La desatención por parte de la Fiscalía del Estado y de las áreas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, es una de las principales fallas que las autoridades no han podido solventar, aún durante la nueva administración de Gobierno, la cual, anunció el tema como uno de sus ejes prioritarios, según indicaron los colectivos en búsqueda de sus desparecidos durante el foro "Sin las Familias NO"."Pensamos que la situación cambiaría con la entrada del nuevo Gobierno. Creíamos que de veras eran sensibles al tema. El 20 de marzo el señor gobernador (Enrique Alfaro) reconoció la problemática del Estado, fue una acción sin duda relevante, pero no sirvió el reconocimiento de la crisis si no escuchó a las familias y expertos en el tema. Pensamos que la tortura que vivimos marcaría una diferencia en la atención. El proceso ha sido muy prolongado, la agenda ya tiene cinco meses y no han hecho nada", indicó Esperanza Chávez, representante del colectivo Por amor a Ellxs.Señaló que por día de cinco a 10 personas se acercan al colectivo a pedir ayuda para localizar a sus familiares desaparecidos, teniendo como resultado la localización de varios de ellos en pocas horas, en comparación con el trabajo de las autoridades que "no han podido encontrar a ni uno solo de sus desaparecidos".En el foro, realizado por las organizaciones civiles "Tómala", "Delibera" y la "Escuela de Participación Ciudadana", Guadalupe Aguilar, representante del colectivo "Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, este Gobierno no es distinto a otros y solo se ha encargado de "simular las cifras", como ocurre en otras partes del País.Para ella, es necesario que las autoridades comiencen a realicen el trabajo que les corresponde pues actualmente son ellos quienes realizan las labores que el Estado debería llevar a cabo, incluso, aseguró han sido ellos quienes han colaborado en la localización de casas de seguridad y fosas clandestinas, a través de información anónima recibida por ellos, "no por investigaciones de la fiscalía".Añadió que es urgente la construcción del Panteón Ministerial, así como la elaboración de un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los cadáveres que permanecen el instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pues "no se puede hacer una búsqueda de campo si tienen ahí más de 600 cuerpos que no han sido reconocidos", además de un análisis sociológico que permita verificar si existen coincidencias antropológicas entre los mismos cadáveres, pues podría ser que la mayoría de ellos no pertenezcan a nuestra Entidad.Jorge Verastegui, especialista en derechos de las personas desaparecidas y sus familiares a nivel nacional, indicó que es urgente que el Estado apruebe y armonice la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con la legislación nacional pues lleva ya un año de retraso y no hay iniciativas en la materia. "Nuevamente vemos que son las familias quienes se tienen que organizar para presentar una iniciativa para que el aparato del Estado se mueva, si las familias no hacen nada, el Estado no se mueve. Es terrible, no podemos tener un Estado al que hay que estarlo empujando para que haga el trabajo por el que se le paga", dijo.Añadió también que es momento de que la Comisión Estatal de Búsqueda salga al campo a realizar las búsquedas, no solo a partir de bases de datos, pues de lo contrario solo se pone en riesgo a las familias, quienes continúan realizando sus propias investigaciones.Por último, indicó que no era necesario que las autoridades jaliscienses diferenciaran en su plataforma el número de personas desaparecidas y de aquellas no localizadas pues la ley no lo especifica de esta manera y al hacerlo, Jalisco solo dio una interpretación propia que busca beneficiar la apariencia de la situación actual en torno al tema.Para Darwin Franco, periodista y activista en el tema de desapariciones en México, el hecho de que la coordinadora del Protocolo Alba en Jalisco, Ruth Virginia Morán hubiera presentado su renuncia al cargo, ayer sábado, solo muestra las deficiencias dentro del sistema y ocasiona que ante una constante variación en el personal no exista una continuidad en las estrategias de búsqueda ni en los propios casos de desapariciones.Franco también señaló que otra de las deficiencias y una de las más importantes, es la discrepancia de cifras, las cuales son presentadas con altas variaciones a través de las áreas de transparencia de la propia fiscalía y del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid).Al respecto de la renuncia de Morán, Guadalupe Aguilar, indicó que si bien hasta el momento los colectivos desconocen las causas de la renuncia, sin embargo, harán presión para que los cargos sean ocupados a la brevedad y la plantilla responsable del tema de desaparecidos, desde todo sus ejes, sea completada para una operación eficiente pues no se puede dejar sola a Blanca Trujillo, fiscal Especial para Personas Desaparecidas. Por último, adelantó que el próximo jueves sostendrán una reunión con las autoridades para abordar nuevamente los temas relacionados con las personas desaparecidas en la Entidad."Nosotros como familias no tenemos afán de encontrar a un culpable, nosotros queremos encontrar a los nuestros. Que al Gobierno le quede en su conciencia que nosotros queremos encontrar a los nuestros como sea, pedimos también que todas las personas que trabajan en el gobierno estén capacitadas para encontrarlos. Nos cuestionamos si nos tratarían con tanto desprecio si fuéramos importantes o si fuéramos servidores públicos".Esperanza Chávez, representante del colectivo Por amor a Ellxs.LS
