Entre enero de 2010 y agosto de 2018, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco y los Hospitales Civiles atendieron a dos mil 180 enfermos renales en Poncitlán.Una de ellas fue Daniela, quien murió a los 16 años en el Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”. Soñaba con ser enfermera, pero sólo alcanzó a cursar hasta el primer grado de preparatoria.Sin embargo, para detectar nuevos casos en las localidades que flanquean la Ribera de Chapala, la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el municipio de Poncitlán estudian a cuatro mil niños de esta región en edad escolar.Actualmente, en San Pedro Itzicán hay 300 niños con daño renal y en Agua Caliente, 270 de los 950 menores analizados tienen un padecimiento similar. Ambas comunidades forman parte de Poncitlán.Felipe Lozano Kasten, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), indicó que también se encontró ese problema de salud en personas de entre 27 y 35 años que no fueron evaluadas hace tres años.“Se nos han escapado de la pesquisa para enviarlas con el médico de forma temprana. Esto implica que hay que estudiar otra población como información”, comentó el especialista.Para evitar que aumente el número de afectados, la UdeG, la SSJ y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ya pusieron en marcha un programa de nutrición escolar, acciones de atención médica, vigilancia epidemiológica y protección contra riesgos sanitarios.También se capacitó a 122 personas para que puedan identificar de manera temprana la enfermedad renal.Lozano Kasten explicó que además del agua, el ambiente contaminado con pesticidas y otros químicos provocan las enfermedades renales.Ante esta situación, César Augusto Domínguez, encargado de Vigilancia Epidemiológica en Salud Ambiental de la SSJ, resaltó la participación de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) en el monitoreo de la calidad del agua y del uso adecuado de agroquímicos en el municipio.En febrero de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 8/2018 dirigida a diferentes entes gubernamentales, como la Secretaría de Salud Jalisco, el Ayuntamiento de Poncitlán y la Secretaría de Salud del Gobierno federal, por la falta de acceso a los servicios de salud de los enfermos renales de la zona Sur de esta demarcación jalisciense.Según Felipe Lozano Kasten, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), los niños evaluados traen hasta cinco pesticidas diferentes en su orina, sobre todo glifosato, un herbicida desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos.Daniela quería ser enfermera, pero sólo llegó a primero de prepa.Tenía 16 años. Era delgada, alta, de pelo largo y chino, morena clara. Luego de que en el hospital de La Barca no pudieron ayudarla más a combatir los padecimientos en sus riñones, le dieron un pase para ir al Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, en Guadalajara.Ella fue una de los dos mil 180 enfermos renales de Poncitlán que, de enero de 2010 a agosto de 2018, atendieron en el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco y en los Hospitales Civiles (HC).Iba a cumplir dos años yendo a tratamiento de diálisis. Según los doctores, sus riñones no se desarrollaron.“Nos íbamos en el camión de Chapala a la Central Vieja, de ahí agarrábamos un (taxi de) sitio y luego pedíamos una silla de ruedas para poderla meter. Hacíamos dos horas”, cuenta Rosario, su mamá.Daniela vivía junto a los drenajes municipales. Al lado de las aguas que se descargan, sin tratar, al Lago de Chapala. Vivía en San Pedro Itzicán, lugar que tiene una de las tasas más altas del mundo de enfermos renales.De enero de 2013 a abril de 2016 la planta de tratamiento de aguas residuales de la comunidad dejó de funcionar. Actualmente lo hace, pero a veces.Rosario comparte que le iba a donar un riñón, pero la falta de dinero se lo impidió. Sólo para los estudios necesitaba 10 mil pesos que nunca llegaron a sus manos.Daniela tuvo siete recaídas. Duraba hasta un mes en el hospital. La última vez los doctores le dijeron que no había nada que hacer. La entubaron el último día y una hora después, el 22 de enero, falleció.María Baltazar no festejó el 10 de mayo. Esa fecha preparó todo para el último día del novenario de su hijo, Luis Enrique Zamora, quien murió a los 24 años por insuficiencia renal.Él tocaba las tarolas en una banda y trabajaba en un invernadero. Dejó un bebé de año y medio.Afuera de la casa, las hijas de María preparan la comida que compartirán con los asistentes. Flores blancas adornan el piso de su sala.Norma Díaz cuenta lo que pasó después de que observaron que Luis Enrique, su cuñado, tenía complicaciones: “Rápido lo llevamos al IMSS de Ocotlán, pero el doctor dijo que ya no había nada que hacer. Que él ya estaba débil y no aguantaría la operación. Sólo le inyectó medicamento para el dolor y nos lo trajimos. Llegando a la casa, a la media hora, él falleció”.En esa clínica a Elvira Montes, de 27 años, también la dializan tres veces a la semana desde hace cuatro años. A veces menos por falta de dinero. El procedimiento cuesta mil 200 pesos.El catéter se cubre con una cinta blanca en su cuello moreno y delgado. Sus ojos amarillos miran a sus tres hijos. Ella recuerda que, cuando le dieron el diagnóstico, sintió miedo por ellos. Patricia Darey Perales, ama de casa, enfermera y partera, tiene a su hijo enfermo desde hace ocho años. Sabe que el agua del lago lo enfermó. A él y a todos.Con sus labios pintados de rojo dice que la bebía desde que llegó a San Pedro Itzicán, hace casi 40 años. También consumía peces.Pero lo dejó de hacer cuando comenzaron los rumores de que estaba contaminada. “¿Ya pa’ qué?”, lamenta.Su hijo también tiene los riñones sin desarrollar. Pero, como Elvira, se sorprendió del diagnóstico porque nunca se había enfermado de nada hasta los 16 años. Le ha tocado recibir a bebés con malformaciones por la misma razón.A los habitantes les prometieron un pozo con agua potable. Sin embargo, lo que obtuvieron fue uno con agua que huele a azufre. Es agua termal que tienen que usar para beber y preparar los alimentos.Ana Torres, habitante de San Pedro Itzicán y brigadista de la asociación “J. Trinidad López Rivas” de Protección Civil desde hace cuatro años, también le atribuye esta situación a la contaminación que produce la quema de basura, a la desnutrición y a la falta de empleo.Ana también es enfermera y chofer, pues los médicos acuden a la comunidad una vez cada 15 días y la ambulancia sólo llega a los sitios donde hay pavimento, unos tres kilómetros de empedrado hacia arriba. Allí pasaron por Luis Enrique la última vez, después de 45 minutos. La camioneta que usa ha llevado a unas 15 personas al hospital. Ninguna volvió.Esa ambulancia, que costó 1.6 millones de pesos (MDP), fue parte de lo que pidió el pueblo cuando el Gobierno de Aristóteles Sandoval, con el programa “Vamos Juntos”, autorizó 48 MDP para las comunidades de la ribera de Poncitlán. Duró tres meses. Les dijeron que se descompuso, pero sigue funcionando en el centro del municipio, donde no hay empedrado ni terracería.“Es muy difícil porque tenemos que sacar a la gente, no la podemos dejar morir. Las emergencias están a la orden del día”, dice Ana.En febrero de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 8/2018 por la falta de acceso a los servicios de salud de los enfermos renales de la zona Sur de Poncitlán.De acuerdo con el Sistema de Datos Renales de Estados Unidos (United States Renal Data System), con 411 pacientes por cada millón de la población en general, Jalisco tiene la segunda tasa más alta del mundo de enfermos renales.
