De los 33 magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), 15 confirmaron que tienen familiares en la nómina del organismo, pero no precisaron sus fechas de ingreso o sus cargos. Como respuesta a una solicitud de información, el STJE refirió que no es posible acreditar documentalmente este tipo de relaciones.Sin embargo, la Unidad de Transparencia pidió al área de Recursos Humanos que los juzgadores emitieran un pronunciamiento sobre este tema y que señalaran la fecha de entrada con la finalidad de deslindar responsabilidades conforme a lo que marca la ley. Quienes informaron que sí tienen familiares en el STJE fueron Tomás Aguilar, Antonio Flores, Guillermo Valdez, Armando Ramírez, María Eugenia Villalobos, Arcelia García, Luis Enrique Villanueva, Marcelo Romero G. de Quevedo, Gonzalo Julián Rosa, Roberto Rodríguez, Ana Cristina Espinosa, Verónica Elizabeth Ucaranza, Antonio Fierros, Federico Hernández y Espartaco Cedeño. En ningún caso se especificó cuántas personas son cercanas a ellos, la fecha de ingreso y en qué área se desempeñan. Quienes afirmaron que no tienen parientes en la nómina son el presidente Daniel Espinosa Licón, Georgina del Real, José Luis Álvarez, Adrián Talamantes, Óscar Trejo, Leticia Padilla, Mario Rojas, Francisco Castillo, Elsa Navarro, Ricardo Suro, Consuelo del Rosario González, María del Carmen López, Felipe Sánchez, Lucía Padilla, José Luis Gutiérrez, Ana Elsa Cortés y Bogar Salazar (no se ha renovado el lugar de Higinio Ramiro Ramos). Se solicitó entrevista sobre el tema con los juzgadores, pero no hubo respuesta a través del área de Comunicación Social.Para justificar el nombramiento de familiares de magistrados como jueces laborales, por ejemplo, Espinosa Licón ya contestó que son perfiles que tienen carrera judicial. “Esa es una gran familia”. TELÓN DE FONDOPara justificar el nombramiento de familiares de magistrados como jueces laborales, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinosa Licón, sostuvo que fueron perfiles que tienen carrera judicial con años laborando en la estructura del Poder Judicial.“Hijos de jueces, de juezas, de magistradas; magistrados; son gentes que tienen 15 años, 20 años trabajando dentro del Poder Judicial; esa es una gran familia. Se cuestiona y se critica si tenemos familiares trabajando con nosotros. Al final de cuentas en el proceso de selección de jueces no participaron magistrados, salvo el magistrado José Luis Álvarez que formó parte del jurado, formaron parte dos jueces, una jueza y el director de la escuela judicial; ellos son los que hicieron el examen y quedaron videograbados, participó el sistema de participación ciudadana” argumentó.En Jalisco predomina la impunidad en la impartición de justicia y existen bajos niveles de eficiencia, de acuerdo con el informe “Hallazgos 2021. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por la organización México Evalúa. Según el estudio presentado, el Estado registró 95.4% de impunidad, con un nivel de efectividad de apenas 4.6 por ciento. El documento detalla que revisaron la falta de atención, investigación y resolución de los casos conocidos por la autoridad, ya sea porque no se ha logrado un acuerdo reparatorio, no derivaron en alguna salida anticipada o porque se encuentran sin sentencia. En comparación con la revisión de un año anterior, el nivel de impunidad en el Estado subió, ya que en el estudio Hallazgos 2020 se reportó que quedaban sin castigo 94.5 de cada 100 delitos.Jalisco es el séptimo lugar nacional con mayor nivel de impunidad. En contraparte, Yucatán, Baja California, Chiapas, Michoacán y Guanajuato; tienen los mejores niveles de eficiencia. La media nacional de impunidad se ubicó en 91.8%, por lo que el Estado rebasa ese promedio.México Evalúa realizó un apartado de impunidad por delito: en materia de homicidio doloso Jalisco tuvo 99.7% de casos sin resolver, en feminicidio fue de 96.4% y por desapariciones llegó al 100 por ciento.“Cada delito presenta particularidades en las formas de conclusión posibles y efectivas desde una óptica del sistema penal acusatorio, y bajo la comprensión de que la justicia no se reduce al castigo. El objetivo principal de estas mediciones es contar con una fotografía más clara sobre la respuesta del sistema”, se expone en el documento. Por segundo año consecutivo el Estado se quedó con 517 de los mil 100 puntos posibles en la revisión que valora el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal (SJP) que realiza el estudio “Hallazgos 2021. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por la organización México Evalúa.En el análisis del funcionamiento del SJP, Jalisco se ubicó en el lugar 15 por detrás de Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Estado de México. Es el mismo puntaje registrado en la anterior evaluación, Jalisco no ha podido mejorar en la materia a pesar de haber reportado un incremento de 181% en la asignación de presupuesto para las dependencias encargadas, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía estatal y Defensorías Públicas. “La mayoría de los sistemas de justicia locales carecen de coordinación técnica entre los entes que los componen”, comentó Edna Jaime Treviño presidenta de México Evalúa. Añadió que esa falta de coordinación genera que la persecución penal no priorice los delitos graves como feminicidio, homicidio doloso y secuestro. Destacó que se requiere dotar de personal y herramientas a las dependencias, sin dejar de lado la coordinación.México Evalúa planteó que la consolidación del SJP requiere que cada institución tenga las condiciones necesarias para su adecuada operación. Consideraron que es indispensable un constante esfuerzo de fortalecimiento de las condicionantes de la operación de cada una de ellas.Durante el año pasado al Sistema de Justicia Estatal ingresaron más de 124 mil asuntos de los cuales solamente se concluyeron alrededor de 23 mil, lo que representa apenas el 18.5%; reportó el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).“En 2021, en Jalisco se reportaron 124 mil 429 asuntos ingresados y 23 mil 40 asuntos concluidos por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en todas las materias”, refiere el reporte. Detalla que 32.9% de los asuntos ingresados fueron en materia mercantil y el 31.3% en materia familiar, mientras que el 9.3% corresponden a causas penales. Sobresale que poco más de la mitad de los asuntos concluidos son de materia civil con 54% y el 25% del rubro de lo familiar. En materia penal el nivel de conclusión llegó a sólo tres. El censo del INEGI precisa que en Jalisco se registraron 12 mil 677 víctimas en causas penales ingresadas en primera instancia durante 2021. El Estado se ubicó en el octavo lugar a nivel nacional en número de víctimas registradas; Nuevo León fue la entidad con el mayor registro, ya que ahí se contabilizaron 25 mil 124 víctimas.En materia de presupuesto ejercido por el Poder Judicial, el año pasado, Jalisco ocupó el sexto lugar nacional con mil 772 millones de pesos etiquetados en las labores de administración de justicia. Las entidades con mayor gasto fueron la Ciudad de México; Estado de México y Chihuahua. La nómina de personal reportada a nivel estatal fue de 2 mil 410 trabajadores, entre los que están 271 jueces de los órganos jurisdiccionales.
