María de Jesús Anguiano, docente de una secundaria, comenzó con síntomas de COVID-19 a unas semanas de iniciar el regreso a clases presenciales en Jalisco. Una vez que dio positivo al virus, informó a las autoridades escolares, quienes le indicaron que acudiera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para obtener una incapacidad médica.“Me comentaron que, como los síntomas de esta variante ómicron no eran tan agresivos, siete días bastaban para recuperarme y regresar a mis actividades en la escuela”.De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en enero pasado se emitieron 112 mil 192 certificados de incapacidad en el Estado, una cifra inédita. La más alta se había documentado en agosto pasado, con 56 mil 404 certificados.Para dimensionar la crisis sanitaria y los contagios detonados por la nueva variante ómicron, que disparó las incapacidades médicas, este aumento en los certificados superó al caso de la influenza AH1N1 en 2009, cuando el récord de permisos emitidos fue de 62 mil 488.“En mi caso, me incapacité por internet. El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) habilitó una plataforma y por esa vía me dieron siete días. En una semana ya estaba trabajando como si nada. Entre familiares y amigos, fácilmente otros cinco se incapacitaron entre enero y febrero por el COVID-19. Sí pegó con todo en el inicio del año”, dijo Carlos Flores.
