. También expone que antes de utilizar un arma es necesario recurrir a la aplicación de medios no violentos, como la persuasión o reducción física de movimientos. Sólo si estos medios son ineficaces podrá hacer uso de su arma.Mientras el uso de un arma sea proporcional a la acción que intenta frenar, “ningún policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito”, expresa la ley.El estatuto no dispone la necesidad de que “el otro” dispare un arma de fuego primero, sin embargo, el policía no deberá hacerlo como venganza o intimidación y “sólo empleará armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia o por impedir su fuga”.Fuente: Unidades de Transparencia Retoman propuesta de crecer pena por muerte de agentesEl pasado 6 de septiembre, este medio informó sobre la propuesta presentada ante el Congreso del Estado para reformar el Código Penal local, a fin de incrementar las sanciones por delitos cometidos contra policías, entre las que se encuentran una pena de 40 a 70 años de prisión para quien asesine a algún elemento de seguridad pública.La propuesta fue retomada a un año de haber sido archivada, y después de que seis policías municipales fueron asesinados a inicios de septiembre.Esta nueva sanción busca brindar mayor protección a quienes se encargan de la seguridad pública, según lo expuso Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso y ex jefe de la Policía tapatía.La reforma incluiría endurecer las sanciones por privación de la libertad, amenazas, daño a las cosas o desaparición forzada, cometidos en contra de algún policía.
