El titular del Ejecutivo estatal presentó una propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado en la que plantea que el Consejo Estatal de Seguridad emitirá los lineamientos que deberán cumplir esos establecimientos para mejorar la seguridad de su clientela.Se especifica que las oficinas bancarias, así como las personas físicas o morales con actividades dedicadas a giros comerciales y de prestación de servicios que incumplan con los lineamientos en materia de seguridad emitidos por el Consejo Estatal, se harán acreedores a sanciones como un apercibimiento; multas que van de 86 mil 880 a 868 mil 800 pesos. También clausura temporal o definitiva. La imposición de las sanciones será competencia de los municipios."Establecimientos como centros comerciales o sucursales bancarias son espacios de propiedad privada, pero de libre acceso de la población. Existe una responsabilidad compartida con el Estado de brindarle seguridad a los usuarios que acuden a sus instalaciones", se expone en la propuesta.Añaden que Jalisco vive actualmente un problema por las nuevas modalidades en que los delincuentes ponen en riesgo a la población al interior de giros comerciales o sucursales bancarias y se hace un recuento de doce hechos delictivos registrados, en los últimos dos años, en centros comerciales como asesinatos, robos a joyerías, la balacera en un restaurante de comida rápida o robos a clientes en sucursales bancarias.En la propuesta del titular del Poder Ejecutivo se advierte que según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hasta julio del 2019, Jalisco contaba con mil 42 sucursales bancarias; sostienen que la Entidad no está en posibilidad de cubrirlas pues no es viable destinar elementos policiales a tareas exclusivas de protección al público usuario y personal que se encuentre en las sucursales bancarias.La iniciativa del gobernador para reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado incluye suprimir los espacios destinados a ciudadanos en el Consejo Estatal de Seguridad. Los dos miembros emanados de la sociedad, contemplados actualmente en la fracción décima del artículo 17 de la legislación, serían sustituidos por el comisario general de la Policía Metropolitana.También incorporaría a representantes de la Guardia Nacional, la Coordinación Estratégica de Seguridad del Estado y del Escudo Urbano C5.El proyecto de reforma fue remitido a las comisiones legislativas de seguridad y a la de estudios legislativos para su dictaminación. OA
